Al menos doce abogados peruanos intentaron liberar a Pedro Castillo Terrones de su prisión preventiva de 18 meses, al interior del penal Barbadillo, tras el golpe de Estado que cometió el pasado siete de diciembre.
Solo hasta el 26 de enero del presente año, la Corte Superior de Justicia albergaba al menos cinco hábeas corpus a favor del expresidente.
En este contexto, los abogados argentinos Eugenio Raúl Zaffaroni, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y Guido Croxatto fueron integrados hace unos días al equipo legal del exmandatario.
“Está privado de libertad por el delito de rebelión, este requiere alzarse en armas. Él no tenía ningún arma, ni apoyo de las Fuerzas Armadas, al punto que lo detiene su propia custodia. No sé si sería motivo de un juicio político, de un juzgamiento, de una destitución política. (...) Aunque fuese típico de rebelión, tampoco sería realmente punible”, comentó Zaffaroni.
A su vez, Marco Huamán, fiscal supremo provisional del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, aseguró anteriormente que existen indicios de la intención de Castillo por “intervenir con armas las instituciones”.
En su mensaje a la Nación, el profesor cajamarquino aseguró que se “reordenarían” las entidades autónomas como el Ministerio Público - que lo investiga por diversos delitos - el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
“Hubo una orden, del entonces presidente de la república, al comandante general de la Policía Nacional (PNP), un ente armado, (...) Lo dice y reafirma el propio comandante en su declaración testimonial: ‘El presidente indicó que se cierre el Congreso, no se permita el ingreso de ninguna persona y se intervenga a la Fiscal de la Nación’ físicamente”, manifestó el fiscal.
En otro momento, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, este también recordó lo dispuesto por la Corte Suprema, donde se expresa que “lo señalado desde la perspectiva típica del acto de rebelión, lo trascendente es el acto concluyente de la lectura de un pronunciamiento y su propio contenido, de las medidas anunciadas, por quien ese momento ejercía como presidente de la república y, como tal, era Jefe del Estado y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas”.
Perfil y otras polémicas
Eugenio Raúl Zaffaroni (83 años) laboró como magistrado en la CIDH durante cuatro años entre el 2016 y 2022.
El graduado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos Aires, también fue nombrado ministro de la Corte Suprema de Justicia argentina por el fallecido y expresidente Néstor Kirchner.
El diario “La Nación” (Argentina), en agosto del año 2003, reprodujo una entrevista que la publicación “Rolling Stone” le realizó al letrado.
En el diálogo periodístico, este se refirió a su papel como magistrado de la última instancia de control de la constitucionalidad.
“La diferencia es cómo lo encarás. Abrís un expediente y decís: ‘A ver cómo lo zafo a este’. Y si zafarlo no está bien, entonces digo: ‘A ver cómo hago para que la lleve más aliviada’. Abriendo un expediente así, con esa idea, vas a dormir tranquilo siempre”, comentó.
A continuación, manfiestó que “la función del juez penal es contener el poder punitivo, poder decir: ‘Bueno, hasta acá'”.
“En el ejercicio del poder punitivo llega un momento del proceso en que el acusado está solo, todos contra él. Hasta que llega un tribunal que dice: ‘Vamos a ver cómo compensamos eso’”, agregó.
Por otro lado, medios de comunicación como “Clarín” (Argentina) y “El Mundo” (España) reportaron en el 2011 que Zaffaroni se vio inmerso en un gran escándalo, pues sus propiedades fueron denunciadas como presuntos prostíbulos.
Al respecto, este reconoció las acusaciones, sin embargo, aseguró que los inmuebles fueron alquilados a un tercero.
Finalmente, además de Pedro Castillo, otros de los asesorados por este exjuez de la CIDH fueron los expresidentes Evo Morales (Bolivia); Rafael Correa (Ecuador) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil).
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