Sobrevivientes: en los últimos 14 años más de 2900 mujeres fueron víctimas de intentos de feminicidio

Eyvi Agreda, María Mendoza, Juanita Mendoza, Rosa Álvarez y ahora Katherine Guerra. Son cuatro mujeres que fueron quemadas vivas por asesinos que las atacaron en plena vía pública, durante los últimos cinco años. Todas ellas tienen la historia en común de haber sobrevivido, pero tras varios días de agonía fallecieron debido a la gravedad de las lesiones que sus atacantes les provocaron.

Todas fueron víctimas de tentativas de feminicidio, inicialmente. Y finalmente los ataques machistas les robaron la vida. En los casos de las tres primeras, sus agresores se hallan en prisión, pues Carlos Javier Hualpa Vacas (40), Leoncio Daza Tejeda (58) y Esneider Estela (26) fueron condenados a 35 y 28 años de prisión respectivamente. Sin embargo, para Rosa la justicia nunca llegó pues su asesino Carlos Paiva logró revocar su condena y salir en libertad, pues tres jueces de Tumbes decidieron, por unanimidad, liberarlo y borrar sus antecedentes.

Para Katherine Guerra, la más reciente víctima de feminicidio en el Perú, tampoco hay justicia, pues pese a la gravedad de los hechos, para el venezolano Sergio Tarache Parra no hubo orden de captura sino hasta cinco días después de quemar viva a su expareja tras la decisión de ella de acabar con la violenta relación. Hoy se halla prófugo.

La pesadilla de las sobrevivientes

Aunque en el imaginario social para muchos las mujeres tienen la culpa de la violencia que padecen por “elegir mal” a sus parejas, como deslizó la mismísima ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, o “aguantar” los golpes y agresiones, lo cierto es que en la mayoría de casos los intentos de feminicidio se perpetran luego de la intención de las víctimas por dejar atrás a sus parejas debido a los constantes maltratos. Estas ideas erróneas están muy arraigadas pues el índice de tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres asciende al 58%, según la última Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (Enares), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei).

Ofelia es una víctima de esta alta tolerancia hacia el maltrato de las mujeres en Perú.

En los primeros días de marzo, su expareja Norbil Marrufo Herrera (44) la persiguió e intentó asesinarla con un objeto contundente en plena vía pública de Chiclayo, a pesar de que ella contaba con medidas de protección.

Luego de que Marrufo la amenazara de muerte, tras una visita al menor hijo de ambos, ella se dirigía a la comisaría de su localidad para denunciarlo. Antes de que pudiese llegar él intentó matarla. Si no se convirtió en una nueva víctima de feminicidio fue gracias a la intervención de transeúntes.

Así como Ofelia, otras 2904 mujeres han sido víctimas de tentativas de feminicidio, desde el 2009, época en el que el Código Penal peruano incluyó este delito, según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). A lo largo de los años la ocurrencia de estos intentos de asesinatos contra mujeres no muestran un descenso relevante, pese a la existencia de políticas públicas destinadas a prevenir y sancionar este grave hecho.

Lo más desolador es que del total de víctimas, el 3% de víctimas apenas eran niñas o adolescentes. Es decir, 63 menores.

En este 2023, solo en los dos primeros meses del año ocurrieron 43 casos.

Según los protocolos oficiales, una tentativa de feminicidio se configura como tal, cuando los agresores tienen la intención directa de matar a una mujer, pero no logra tal cometido porque la víctima sobrevive al ataque, ya sea porque se defienden, por la intervención de terceros o por un hecho fortuito. Sin embargo, los especialistas señalan que se debe tomar en cuenta de que no se trata de actos casuales, causados por una “emoción violenta”, sino hechos planeados con premeditación y ejecutados con suma crueldad y ventaja.

En el 2018, luego de que Eyvi Ágreda fuese quemada viva al interior de un bus de transporte público, el Estado formó una comisión multisectorial de alto nivel para enfrentar la problemática, según explica la comisionada Erika Anchante, de la Adjuntía por los Derechos de las Mujeres de la Defensoría del Pueblo. Esto derivó en la actualización del Protocolo Interinstitucional de Acción Frente al Feminicidio, Tentativa de Feminicidio y Violencia de Pareja de Alto Riesgo. Sin embargo, cinco años después estos crímenes siguen perpetrándose con suma crueldad, premeditación y brutalidad.

“Tuvimos este este hecho tan lamentable, que conmocionó a toda la sociedad y que incluso causó una una reacción por parte del Estado que lo llevó a crear esta esta comisión, pero cinco años después no hemos visto los resultados. Entonces tenemos que el Estado puede ser reactivo, que reacciona ante situaciones pero con el transcurso del tiempo las las acciones que se toman no se mantienen”

Justicia que tarda no es justicia

Pese a evidencias de que salir de una relación violenta es complicado debido a los múltiples mecanismos de manipulación que los agresores ejercen sobre sus víctimas y que estos no se muestran como personas violentas al inicio de sus relaciones, la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino dijo (en la misma entrevista en la que confirmaba que Katherine Gomez murió debido a sus graves quemaduras) que quisieran “que las jóvenes elijan bien con quién estar”, desatando una ola de indignación entre colectivos de defensa por los derechos de las mujeres.

Esta idea prejuiciosa no es aislada, pero sorprende que provenga de un sector que, precisamente, tiene su razón de ser en la defensa de las víctimas.

Este panorama de estigmatización también alcanza al sistema de justicia, por lo que juzgados en muchas ocasiones emiten fallos tardíos o beneficiosos para los feminicidas.

Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo precisa que de las 223 tentativas de feminicidio perpetradas en el 2022, ninguna tiene sentencia condenatoria. Para las sobrevivientes a estos feroces ataques, alcanzar una condena en primera instancia puede tardar entre 2 a 3 años en promedio, lo cual expone a las víctimas a procesos judiciales desgastantes y revictimizantes. A ello se suma si el procesado decide apelar para evitar la ejecución de los fallos.

Además, durante las investigaciones algunos casos no son tipificados como tentativas de feminicidio sino solo como agresiones físicas, lo cual coloca a las mujeres en una peligrosa espiral de violencia, pues el agresor al saberse en impunidad acosa a su víctima hasta finalmente lograr matarla, en varios casos.

“A este tipo de delitos muchas veces lo colocan como delito de agresiones, entonces tenemos que se valora más el tema del certificado médico y lo que dice allí, sin valorar las pruebas en conjunto. Qué pasa si aparte del certificado médico tenemos antecedentes de violencia, tenemos otras denuncias por violencia, el lugar de la lesión el medio que se empleó. Sin embargo se valora más el certificado médico como si no hubieran otras pruebas más que valorar en conjunto. Por ejemplo, aparece un certificado médico en el cual aparecen unas huellas digamos en el cuello pero como son leves, el certificado médico lo considera una una lesión leve, pero no se advierte que lo que se pretendió fue estrangular y matar”, explica la especialista Erika Anchante.

En una sociedad machista como la peruana se tiene que entender que el feminicidio es la cúspide de todo un historial de extrema violencia. En muchos casos fue precedido por una tentativa y si es que el sistema de justicia hubiese respondido a tiempo, muchas de las 1585 mujeres asesinadas hasta fines del 2022, en los últimos 13 años, aún estarían vivas, con sus hijos, su familia, cumpliendo sus sueños, pero no están más. Lejos de la frase “la violencia no tiene género”, sus casos demuestran que sí.