Evalúan usar casa de Sarratea como oficina de la fiscal Barreto o sede de la procuraduría anticorrupción

La conocida vivienda ubicada en el Jirón Sarratea (Breña) usada por el expresidente Pedro Castillo como un despacho paralelo -durante su pasada gestión- continúa bajo la administración del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

El desalojo y posterior incautación del inmueble, aprobada por el juez Richard Concepción Carhuancho, se produjo en enero último por un equipo del Ministerio Público y la Policía Nacional (PNP). A la fecha, sin embargo, aún no se decide el destino de la anterior casa del prófugo Alejandro Sánchez.

El empresario, involucrado en el caso de corrupción ‘Gabinete en la Sombra’, presentó un recurso de apelación -a través de su abogado- para evitar que la propiedad pase a manos definitivas del Estado.

El hecho se produjo poco después que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, anunciara que la vivienda sería destinada a convertirse en un centro “anticorrupción”.

“Sarratea va a ser un símbolo de la lucha contra la corrupción. Será la sede de una institución que tiene un compromiso importante en la lucha contra la corrupción”, manifestó en diálogo con Perú 21.

En este marco, aunque el Pronabi no se tiene una institución definida para entregar el inmueble, pudo conocerse que el Ejecutivo ha decidido que esta pasará, definitivamente, al sistema de administración de justicia, según El Comercio.

Son al menos tres las opciones con las que se cuentan, en estos momentos, para la casa del Jirón Sarratea. La primera de ellas es entregarle la casa al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder -del Ministerio Público- liderado por la fiscal Marita Barreto.

La representante de la Fiscalía se encontraría a la espera de que la apelación de Sánchez Sánchez -para quien se pidió treinta meses de prisión preventiva- sea resuelta antes de aceptar trasladar su oficina a dicha dirección, de acuerdo con el citado medio.

Por ahora, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional -conformada por los jueces Ramiro Salinas Siccha, Víctor Enríquez Sumerinde y Yeny Magallanes- aún no emite una decisión al respecto.

Si Barreto Rivera no aceptara el ofrecimiento, entonces se analizarían otras alternativas. Según se indicó, esta casa “irá sí o sí a cualquier institución que esté dentro del sistema de justicia”.

“Las otras dos opciones que se evalúan es que sea sede de una oficina de la procuraduría anticorrupción o que termine siendo un juzgado de paz. El hecho es que se utilice para un fin contrario al que era usado por el expresidente Pedro Castillo y sus allegados”, puntualizaron.