Gustavo Petro ha sido uno de los más férreos defensores de Pedro Castillo durante los últimos meses. En cada intervención, el presidente de Colombia ha manifestado la misma tesis que su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien señala que el exjefe de Estado se encuentra injustamente en la cárcel pese a haber cometido un fallido golpe de Estado el 7 de diciembre del año pasado.
Por esa razón, no tiene problemas para reunirse con los abogados de Castillo.
Este jueves sorprendió un tuit de Petro, quien informó que recibió en el Palacio de Nariño en Bogotá a uno de los defensores legales del expresidente peruano. Se trata del letrado argentino Guido Croxatto, quien trabaja de la mano con el exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni, en la defensa internacional de Castillo Terrones.
“Me reúno con Guido Croxatto, abogado del presidente del Perú Pedro Castillo. Croxatto con Zaffaroni, ambos argentinos, son parte de la corriente garantista del derecho básico para una democracia”, escribió el mandatario colombiano que aún reconoce al profesor cajamarquino como la máxima autoridad del país pese a que Dina Boluarte tiene las riendas del Ejecutivo.
Defensa internacional
Debido a las sucesivas derrotas judiciales en el fuero interno, los abogados de Castillo buscaron a expertos extranjeros para tratar de llevar el caso a las instancias internacionales. De esta manera optaron por una nueva vía que permita liberarlo de los 18 meses de prisión preventiva que le dictaron por el frustrado autogolpe de diciembre del 2022 al querer cerrar inconstitucionalmente el Parlamento y capturar diferentes instituciones autónomas como la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial.
En ese escenario, la figura del exjuez Eugenio Zaffaroni salió a tallar. El 3 de febrero se conoció que visitó a Castillo en el penal de Barbadillo. En una foto difundida por Canal N se le observa ingresar al establecimiento penitenciario de Ate junto al suspendido congresista Pasión Dávila y el abogado Eduardo Pachas. También se le observó a Guido Croxatto.
En esa ocasión, el exprimer ministro Juan Jimenez señaló que este es un abogado muy famoso que ha sido magistrado y cercano al Gobierno de Alberto Fernández en Argentina.
“Seguramente está ahí porque existe una estrategia internacional para la defensa del expresidente Castillo. No tengo la prueba del escrito, pero todo hace pensar”, manifestó. Además, agregó: “No es casualidad que Zaffaroni esté aquí en Perú y esté en Barbadillo. Eso es clarísimo”.
Precisamente, el diario La República había publicado una entrevista con Zaffaroni, quien dijo tener la impresión que lo que está del otro lado de la detención de Pedro Castillo es el Congreso.
“Está privado de libertad por el delito de rebelión, este requiere alzarse en armas. Él no tenía ningún arma, ni apoyo de las Fuerzas Armadas, al punto que lo detiene su propia custodia. No sé si sería motivo de un juicio político, de un juzgamiento, de una destitución política. (...) Aunque fuese típico de rebelión, tampoco sería realmente punible”, comentó Zaffaroni.
“Por qué, cuando la corrupción la cometen líderes de derecha, no hay juicios tan mediáticos y largos. En el mundo, hay una presión de las empresas trasnacionales. Hace 30 años el capitalismo productivo es sometido por el aparato financiero, eso genera una inestabilidad preocupante”, respondió cuando le consultaron sobre los actos de corrupción del exjefe de Estado.
CIDH
Lo cierto es que el caso de Pedro Castillo ya se encuentra en el sistema interamericano. Walter Ayala, abogado y exministro de Defensa del expresidente, informó el 21 de febrero pasado que solicitaron la liberación e inmediata reposición en el cargo de su defendido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A través de su cuenta personal de Twitter, indicó que la medida se adoptó ante la demora del Poder Judicial por resolver la acción de amparo a favor de Castillo que busca recuperar su libertad.
Según Ayala, la vacancia en el fuero parlamentario es nula porque se vulneró el debido proceso, los plazos y tampoco se alcanzó los 104 votos requeridos para destituir a Castillo. Con estos puntos, considera que los congresistas no respetaron su reglamento y la Constitución Política.
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