
El informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que en el Perú existió “graves violaciones a los derechos humanos” durante el periodo de protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte que comprendió entre diciembre del 2022 y enero de este año. Además, anotó que hubo “ejecuciones extrajudiciales” y “masacres” que se habrían dado en ciudades como Ayacucho y Juliaca.
A partir de este contundente diagnóstico de la situación que vivió el país hace unos meses, y que ha sido expuesto ante la comunidad internacional, diversos políticos de la derecha peruana han salido a exigir al régimen de Boluarte Zegarra que disponga la salida del Perú del sistema interamericano. Entre los más fervientes promotores de la iniciativa se encuentran el fujimorismo y Renovación Popular del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
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“La CIDH nada politizada y súper objetiva buscando el cambio de Constitución. Dina Boluarte, si deseas hacer historia, salgámonos de esa Corte ya”, escribió la congresista Rosangella Barbarán (Fuerza Popular).
Por su parte, Jorge Montoya (Renovación Popular) refirió lo siguiente: “Tras el reciente informe presentado por la CIDH, es esencial debatir la necesidad de que el Perú se retire de la institución. La falta de objetividad y parcialidad en sus conclusiones nos lleva a cuestionar su validez y compromiso con los derechos humanos”.

A partir de estas críticas, el debate sobre el retiro del Perú de la Corte IDH inició. Infobae consultó con dos expertos si resulta conveniente o no dar este paso en medio de un contexto en el que se le cuestiona al país por lo ocurrido durante la ola de manifestaciones contra el régimen de Boluarte.
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No es conveniente
El experto internacionalista Francisco Belaúnde señaló que los países que están adscritos a la Corte IDH siempre es viable que se puedan retirar, pero el efecto no es inmediato. “Tiene que pasar un par de años, lo que quiere decir que todo lo que, digamos si hay un proceso en curso contra el Perú o se inicie en ese lapso, pues va tener que continuar hasta que se termine”, dijo.
Además, el docente en Política Internacional agregó que este paso también resultaría malo para la imagen del Perú sobre todo cuando existen estas críticas de la represión durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero de este año. “Encima, el Gobierno ha estado bajo las críticas si decide retirarse (de la Corte IDH), pues va ser muy malo para la imagen del Perú y eso no es lo más conveniente. Es de las peores de las opciones”, anotó.
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Belaúnde también recordó que el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), tal como lo recordamos en una nota de Infobae, tampoco pudo retirar al Perú del sistema interamericano porque no iba a acatar los fallos de los casos de Castillo Petruzzi y otros, así como el de Loayza Tamayo.

De otro lado, el experto alertó que si el Perú se apartará de la Corte IDH, podría pasar que nuestro país pueda ser procesado por otra instancia supranacional. ”Eventualmente, el Perú se podría retirar de la Corte Interamericana. Pero si aquí no se lleva un proceso justo y transparente respecto a lo que ha pasado (las muertes en las protestas sociales contra el Gobierno de Dina Boluarte), eso podría eventualmente que alguien podría denunciar al Perú ante el Tribunal Penal Internacional. Cabría esa posibilidad”, indicó Belaúnde.
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El internacionalista recordó que Venezuela fue denunciado ante la Corte Penal Internacional por una represión sumamente violenta que se dio en el 2018. “Lo que pasó en Venezuela fueron muchos más muertos de lo que se dio en el Perú, evidentemente”, anotó.
Belaúnde refirió que las consecuencias de no estar bajo la jurisprudencia de la Corte IDH es que “ya ningún recurso internacional frente a, digamos, un abuso del Poder Judicial que decide no amparar una demanda o rechazarla por cuestiones políticas, eso dejaría a las personas sin el último recurso que ellos tienen para defender sus derechos”.”La Corte Interamericana de Derechos Humanos sirve como la última instancia que se recurre para hacer valer sus derechos”, enfatizó.
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Finalmente, mencionó que entre los países que decidieron no estar dentro sistema interamericano se encuentran Estados Unidos, Venezuela, Nicaragua y otros.”Si se comenten violaciones a los derechos humanos y no son sancionadas por el sistema judicial, pues habría impunidad y nos dejaría propiamente como Nicaragua, Venezuela o Cuba a ese nivel”, finalizó.

Nuevo tribunal andino
Por su parte, el excanciller e internacionalista Miguel Rodríguez Mackay agregó que resulta “absolutamente viable” retirar al Perú de la Corte IDH. ”El artículo 78 de la Convención de San José de Costa Rica, o mejor llamado el Pacto de San José, es muy claro que establece como prerrogativa del Estado el derecho de formular una denuncia del instrumento jurídico, es decir, el derecho de salir o dejarlo. Y por hacerlo, el Estado no queda en acto marginal ni es sancionado”, explicó.
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Rodríguez Mackay coincide con Belaunde al sostener que, efectivamente, el efecto no es inmediato. “El Estado debe dar un aviso previo de un año para su retiro formal del instrumento jurídico”, mencionó. A su juicio, el experto consideró que salir del sistema interamericano debería darse porque en el Perú tiene que implementarse temas como la pena de muerte para los violadores de menores. “Actualmente no se puede porque la convención lo prohíbe. El Pacto de San José prohíbe la fijación de la pena de muerte”, alega.
Ahora bien, Rodríguez Mackay planteó que, tras abandonar el sistema interamericano, el Perú debería promover negociaciones dentro de la Comunidad Andina -integrada por Colombia, Bolivia y Ecuador- para contar un tribunal de derechos humanos que ya no sea continental, sino netamente subregional y andino. No obstante, recalcó que tiene que haber consenso con estos países para sacar adelante la iniciativa.
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”Hace buen tiempo se han agotado las posibilidades materiales para efectivizar una verdadera administración de justicia. Hay mucha impunidad y se pretende siempre este proceso de anarquización que vivimos ahora. Yo creo que, en el contexto actual que el Perú tiene, se requiere aplicar medidas coercitivas que no lo podemos hacer porque estamos inmerso en el Pacto de San José”, refirió.

El experto consideró que el informe de la CIDH sobre las protestas sociales contra el Gobierno de Boluarte, al que consideró como “sesgado”, puede resultar un insumo para que sea esta la oportunidad para salir del sistema interamericano con “criterios bastantes bien trabajados”.
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Finalmente, Rodríguez Mackay negó que el Perú se pueda convertir como Venezuela o Nicaragua que se decidieron salir del sistema interamericano porque fueron denunciados por graves violaciones a los derechos humanos.
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