Diagnóstico de un complicado panorama para la agricultura en el 2023

Es evidente que el año 2022 ha sido nefasto para la agricultura peruana. Después de una pandemia con medidas severas que causaron pérdidas considerables a los hombres del campo, sumado a la presencia de siete (7) ministros de Agricultura en un periodo de 16 meses de Gobierno del expresidente Pedro Castillo, se registró una mengua en 84% de las compras agrícolas, así como una disminución en más de 20 mil hectáreas sembradas en la campaña agrícola de agosto 2021 a marzo 2022 (El Comercio, 2022).

Como consecuencia, la superficie sembrada de los principales cultivos transitorios se ha reducido en 18.8% (La República, 2023) y las intenciones de siembra según cultivo en el periodo de 2022-2023 medido en hectáreas de arroz disminuyó en un 12.1%; la papa, en 12.6%; el maíz amarillo duro, en 25.5%; el trigo, en 17.7%; y la yuca, en 20.5%, por detallar algunos productos.

Esto, aunado al incremento de costos para producir alimentos este año, resulta preocupante. Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA), las consecuencias de la sequía dada entre agosto y noviembre del año pasado están siendo traducidas en la pérdida de cultivos, mortandad de ganado, y en la proliferación de plagas y enfermedades.

En ese sentido, el exministro de Agricultura Von Hesse mencionó que, si bien las lluvias han empezado a regularizarse desde el mes de diciembre, las siembras han decrementado en quinua (-30.5%), papa (-12.1%), maíz choclo (-6.6%) y arroz (-4.9%). Ante esta palpable escasez hídrica, la octava ministra de Agricultura, Nelly Paredes, anunció en el mes de diciembre el ofrecimiento de un bono de sequía, asegurando que el Ministerio de Desarrollo y Riego (Midagri) priorizaría proyectos de siembra y cosecha de agua, construcción de amunas, reservorios y mini reservorios.

Adicionalmente, pese a la urgencia de compra de cara al inicio de la campaña agrícola en julio, Agro Rural anunció el cese de una cuarta adjudicación de compra a la empresa Direcagro por 44 mil toneladas de urea. Es conocido por los expertos que el no tener el fertilizante en campo tendrá un impacto en la producción de los principales productos: arroz (92%), papa (74%) y maíz (59%). El Gobierno, como anticipándose a este resultado, lanzó el bono económico Fertiabono que beneficiaría a unos 370 mil agricultores de menos de 10 hectáreas para que puedan comprar directamente el fertilizante a las casas comerciales. Sin embargo, está demostrado que la entrega de bonos no necesariamente termina atacando el problema principal. Adicionalmente, este Fertiabono se basa en un nuevo padrón en proceso de construcción.

Por último, un punto de discusión que termina de sentenciar la seguridad alimentaria de los peruanos para este año son las manifestaciones y disturbios que se están dando en el país a raíz de las convulsiones políticas dentro del ejecutivo. Estas generan pérdidas millonarias de entre 60 a 100 millones de soles por día en protesta, lo cual es avalado por Diego Macera, del Instituto Peruano de Economía, y Alex Contreras, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) (BBC Mundo, 2022; El Peruano, 2022).

Asimismo, otros cálculos, como el de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), aproximan pérdidas valorizadas en S/ 468 millones (por las protestas en diciembre pasado), equivalentes al 45% de afectaciones en el sector en 7 días de paralizaciones. Todo ello no es ajeno al sector agrícola que experimenta deficiencias en la cadena logística nacional de alimentos generando la posibilidad de desabastecimiento en los principales mercados a nivel nacional (Agraria.pe, 2022).

Complicado panorama para la agricultura este año. Es necesario que el gobierno ofrezca planes sostenidos en el tiempo con participación de gente especializada en el agro peruano, además de un amplio conocimiento de la complejidad de nuestra realidad agrícola. Será clave en este 2023 definir las prioridades nacionales con intervenciones públicas transparentes, reforzar la articulación interinstitucional y buscar un bien común sostenible para atraer nuevamente la inversión pública y privada.