
El primer ministro Alberto Otárola ha señalado, en reiteradas ocasiones, que el Gobierno de Dina Boluarte se va caracterizar por elegir a sus funcionarios en base a la meritocracia para no repetir la repartija de la administración del Estado como ocurrió durante la etapa de Pedro Castillo. Sin embargo, esto debe ir de la mano también con una hoja limpia sin cuestionamientos de los designados para los cargos.
Paúl Caiguaray Pérez fue nombrado el pasado 30 de enero como viceministro de Gobernanza Territorial por el premier Otárola. Según su curriculum vitae es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Trujillo. Además, cuenta con una maestría en Gestión Pública en la Universidad del Pacífico. Tiene 19 años de experiencia en el sector público, donde ha tenido varios cargos.
Una de las instituciones en la que trabajó fue la Superintendencia Nacional de Migraciones. Precisamente, debido a su paso por esta entidad como gerente general, aparece en dos informes de la Contraloría General de la República.
El primer documento es el informe 015-2022-2-5996 que está referido a la adquisición directa de un terreno para la oficina de la jefatura zonal de Migraciones en la ciudad de Tarapoto (San Martín). De acuerdo al organismo de control, hubo una serie de irregularidades como no haber contado con la autorización del Consejo Directivo de Migraciones. Además, se validaron informes de valuación de predios sin un análisis técnico y objetivo realizado por el comité de compra.



“Se validaron cotizaciones pese a no estar suscritas por todos los copropietarios del inmueble ofertado; asimismo, se admitió, calificó y otorgó la buena pro a postor con documentación incompleta, transgrediéndose la normativa de contrataciones del Estado, normativa administrativa interna, especificaciones técnicas y las bases administrativas del proceso de selección”, señala la contraloría.
La entidad fiscalizadora indicó que el viceministro Gaiguaray solicitó al despacho de la Superintendencia Nacional de Migraciones que se realice el trámite de adquisición de un terreno en Tarapoto para la entidad, lo cual la oficina de administración y finanzas lo materializó de inmediato. Sin embargo, esta función no le correspondía ya que dicho proceso estaba a cargo del comité de compra.
Además, indica que el funcionario nombrado por el premier Otárola no dispuso que los integrantes del comité de compra, que iban a evaluar la adquisición de un terreno en Tarapoto, sigan viendo ofertas que se presentaban en el mercado para evitar darle la buena pro a un postor, identificado como Javier García Reátegui, que no tenía un registro de poder de la zona que había ofertado para la oficina de Migraciones y, además, que no presentó documentos que certificarán que no existía ninguna deuda correspondiente al pago de arbitrios y servicios, como agua y luz, del predio.
La Contraloría menciona que Gaiguaray omitió sus funciones como gerente general e incumplió las obligaciones establecidas en el reglamento interno de servidores públicos de Migraciones como informar los acuerdos aprobados por el Consejo Directivo.
Cajamarca
Esta situación también se repitió en la adquisición de un terreno en la ciudad de Cajamarca. Según el documento 017-2022-2-5996, también no se respetó lo dispuesto por el Consejo Directivo de Migraciones que señaló que el viceministro Caiguaray no tenía entre sus funciones aprobar propuestas técnicas de compras de predios para la entidad.


Por el contrario, la Contraloría menciona que Caiguaray debió observar y advertir que dicha tarea le correspondía a un comité de compra. Con ello se evitaba seguir con el proceso de adquisición de un predio en la Zona Monumental de Cajamarca cuya ubicación y forma geométrica no era apta para la construcción de una oficina de Migraciones. Además, estaban supeditados a lo que diga el Ministerio de Cultura y la Municipalidad Provincial de Cajamarca debido a que está en el Centro Histórico de la ciudad.
“Pese a ello, decidió continuar con el trámite sugerido por dichas unidades orgánicas, sin velar por el cabal cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo Directivo, lo cual conllevó a que dicho predio no contara con la aprobación del Consejo Directivo de Migraciones”, señala la entidad sobre la actuación del viceministro Caiguaray.
Infobae requirió el descargo del viceministro Caiguaray frente a estos informes de la Contraloría. Sin embargo, al cierre de esta nota, no se obtuvo la respuesta alguna.
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