La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema admitió este miércoles el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Pedro Castillo para intentar anular, una vez más, su prisión preventiva por 18 meses y los cargos por rebelión y conspiración, luego de orquestar un autogolpe en diciembre de 2022.
A través de una “cuestión previa”, el exmandatario y sus abogados pidieron que se respete la garantía del antejuicio político, y cuestionaron el proceso de su detención, formalización de investigación preparatoria y posterior prisión preventiva.
Ahora, el tribunal supremo liderado por el juez César San Martín señalará fecha para la realización de la audiencia pública, donde las partes procesales presentarán sus informes orales, según detalló el Poder Judicial en un comunicado.
Tras su fracasada maniobra contra el Legislativo, Castillo fue destituido y llevado el 7 de diciembre al penal Barbadillo, una minicárcel para altos funcionarios dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima.
En una audiencia virtual, el juez Juan Carlos Checkley ordenó la segunda sanción preventiva contra Castillo, luego de haberle dictado 18 meses por el intento de disolver inconstitucionalmente el Congreso.
La tesis de la fiscalía es que Castillo dirigía una red de corrupción, lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.
Argumentos
La reciente prisión preventiva contra el exmandatario responde a la presión que ejerció para la designación de un funcionario sin el perfil técnico como gerente general de la estatal Petroperú, así como la cancelación de un concurso internacional para la compra de biodiésel y su adjudicación a una empresa específica.
De la misma forma, el juez citó los dos millones de soles (medio millón de dólares) que la empresaria Karelim López dijo haber entregado a Castillo, a través de sus asesores en Palacio de Gobierno, para ser favorecida con una adjudicación de obras públicas.
La esposa y los dos hijos menores de Castillo fueron recibidos por López Obrador y asilados por ese país, horas después del fallido golpe de Estado.
Sobre el arraigo, el magistrado recordó que Castillo no tiene domicilio real actual y que no se puede considerar al penal de Barbadillo, donde está recluido desde diciembre, como su domicilio actual, como pidió su abogado.
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