
Un nuevo escándalo apunta al Congreso de la República que tiene, según las últimas encuestas, cerca del 90% de desaprobación nacional. En esta ocasión ya no se habla sobre gastos exorbitantes o ‘mocha sueldos’ a trabajadores, sino de un requisito indispensable que se le exige a millones de peruanos a la hora que uno asiste a su trabajo: la puntualidad.
Según una nota del diario El Comercio, al menos 117 parlamentarios de diferentes bancadas han sido sancionados con descuentos por cerca de 355 mil soles tener tardanzas y no asistir a las sesiones del Pleno, el Consejo Directivo, la Comisión Permanente, las comisiones ordinarias, entre diciembre del 2022 y febrero de este año.
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Cuando se trata de identificar qué grupo político recibió más castigos, el partido Podemos Perú lidera esta lista con S/ 61 588 en descuentos. De esta cifra, su vocero y líder, José Luna Gálvez, ha sido el que más sanciones tuvo por S/ 32 416 al no haber presentado justificación alguna por 15 inasistencias y siete faltas en estos meses.
Dentro de este grupo, su compañero de bancada José Elías también registra descuentos por S/ 19 798.
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En el segundo lugar de este ranking se ubica Perú Libre con S/ 41 980. Entre los que más registraron descuentos se encuentran Abel Reyes (S/ 13 052) y Kelly Portalatino (S/ 8 753).
En Acción Popular se registraron descuentos que, en su totalidad, suman cerca de S/ 27 594 . Los protagonistas de esta mochada de sueldo son Darwin Espinoza, Elvis Vergara, Raúl Doroteo e Ilich López, quienes son investigados por la Fiscalía de la Nación por la presunta comisión del delito de organización criminal al haber formado parte del denominado grupo de ‘Los Niños’ que trabajó codo a codo con el expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo por el fallido autogolpe de Estado y el caso Puente Tarata-Petroperú.
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Seguidamente está Somos Perú con S/ 36 764. Sin embargo, de este monto, cerca de S/ 28 652 le corresponden al desaforado excongresista Wilmar Elera, quien no asistió más al Parlamento tras haber sido condenado a seis años de pena privativa de libertad en su contra por el delito de colusión agravada.

Elera se encuentra prófugo de la justicia desde agosto del 2022. Debido a su notoria ausencia, la Mesa Directiva decidió declarar su vacancia en enero pasado y llamar a su accesitario que es José Bernarndo Pazo.
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Este mismo panorama se refleja en bancadas como Fuerza Popular que tiene legisladores sancionados con descuentos que bordean los S/ 32 186. Entre ellos se encuentran Hernando Guerra García, Arturo Alegría, Rosangella Barbarán y Luis Cordero Jon Tay.
Similar panorama se observa en Juntos por el Perú (S/ 15 860), Avanza País (S/ 19 777) y Alianza para el Progreso (S/ 22 664). Toda esta lista de gasto se ha podido dar a conocer gracias a la Ley de Transparencia.
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Denunciado por incumplir pago
Enrique Ahumada Peña, representante de la empresa EAZAAC PROCOM SAC, denunció que el Congreso de la República no le ha pagado S/28 mil por un servicio que le brindó hace dos años.
En la gestión de Manuel Merino como presidente del Legislativo, la empresa de Ahumada Peña realizó un expediente técnico de un centro médico, proyecto que, incluso, aún no había sido aprobado por la Mesa Directiva. Sin embargo, este proceso también mostró una serie de irregularidades.
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En julio del 2020, desde el Congreso de la República le enviaron un correo de invitación a Enrique Ahumada Peña para que se presente como postor en el servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico del centro médico. En el mensaje, también se le daba un corto plazo: en menos de 24 horas debía enviar su cotización para participar del proyecto titulado “Adjudicación sin proceso”. Quien envió dicho correo fue Sandra Torres Gavilano, presentándose como parte del departamento de Logística del Congreso de la República.
Al cabo de un par de semanas, en agosto, a las puertas de EAZAAC PROCOM SAC llegó la noticia de confirmación para ejecutar este proyecto. Esta vez, el trabajador del Congreso de la República que se presentó fue Arturo Ríos Pérez, del Grupo Funcional de Compras.
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En detalle, en el correo se notificó a EAZAAC PROCOM SAC sobre la orden de servicio 0000370, la cual confirmaba que fueron seleccionados para elaborar el expediente técnico del centro médico, valorizado en S/1,5 millón.
El tiempo que demoró cumplir con las fases previas establecidas en los términos de referencia fue 60 días. Es decir, en setiembre del 2020, ya se había entregado el trabajo.
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Sin embargo, pese a haber cumplido con la entrega del expediente, el Congreso de la República anuló la orden de servicio 0000370 y, además, solicitó sancionar a la empresa por no contar con el Registro Nacional de Proveedores. Considerando que debía cumplirse de cualquier modo con el pago, en noviembre se emitió una nueva orden de servicio, pero también quedó sin efecto.
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