La Policía de Polonia defendió el operativo de seguridad en el Tribunal Constitucional y dijo que se ajustó a la ley

La jefatura de la Policía de Polonia defendió este domingo que el despliegue en torno al Tribunal Constitucional de Varsovia se ajustó a la ley, después de dos jornadas de tensión por una disputa sobre la dirección de la corte y el acceso de nuevos magistrados.

El comandante en jefe del cuerpo, Marek Boron, sostuvo en una carta difundida en redes sociales que los agentes actuaron para preservar la seguridad de quienes estaban dentro de la sede y de las miles de personas concentradas en el exterior. La intervención se produjo el viernes y el sábado, cuando se agravó el conflicto institucional que afecta al tribunal.

Según recogió Europa Press, Boron afirmó que la Policía debe cumplir las funciones que le asigna la ley, entre ellas la protección de la vida, la salud y los bienes, así como la garantía del orden público. El responsable evitó pronunciarse sobre el fondo de la controversia judicial.

Boron rechaza que la Policía tome parte en la disputa institucional

El jefe policial recalcó que la institución no debe alinearse con intereses políticos ni particulares. «La Policía nunca es parte de ningún conflicto», señaló, al definir su papel como una garantía de seguridad para la población.

Boron agradeció la actuación de los agentes e insistió en que el uniforme exige dejar fuera las afinidades políticas. También aseguró que ejercerá de «escudo protector» ante cualquier intento de emplear al cuerpo en acciones ilegales o para favorecer intereses ajenos a su función.

La carta reclama, además, procedimientos transparentes y protección jurídica para los policías que actúan en el ejercicio de sus responsabilidades. El comandante cerró su mensaje con una llamada a preservar la cohesión interna, al considerar que las divisiones comprometen la misión de proteger la seguridad nacional.

La negativa de Nawrocki a juramentar jueces abrió el conflicto

La pugna en el Tribunal Constitucional se remonta a comienzos de año, cuando el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, rechazó tomar juramento a tres de los seis jueces elegidos por el Parlamento. El presidente de la corte, Bogdan Swieczkowski, tampoco permitió que los magistrados designados por la actual mayoría parlamentaria asumieran sus cargos.

La crisis avanzó tras la designación de Maciej Berek, principal asesor jurídico del Gobierno del primer ministro Donald Tusk, como integrante del tribunal. Nawrocki se negó igualmente a juramentarlo.

El viernes, la agencia estatal PAP informó de que Swieczkowski y su adjunto, Bartlomiej Sochanski, habían sido suspendidos por un mes. Sus nombres fueron retirados del sitio web de la corte por orden de la jueza Anna Korwin-Piotrowska, quien anunció ante la televisión polaca que había asumido la presidencia del órgano.

El tribunal denunció una “toma ilegal” de su página web

Poco después de que se modificara el portal, la propia corte sostuvo en sus redes sociales que su página había sufrido una «toma ilegal». El mensaje negó que Korwin-Piotrowska representara al tribunal y advirtió que quienes participen en esas actuaciones podrían incurrir en un delito de golpe de Estado.

Tusk, por su parte, afirmó que restablecer el Estado de derecho es una obligación. El primer ministro sostuvo que, tras años de arbitrariedad, el país ha iniciado un proceso complejo que requiere medidas decididas.