Fuerza Popular expulsó a María Cordero por recorte de sueldo a trabajadores y bancada quedó con 23 miembros

El plenario de Fuerza Popular expulsó este martes a la congresista María Cordero Jon Tay, contra quien había iniciado un proceso disciplinario interno tras la difusión de un audio en el que pide parte de su sueldo a uno de sus trabajadores.

Un informe de Punto Final reveló, a mediados de abril, que la parlamentaria exigía hasta el 75% del salario de un exasesor de la Comisión Especial del Proyecto Binacional Puyango-Tumbes, la cual presidió hasta la publicación de la denuncia.

Cordero, representante de Tumbes, se convirtió en la quinta legisladora investigada por el Ministerio Público por cobros irregulares a personal de su despacho. La pesquisa es por el presunto delito de concusión, que contempla de dos a ocho años de cárcel.

El portavoz fujimorista Miguel Torres había informado que su comité político solicitó “iniciar inmediatamente” un proceso disciplinario “con miras a la expulsión”, que finalmente se concretó en esta jornada. Tras su retiro, la agrupación naranja ha quedado con 23 miembros en el Parlamento.

De igual modo, la tienda reiteró su compromiso de “seguir trabajando incansablemente para garantizar una gestión ética y transparente del poder político”.

Cordero había presentado una carta de renuncia tras la publicación de la denuncia periodística, pero la Secretaría Nacional de Ética y Disciplina resolvió rechazar su pedido para “continuar con el debido proceso de expulsión”.

Juicio político

El despido de la parlamentaria ocurre la misma jornada en que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó admitir a trámite la denuncia, por la misma acusación, contra las congresistas Rosio Torres, Magaly Ruiz, María Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), y Katy Ugarte (no agrupada).

En el caso de Torres, se obtuvieron 18 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Mientras que para Ruiz, Acuña y Ugarte fueron 19 los legisladores que apoyaron dar luz verde a la denuncia.

Según el reglamento parlamentario, los documentos de las acusaciones constitucionales pasarán a manos de la Comisión Permanente, que debe fijar el plazo para que la Subcomisión investigue y presente su informe con su recomendación.