Los trabajadores activos del Servicio Parlamentario, así como de la Organización Parlamentaria, recibirán una bonificación especial de 9.900 soles, tras un acuerdo aprobado este jueves por la Mesa Directiva del Congreso.
Según el documento, además del pedido del sindicato de trabajadores del Legislativo, se determinó aprobar el bono equivalente a dos UIT por el “incremento de costo de vida, [...] la proximidad del Día del Trabajador” y porque “los trabajadores cumplen funciones con responsabilidad, eficiencia y más allá de la jornada laboral”.
En octubre del año pasado, la Mesa Directiva ya había aprobado la idea de esta bonificación a los trabajadores por el alza de costo de vida. Sin embargo, el monto era la mitad (1UIT) y nunca se concretó.
Ahora, según el acuerdo, el dinero será entregado “de manera extraordinaria” con fondos del Estado, que ya desembolsó una suma de 48 millones de soles en favor del Parlamento en marzo pasado, y que tiene previsto agregar más gastos con la creación de más comisiones congresales.
El bono “no tiene carácter remunerativo, compensatorio ni pensionable, y no está sujeta a cargas sociales”, menciona la medida firmada por José Williams, presidente del Congreso; Martha Moyano, primera vicepresidenta; Silvia Monteza, segunda vicepresidenta; y Alejandro Muñante, tercer vicepresidente.
Además, en una institución “poco valorada por la ciudadanía”, se ve como “contraproducente e incómoda”, dijo en Exitosa.
“Lo que el Congreso va a disponer presupuestalmente para este pago es una cantidad importante, son varios millones de soles [...] El número de trabajadores, según la última cifra que escuché decir, pasaba los tres mil. Yo no tengo los documentos que lo muestren a la mano, pero de todas maneras es una cantidad excesiva”, agregó.
Para Hidalgo, el reciente acuerdo muestra a un Legislativo “ajeno a la realidad que afrontan las familias por la situación económica y social, sin contar con que otorgan un bono” en un escenario donde se investigan a cinco legisladoras por recortes de sueldo a trabajadores.
Se trata de María Cordero (Fuerza Popular), Heidy Juárez (PP), Magaly Ruiz y Rosio Torres (APP) y la no agrupada Katy Ugarte, cuyas denuncias son seguidas por la Comisión de Ética Parlamentaria.
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