Silvia Monteza sobre caso mochasueldos: “Los trabajadores también tienen responsabilidad”

La segunda vicepresidenta del Congreso de la República, Silvia Monteza, se pronunció por los presuntos recortes de sueldos que se ha denunciado en las últimas semanas contra al menos seis parlamentarias. Sin embargo, indicó que los colaboradores no debieron “consentir” este tipo de recortes de sueldos.

Además, manifestó que la Comisión de Ética ya se encuentra investigando el tema con la finalidad que reciban una sanción si son hallados culpables. Cabe precisar que, las denuncias también se encuentran en la Fiscalía de la Nación, lo cual se verá de manera penal.

Al hacerse público esta denuncia, varios legisladores dieron su punto de vista. En este caso, la parlamentaria de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, también tuvo una postura similar y cuestionó que los trabajadores acepten este tipo de propuesta en referencia de su colega María Cordero.

“Tenemos que evaluar por qué el trabajador acepta este tipo de situaciones, este tipo de chantaje. O sea, cualquier trabajador frente a una situación, no importa la necesidad, pero nadie debe condicionar tu trabajo”, manifestó a RPP hace una semana.

Mochasueldos

En las últimas semanas, las críticas han caído nuevamente hacia el Parlamento, pero no precisamente por sus labores, sino por cuestionadas acciones que se habrían desarrollado en cada despacho.

María Cordero Jon Tay, Rosío Torres, María Acuña, Magaly Ruíz, Heidy Juárez y Katy Ugarte, son las seis congresistas que están en la mira luego de denunciarse que estarían recortando el sueldo a un trabajador de su despacho.

En el caso de Cordero Jon Tay, su situación se ha complicado cada día luego de difundirse audios que la comprometen. De acuerdo con el extrabajador, la parlamentaria le había pedido el 50% de su sueldo durante seis meses. No obstante, pasado este periodo, la exigencia cambió a un 75% de su sueldo.

Ante la negativa del excolaborador, la parlamentaria le pedía que vayan a un “cajero” para que se culmine con el proceso. Desde el Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobaron la denuncia constitucional que busca inhabilitarla por 10 años en cargos públicos.

Desde otro lado, Carlos Marina Puscán denunció a Magaly Ruiz por pedirle hasta S/1.500 de su sueldo, el cual primero se le habría informado que iba a favor de los niños en estado de vulnerabilidad. El comunicador afirmó que el dinero era entregado a su asesor Jhonny Romero Nima, quien cada mes le pedía.

Rosío Torres se sumó a estas acusaciones, pero el borrar información de un chat que tenía con su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra, quien es sindicado con recibir este dinero, se complica más. Al menos cinco trabajadores mencionan que se les exigía estos pagos.

Cecilia Salazar Mattos también depositó 24 mil soles, los cuales fueron a la cuenta de Pérez Guerra. Además, se registró otras transferencias de más trabajadores de su despacho.

En tanto, Heidy Juárez fue acusada por recortes desde S/1,000. La parlamentaria ha negado estos hechos e indicado que se someterá a las investigaciones que el Ministerio Público abrió de manera preliminar.