El tamaño que podría tener una nueva concesión de Cobre Panamá, los años de explotación permitidos y las condiciones económicas que exigiría el Gobierno concentraron las inquietudes de analistas financieros internacionales durante la presentación de resultados de First Quantum Minerals.
La compañía reconoció que todavía desconoce las restricciones definitivas y que esos asuntos deberán resolverse mediante negociaciones con las autoridades panameñas.
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La conferencia permitió conocer las preocupaciones del mercado sobre el futuro de la mina, paralizada desde noviembre de 2023. Las preguntas estuvieron relacionadas con las recomendaciones de la Comisión Interministerial, entregadas el 30 de septiembre, que plantean un cierre progresivo y autofinanciado, acompañado de condiciones ambientales y territoriales para cualquier eventual actividad minera.
Uno de los principales puntos de discusión fue la recomendación de impedir nuevas expansiones del área ocupada por la mina y reducir progresivamente su superficie. Esta condición podría modificar las posibilidades de aprovechamiento del yacimiento, aunque el Gobierno todavía no ha definido los límites específicos que estaría dispuesto a aceptar en un eventual acuerdo.
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Myles Allsop, analista de UBS, preguntó a la administración de First Quantum cuánto terreno podría conservar la operación y cómo afectarían las restricciones su vida útil. La inquietud apunta a determinar si la empresa tendría acceso a todos los recursos originalmente contemplados o si una delimitación más estricta reduciría su potencial productivo.
Tristan Pascall, director ejecutivo de First Quantum, respondió que la delimitación territorial deberá aclararse durante las conversaciones con Panamá. Aunque reconoció las recomendaciones de la comisión, evitó anticipar una superficie definitiva y señaló que todavía existen interrogantes sobre las condiciones bajo las cuales podría desarrollarse una eventual operación.
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El ejecutivo explicó que el estudio de impacto ambiental original contemplaba aproximadamente 32 años de explotación, considerando tres áreas mineras principales. Sin embargo, el aumento de las tasas de producción había reducido ligeramente ese horizonte, mientras otras posibilidades de desarrollo del yacimiento no estaban incorporadas en la autorización ambiental original.
La duración de la operación también fue abordada por Anita Soni, analista de CIBC Capital Markets, quien preguntó si la vida útil podría quedar limitada a 25 años y si existiría espacio para nuevas fases de desarrollo. Pascall aclaró que la comisión interministerial no estableció un plazo específico, por lo que no correspondía interpretar sus recomendaciones como una decisión definitiva.
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No obstante, el directivo reconoció que el Gobierno ha planteado una reducción de la huella ambiental respecto de la contemplada bajo la Ley 406, que aprobó el contrato posteriormente declarado inconstitucional. La interrogante es si esa condición permitirá aprovechar únicamente las áreas ya desarrolladas o también recursos que requerirían nuevas intervenciones.
La incertidumbre territorial tiene consecuencias económicas porque la extensión autorizada influye directamente en la cantidad de mineral recuperable y en los años durante los cuales podría mantenerse la producción. Para los inversionistas, conocer esos límites resulta fundamental al momento de evaluar el valor futuro de Cobre Panamá y los recursos necesarios para operar.
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Durante el intercambio, Allsop también preguntó por la reacción negativa de las acciones de First Quantum después de conocerse las recomendaciones gubernamentales. Pascall atribuyó parte del movimiento bursátil a operaciones automatizadas y órdenes de venta ejecutadas en un contexto de bajo volumen de negociación, sin establecer una relación exclusiva con alguna recomendación específica.
La respuesta refleja la sensibilidad del mercado ante las decisiones que puedan modificar las perspectivas económicas del proyecto panameño.
Para First Quantum, el informe interministerial representa una base para iniciar conversaciones, no un acuerdo definitivo sobre la explotación. La empresa considera necesario conocer las prioridades del Gobierno antes de establecer compromisos sobre superficie, duración, producción y las obligaciones económicas que asumiría una eventual operación.
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Otro asunto planteado fue la posibilidad de establecer una estructura jurídica compatible con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional la Ley 406 en noviembre de 2023. Pascall identificó este aspecto como una de las condiciones esenciales para avanzar, junto con los requerimientos ambientales y los términos comerciales.
Richard Garchitorena, analista de Barclays, preguntó cuáles serían los siguientes pasos gubernamentales y cuánto tiempo necesitaría First Quantum para reactivar la mina. La respuesta distinguió entre alcanzar un acuerdo político y completar los procedimientos técnicos, legales y ambientales necesarios para reanudar una explotación que permanece suspendida.
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Pascall sostuvo que cualquier acuerdo debe encontrar un equilibrio entre generar beneficios más tangibles para los panameños, especialmente a nivel local, y reconocer la magnitud de la inversión realizada en Cobre Panamá. El ejecutivo también destacó la importancia de preservar la reputación del país como destino de inversión.
Otros inversionistas también esperan una solución
La participación de terceros vinculados financieramente a Cobre Panamá surgió cuando Anita Soni preguntó por los contactos de First Quantum con Franco-Nevada después de la publicación de las recomendaciones. Pascall no confirmó conversaciones específicas, pero recordó que Franco-Nevada y KOMIR tienen intereses relacionados con el proyecto y deberán considerarse en su resolución.
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Este elemento amplía el alcance de las negociaciones porque el futuro de la mina no afecta exclusivamente a First Quantum y al Estado panameño. También existen compromisos e intereses financieros de otros participantes, aunque la compañía no detalló qué condiciones podrían plantear ni cómo intervendrían en un eventual acuerdo.
Las preguntas de los analistas reflejaron además la necesidad de conocer el calendario de una posible solución. Alain Gabriel, de Morgan Stanley, consultó sobre el tiempo disponible para negociar, considerando que el procesamiento del mineral almacenado tiene una duración limitada y no constituye una autorización para reanudar la extracción.
First Quantum calcula que el material previamente extraído permitirá mantener las actividades autorizadas hasta mediados de 2027. Actualmente quedan aproximadamente 38 millones de toneladas de mineral almacenado, con un contenido estimado de 70.000 toneladas de cobre recuperable, según el informe financiero correspondiente al tercer trimestre.
La empresa comenzó en mayo de 2026 el procesamiento del material acumulado antes del cierre de noviembre de 2023, después de recibir autorización del Gobierno. El permiso permite procesar y exportar ese mineral, pero no contempla nuevas excavaciones, perforaciones ni voladuras, por lo que no representa una reapertura de la explotación minera.
Pascall explicó que la compañía ha preparado distintos escenarios para abordar los asuntos pendientes, aunque necesita conocer las condiciones que establecerán las autoridades. También recordó que First Quantum mantiene suspendidos sus procedimientos de arbitraje y que los ingresos actuales contribuyen a financiar las actividades de conservación de las instalaciones.

Otro interrogante estuvo relacionado con las garantías económicas que podría exigir Panamá para asegurar la rehabilitación ambiental. Christopher LaFemina, analista de Jefferies, preguntó si el Gobierno podría solicitar fondos restringidos, reservas de efectivo u otros mecanismos que permitan cubrir las obligaciones futuras sin trasladar sus costos al Estado.
Ryan MacWilliam, director financiero de First Quantum, explicó que existen diferentes alternativas para garantizar los recursos necesarios para un cierre minero, incluidos fondos específicos y otros instrumentos financieros. Sin embargo, reconoció que la estructura definitiva dependerá de las negociaciones y de las exigencias que establezca el Gobierno panameño.
Este aspecto resulta especialmente relevante porque la comisión interministerial recomendó que el cierre sea ordenado y autofinanciado, sin comprometer recursos del Presupuesto General del Estado. La propuesta contempla evaluar actividades económicas que permitan cubrir la rehabilitación, aunque todavía no se ha establecido cómo funcionarían las garantías ni quién administraría los recursos.
El planteamiento también enfrenta la oposición de organizaciones ambientalistas que rechazan reactivar la explotación para financiar su clausura. Estos sectores consideran que una nueva operación podría contradecir el sentido del fallo de inconstitucionalidad y sostienen que la prioridad debe ser la restauración ambiental, sin otorgar una nueva concesión minera.
En cuanto a la capacidad operativa, Pascall estimó que la mina podría recuperar aproximadamente el 80% de su capacidad entre seis y nueve meses después de recibir las autorizaciones necesarias. Ese período permitiría rehabilitar equipos, incorporar maquinaria y preparar al personal para retomar la extracción, actualmente prohibida.odono

La compañía calcula que una reactivación plena requeriría aproximadamente 250 millones de dólares adicionales, independientes de los recursos destinados al programa de procesamiento autorizado. First Quantum ya rehabilitó sus tres líneas de procesamiento y mantiene 18 de sus 36 camiones de gran capacidad nuevamente en servicio, mientras continúa el mantenimiento.
La empresa reportó que Cobre Panamá generó ingresos por 203 millones de dólares durante el tercer trimestre de 2026, principalmente por la comercialización de concentrado de cobre. Entre julio y septiembre vendió 13.463 toneladas del metal, mientras la producción acumulada entre mayo y septiembre alcanzó 16.445 toneladas, además de oro y plata.
Estos resultados corresponden exclusivamente al aprovechamiento de mineral que había sido extraído antes de la paralización, no a una nueva fase de explotación.
El terremoto también influye en el calendario
La emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7.5 del pasado 9 de octubre también surgió durante las preguntas de los analistas. LaFemina consultó si el desastre podría retrasar las conversaciones, considerando que el Gobierno panameño ha concentrado esfuerzos en atender a las comunidades afectadas.

Pascall confirmó que el terremoto no ocasionó daños significativos en la infraestructura minera ni en los sistemas de protección ambiental, aunque informó que 19 trabajadores perdieron sus viviendas. Reconoció además que la emergencia y las festividades patrias de noviembre podrían influir en el calendario de las conversaciones con las autoridades.
Por ahora, el presidente José Raúl Mulino continúa evaluando las recomendaciones de la Comisión Interministerial junto con sus asesores y el Consejo de Ministros. El documento contiene 17 recomendaciones y seis criterios rectores, pero todavía no existe una decisión gubernamental definitiva sobre el mecanismo que podría aplicarse a Cobre Panamá.
Las preguntas formuladas por UBS, CIBC, Barclays, Morgan Stanley y Jefferies dejan planteados los principales asuntos que determinarán el futuro económico del proyecto: cuánto territorio podrá utilizarse, durante cuántos años, qué beneficios recibirá Panamá y cómo se garantizará el financiamiento de la rehabilitación ambiental.
Hasta que esas condiciones se definan, First Quantum continuará procesando el mineral almacenado bajo la autorización vigente, mientras espera que el Gobierno establezca el camino para una eventual negociación. La discusión ya no gira únicamente alrededor de si la mina podría volver a operar, sino de los límites jurídicos, territoriales, financieros y ambientales que Panamá estaría dispuesto a aceptar.
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