La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio lectura este jueves a su informe sobre la situación de los derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas desarrolladas desde diciembre del año pasado, y en las que fallecieron 57 personas. La comisión “verificó” que hay un “deterioro general del debate público con una estigmatización fuerte debido a factores étnicos, raciales y regionales.
“Vemos que hay mensajes que aluden o llaman a los pueblos indígenas como terroristas, terrucos, senderistas, cholos o indios y otras maneras discriminatorias”, alertó Margarette May Macaulay, presidenta de la CIDH.
Además, consideró que estos mensajes discriminatorios “contribuyen a la creación de un entorno de permisividad y de tolerancia para con la discriminación, la estigmatización y la violencia institucional” contra la población indígena.
“Masacre” y posibles “ejecuciones extrajudiciales”
En otro momento de la lectura, con relación a las 10 muertes ocurridas en Ayacucho el 15 de diciembre en inmediaciones del Aeropuerto Nacional Alfredo Mendívil Duarte, la presidenta de la CIDH indicó que, tras la información recogida, se pudo concluir que hubo violaciones de derechos humanos graves que deben ser investigados con un enfoque étnico racial y que fueron perpetradas por agentes estatales. “Las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, dijo.
“Además, como estas son de privaciones múltiples del derecho a la vida, teniendo en cuenta las circunstancias de modo tiempo y lugar, deben ser clasificadas como una masacre”, agregó.
“Uso excesivo de la fuerza”
En términos generales, la CIDH consideró que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y “hubo episodios graves de uso excesivo de la fuerza en casos específicos”.
Indicaron que, según la información que recibieron en Ica, Lima, Arequipa y Cusco “la respuesta del Estado se caracterizó por el uso de la fuerza de manera letal, indiscriminada y desproporcionada”, lo que confirmaron por el alto número de muertes y personas lesionadas en la parte superior del cuerpo por armas de fuego. Incluso, hubo personas que fueron lesionadas, aunque no estaban participando de la protesta, agregaron.
Por otro lado, en el caso de Juliaca, donde murieron 19 civiles, en enero de 2023, la CIDH observa que, en esa ciudad, “hubo situaciones de uso excesivo indiscriminado de la fuerza de parte de agentes estatales que conllevaron violaciones a los derechos humanos graves contra los participantes de las protestas y contra terceros”.
“Todo esto ocurrió dentro de una situación compleja de violencia que comenzó con enfrentamientos dentro del perímetro del aeropuerto donde las fuerzas de seguridad se vieron atacadas con piedras, palos y fuego”, señalaron.
Recomendación
Entre las recomendaciones que emitió la CIDH para “superar la crisis en Perú” están un “diálogo efectivo y acuerdos dentro del marco de Estado de derecho”.
“El diálogo debe ser amplio, genuino e inclusivo, con un enfoque intercultural y territorial, donde todos los sectores de la sociedad se sientan representados”, mencionaron.
En esa línea, añadieron que se deben tomar medidas para fortalecer las instituciones democráticas.
Además, el documento de la CIDH recomienda que el Estado peruano cree un registro integral de los datos sobre personas fallecidas, heridas, detenidas y víctimas de violencia de género en el contexto de las protestas sociales de manera transparente, actualizada, clara, concisa y contrastada con la información brindada por la sociedad civil.
“El registro debe ser específico y tomar en cuenta datos desagregados por origen étnico-racial, edad, sexo, orientación sexual, identidad y/o expresión de género”, mencionan.
Adicionalmente, sugirieron que debe repararse de manera integral a los deudos de las víctimas de las protestas contra el régimen de Dina Boluarte. Esto como brindar una compensación económica, una rehabilitación médica, psicológica y social, y unas garantías de que no volverán a pasar por el trágico momento de perder a un ser querido.
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