El ministro del Interior, Vicente Romero, rindió ayer su declaración ante la Fiscalía de la Nación por la intervención que la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó el 21 de enero pasado en la sede de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
Como es público, más de 200 agentes policiales entraron a la casa de estudios para detener a 193 personas, entre ellas una mujer embarazada; niñas y niños; personas indígenas; personas mayores; estudiantes; y cuatro periodistas, que iban a participar de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en Lima.
Aquel día fue impactante que tanquetas derribaron las puertas, los manifestantes fueron arrojados al suelo y la residencia de algunos estudiantes fueron intervenidas de manera violenta por los policías que estuvieron en el operativo.
Por todo ello, el ministro Romero es investigado por la presunta comisión del delito de omisión de actos funcionales. Sin embargo, el titular del Mininter se defendió de las críticas.
“No ha habido ningún herido, todo ha sido de acuerdo a ley y respetando los derechos humanos. Una de las principales preocupaciones de la presidenta Dina Boluarte y del premier Alberto Otárola es su cumplimiento irrestricto”, apuntó.
Romero explicó que todo estuvo preparado para que no hayan contratiempos y que se dio, debido a que el apoderado de la casa de estudios indicó que un centenar de ciudadanos habían irrumpido las instalaciones raudamente.
“Se presenta el apoderado de la universidad y solicita al general, jefe de la Región Policial de Lima, la intervención y liberación de las fuerzas de la universidad tomada ilegalmente. El personal de la región Lima intervino e ingresó a la universidad utilizando un vehículo multipropósito para garantizar la seguridad del personal policial y de los intervenidos”, adujo.
Condenan uso de la fuerza
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron los desalojos violentos y detenciones masivas en San Marcos.
Asimismo, el organismo internacional rechazó el uso arbitrario de la fuerza por parte de los agentes de la Policía.
“En esta oportunidad, la CIDH recuerda al Estado sus obligaciones sobre el uso excepcional de la fuerza pública, basado en los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. A la vez, le urge a garantizar la inviolabilidad del espacio académico”, señaló el órgano principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Según información proporcionada por el Estado a la CIDH, a la fecha, todas las personas detenidas durante el operativo han sido liberadas. Sin embargo, el órgano internacional manifestó que rechaza cualquier practica de violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes, las cuales están bajo investigación de las autoridades peruanas.
Asimismo, el Estado informó a la Comisión que el operativo policial se realizó, de oficio, luego de que el apoderado legal de la UNMSM presentara una denuncia por agresiones y robo contra el personal de seguridad de la universidad y luego de un acuerdo del Consejo Superior Universitario exigiendo la desocupación del campus. Asimismo, indicó que la PNP intentó negociar con las personas que se encontraban en el campus, antes del operativo.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de la PNP.
Además, se dieron denuncias de detenciones arbitrarias y allanamiento de dormitorios de líderes estudiantiles, bajo la presunta comisión del delito de terrorismo; agresiones verbales con el uso de lenguaje intimidatorio, despreciativo, racista y humillante; así como relatos de que a mujeres detenidas se les habría obligado a desnudarse y hacer sentadillas. Igualmente, profesionales que ejercen la defensa informaron que habrían tenido dificultades para acceder a las personas detenidas. El Estado informó a la CIDH que los hechos están bajo investigación.
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