8M: mujeres trans defienden su derecho a ser conmemoradas en esta fecha

No existen. No son reconocidas por el Estado debido a la falta de una ley de identidad de género. No se visibiliza su resistencia, aunque hay rostros representativos. El prejuicio todavía las encasilla en el trabajo sexual o cosmético. Javiera Arnillas es actriz. Miluska Luzquiños, abogada. Erika Trejo, laboratorista médica. Coco Marusix, una drag queen icónica. Son mujeres trans, integrantes de la comunidad más olvidada.

“Aunque no lo quieran entender, también somos mujeres. No se puede hablar de feminismo ni de 8M si nos excluyen. La opresión y discriminación machista nos afecta por igual —dice la activista Alejandra Fang, de Trans Organización Feminista—. Estamos en la misma lucha por la conquista de derechos y oportunidades como las demás mujeres”.

Pese a la visión biologista —que asume el cuerpo desde una dimensión eminentemente física y niega la diversidad con discursos de odio—, Fang insiste en que no hay diferencia en las reivindicaciones del Día Mundial de la Mujer: la lucha contra la desigualdad, el acoso, la violencia de género que desencadena transfeminicidios —siete en lo que va del 2023, casi todos a manos de mafias—, y la brecha salarial (traducida en el cupo laboral trans: el 70% tiene en el trabajo sexual o prostitución su única opción de empleo).

“En suma, lo que deseamos es tener acceso a la educación, a la sanidad, al empleo, a la vivienda y a todo lo que hace posible una vida digna —comenta Gianna Camacho, primera funcionaria trans en la Municipalidad de Lima—. No hay libertad cuando el único destino es la prostitución, la precariedad, la marginalidad y la supervivencia. Salir de esa oscuridad implica que seamos ratificadas como sujetos políticos”. Pero en el Perú esa conquista aún es débil.

Hicieron falta quince años para que Azul Rojas, una mujer trans que sobrevivió al abuso sexual y tortura por parte de tres policías, recibiera el perdón histórico del Estado en un país donde, según la primera encuesta a la comunidad LGBTI del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 72,5% se rehúsa a expresar su orientación sexual por miedo a la discriminación o agresiones.

Durante el acto, Azul encendió una vela junto al retrato de su madre, Juana Rosa Tanta, fallecida de un infarto en 2017. “Muchos de los aquí presentes saben que ella fue un pilar fundamental —dijo en noviembre pasado—. También es una luchadora y se fue con la convicción que esto iba a tener un resultado, que la lucha que iniciamos juntas no iba a quedar impune”.

Como parte de las reparaciones del caso, el pasado 3 de marzo fue implementado el Grupo de Trabajo Multisectorial para que elabore un protocolo de investigación y administración de justicia en casos de violencia hacia personas LGBTI. Azul, sin embargo, continúa esperando rehacer su vida y acceder a terapias debido al estrés postraumático que sobrelleva. Sueña con ser abogada, y lograr, con ello, que en su documento de identidad (DNI) aparezca el nombre que la representa.

Solo cuatro mujeres trans han logrado cambiar el nombre y el sexo en el DNI, según información oficial. A nivel nacional, hasta 2022, se habían presentado 140 casos, 15 de ellos desestimados. “Del resto básicamente no se sabe. No se sabe en qué estado están porque el sistema de justicia no es claro”, apunta Alejandra Fang.

De modo que siguen en los márgenes. Al menos siete de cada diez mujeres trans son empujadas al trabajo sexual como principal fuente de ingresos. Se enfrentan a mafias explotadoras, clientes abusivos y a las fuerzas del orden (policías y serenazgo representan al 69% de perpetradores de violencia). Esta situación viene precedida por el abandono del hogar, de la escuela (solo un 5% la ha culminado) y el desempleo.

De acuerdo con el observatorio de derechos LGBT y VIH/Sida y la iniciativa Únicxs, de las 22.500 mujeres trans que viven en Lima y Callao, el 89% no cuenta con seguro de salud, aun cuando una de cada tres lidia con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), condición que amerita tratamiento y seguimiento médico.

Frente a esta situación, miembros de la comunidad trans han puesto en marcha iniciativas para la protección de sus derechos. La Casa trans de Lima Este, Casa trans Zuleymi, Casa trans La Libertad, entre otros, son pequeños valiosos refugios en medio del rechazo de la ciudadanía y el Estado.

Esperan que las iniciativas legales se complementen con una progresiva sensibilización de la ciudadanía. “Es importante que participen en el diseño de políticas públicas para orientar un enfoque diferencial que se traducirán en acciones concretas —dice Yolanda Roca, socióloga especialista en Género—. Por otro lado, urge hacer frente a las mafias de proxenetismo y, a la par, frenar la hostilidad y criminalización por ejercer la prostitución, pese a no ser tipificada como un delito en el Perú”.

La experta cierra con una invitación fundamental en el 8M: “Lo importante es reconocer lo trágico y que, para proteger la dignidad y los derechos de una persona, hace falta reconocer su identidad por sobre todas las cosas”.