Familiares de las diez víctimas de Ayacucho solicitarán que se haga un peritaje de las armas que los militares usaron

Como parte de las investigaciones para esclarecer el caso la Fiscalía evalúa solicitar en el más corto plazo que se haga un peritaje del armamento que los militares usaron durante las manifestaciones en Ayacucho, donde se tuvo el lamentable saldo de diez perdidas humanas el 15 de diciembre del año pasado.

Los familiares de las víctimas y los heridos de aquella jornada sangrienta en esta región del sur del país ya le habrían entregado pruebas a la fiscal Karen Obregón para que prosiga con las diligencias respectivas. Entre el material recibido estarían los casquillos de los proyectiles lanzados por los integrantes de las Fuerzas Armadas.

La ruta de la indagación fiscal inicia cuando se reconoce si es que, efectivamente, los fusiles Galil fueron empleados en medio de los enfrentamientos con los protestantes en Ayacucho. Luego, se interrogará a los efectivos para que expliquen si actuaron por su cuenta o recibieron órdenes de sus superiores para transgredir el Reglamento de Uso de la Fuerza (RUF) que prohíbe al personal militar hacer uso de su armamento, salvo en situaciones extremas de amenaza de pérdida de vidas humanas.

Hay que resaltar que días atrás, la fiscal Obregón recibió de la Segunda Brigada de Infantería del Ejército la lista del personal militar que salió a las calles el día que los diez ayacuchanos terminaron muertos. Así se conoce que, de la totalidad de 218 efectivos desplegados, 61 de ellos fueron distribuidos en las patrullas 1, 2, 10, 16, 18 y 19.

Así, serían 2 capitanes, 12 sargentos, 9 suboficiales, 22 cabos y 7 soldados que cumplieron funciones en estas patrullas.

El propio general Jesús Vera comunicó que el día de los hechos estaba al frente de la Segunda Brigada de Infantería Wari. Lo acompañaron como jefe de Estado Mayor el coronel EP Leonardo Huamán Gabino y jefe del Estado Mayor Operativo el coronel EP Luis Vivanco Palomino. También como G1 (Personal), el teniente coronel Jorge Lozano Bustamante; G2 (Inteligencia), el mayor Aldo Sánchez Retuerto; y G3 (Operaciones), teniente coronel EP Juan Florentini Zevallos, entre otros.

Se tiene la hipótesis fiscal que al menos seis de las 10 víctimas fueron asesinadas en el ámbito que les correspondió a las patrullas n° 1 (12 efectivos), n° 2 (12 efectivos) y n° 19 (11 efectivos). Estos son Edgar Prado Arango, Cristofer Ramos Aime, José Aguilar Yucra, Luis Urbano Sacsara, Raúl García Gallo y Jhon Mendoza Huarancca.

Aparte de los militares, La República mencionó que también se tiene una lista con la relación de los efectivos de la Policía Nacional que estuvieron en el aeropuerto Alfredo Mendívil, de Ayacucho, cuando un grupo de manifestantes quiso capturarlo en medio de una batalla campal. Ellos también serán interrogados para que puedan brindar alcances de por qué los militares dispararon cuando las personas que protestaban se habían ido del lugar.

Grabaciones y actas clínicas

El Ministerio Público precisó en un comunicado que se recabaron distintos elementos que permitirán continuar con el procedimiento, entre ellos, material audiovisual y documentos sobre el número de agentes del orden.

“La fiscalía provincial especializada viene desarrollando actos de investigación, entre los que resaltamos, la obtención de un total de 147 videos de las municipalidades y viviendas cercanas al lugar de los hechos. También se han recabado los informes sobre el número de personal policial y militar que participó en las operaciones del 15 de diciembre”, señalaron.

Asimismo, la institución fiscalizadora anunció el desarrollo de actas de entrevistas a los heridos, constataciones en establecimientos hospitalarios y centros de salud. “Se ha requerido las historias clínicas [de los afectados] [...] Entre las declaraciones testimoniales que se han realizado, se encuentran también manifestaciones de familiares de víctimas”, reportaron.