Mulino anuncia que sancionará el lunes la nueva ley de descuentos para jubilados en Panamá

El presidente José Raúl Mulino anunció que el lunes 2 de noviembre sancionará la nueva ley de descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores en Panamá, después de recibir el documento aprobado por la Asamblea Nacional.

La decisión abre paso a la ampliación de beneficios que habían generado controversia entre organizaciones empresariales y representantes de la tercera edad.

A través de sus redes sociales, el mandatario confirmó que recibió el proyecto en el Palacio de las Garzas, conforme a los acuerdos alcanzados con la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, diputados de la comisión legislativa y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. La sanción presidencial está prevista para el lunes, según adelantó.

El anuncio corresponde al proyecto de ley 746, que modifica la Ley 6 de 1987, normativa que establece beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. El documento incorpora nuevos descuentos en servicios de salud, equipos de asistencia y otros gastos esenciales, además de actualizar algunas condiciones para acceder a las rebajas.

La iniciativa surge después de que Mulino objetara totalmente el proyecto 226 el pasado 20 de septiembre, alegando razones de inconveniencia e inexequibilidad. Aquella propuesta, aprobada por la Asamblea en agosto, provocó cuestionamientos de diferentes sectores económicos por las obligaciones que imponía a los establecimientos comerciales.

Entre las principales preocupaciones figuraba el incremento de los descuentos obligatorios sin mecanismos suficientes para compensar a los negocios, particularmente a las pequeñas empresas. Los gremios advertían que las nuevas rebajas podían reducir sus márgenes de ganancia y afectar la sostenibilidad de determinadas actividades comerciales.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá cuestionó el impacto económico de la propuesta anterior, mientras representantes del sector hotelero y farmacéutico expresaron inquietudes sobre su aplicación. El Consejo Nacional de la Empresa Privada solicitó una evaluación técnica de los beneficios, ante sus posibles consecuencias para la actividad económica.

También la Asociación Bancaria de Panamá planteó preocupaciones relacionadas con el acceso al crédito, mientras el Ministerio de Economía y Finanzas examinó las implicaciones fiscales. Estas observaciones contribuyeron a abrir una nueva etapa de conversaciones entre empresarios, autoridades y organizaciones de jubilados, con el propósito de revisar las disposiciones cuestionadas.

Las negociaciones se desarrollaron en una mesa de trabajo instalada en la Asamblea Nacional, donde participaron representantes del Gobierno, comerciantes, empresarios y adultos mayores. El proceso permitió revisar porcentajes, incorporar nuevos beneficios y eliminar disposiciones que habían provocado desacuerdos durante el debate legislativo.

Una de las diferencias más visibles está en los descuentos para restaurantes y establecimientos de comida, que en la propuesta anterior llegaron a plantearse hasta en 35%. El texto aprobado establece una rebaja del 25% sobre el consumo individual, aplicable también a franquicias nacionales e internacionales, con excepción de las fondas.

En medicamentos, la nueva legislación contempla un descuento del 20% sobre el precio de venta, previa presentación de una receta médica a nombre del beneficiario. Para los productos de libre venta, no será obligatorio presentar una prescripción, una disposición que busca facilitar el acceso a tratamientos y productos farmacéuticos.

Los servicios médicos también recibirán beneficios, entre ellos 25% de descuento en consultas generales y especializadas, 20% en exámenes de laboratorio y 30% en servicios radiológicos. Además, se establece una rebaja del 30% para procedimientos, medicamentos e insumos oncológicos, incluidos productos utilizados durante el tratamiento del cáncer.

La normativa incorpora descuentos del 20% en prótesis, sillas de ruedas, muletas, bastones y camas hospitalarias, así como en otros dispositivos de asistencia. También contempla rebajas para el alquiler, reparación y mantenimiento de equipos médicos, destinados a facilitar la movilidad, recuperación y permanencia de los pacientes en sus hogares.

En servicios de telecomunicaciones, internet y televisión por cable tendrán un descuento del 20%, siempre que el contrato residencial esté a nombre del beneficiario y no supere los 50 dólares. La telefonía móvil también recibirá una rebaja del 20% para contratos de hasta 30 dólares, bajo las condiciones establecidas en la ley.

El texto incluye igualmente un descuento del 20% en la tasa de aseo y en la compra de pañales para adultos, además del 25% en ataúdes, urnas y servicios funerarios. Para mejorar la accesibilidad, contempla una rebaja del 15% en determinadas adecuaciones de viviendas, como rampas, barras de apoyo y superficies antideslizantes.

En electricidad, se mantiene el beneficio vigente del 25% para consumos residenciales de hasta 600 kilovatios hora, sin adoptar la ampliación que se había discutido anteriormente. Esta diferencia forma parte de los ajustes introducidos durante la revisión de los descuentos, luego de las observaciones del Ejecutivo y del sector privado.

Uno de los cambios más relevantes ocurrió con el mecanismo de compensación para microempresas que figuraba en la propuesta inicial del proyecto 746. Durante el trámite legislativo se eliminó el fideicomiso destinado a reembolsar descuentos, así como el crédito fiscal transferible del 100% que había sido planteado.

En consecuencia, la ley aprobada no contempla ese sistema de reembolso directo a los pequeños negocios. El articulado mantiene la posibilidad de deducir los descuentos del impuesto sobre la renta, un mecanismo cuya utilidad depende de la situación tributaria de los establecimientos que conceden los beneficios.

Durante la discusión, el diputado Javier Sucre, proponente de la iniciativa, estimó en 270 millones de dólares anuales el valor de los beneficios para jubilados y adultos mayores. Esa cifra representa una estimación del alcance económico de las rebajas, no una asignación presupuestaria destinada a entregar dinero directamente a los beneficiarios.

Los descuentos alcanzarán a jubilados, pensionados y personas que cumplan los requisitos establecidos, incluidas mujeres desde los 55 años y hombres desde los 60. También se contemplan disposiciones para extranjeros con residencia permanente en Panamá, de acuerdo con las condiciones de la normativa.

Aunque Mulino anunció su decisión de sancionar el proyecto, los nuevos beneficios no comenzarán a aplicarse inmediatamente. El documento aprobado establece que la ley entrará en vigor seis meses después de su promulgación, período durante el cual deberán prepararse los procedimientos necesarios para su cumplimiento.

La decisión presidencial permitirá cerrar el proceso legislativo de una reforma que enfrentó objeciones y negociaciones durante varios meses. Su aplicación pondrá a prueba el equilibrio alcanzado entre las demandas de los adultos mayores y las preocupaciones económicas que llevaron al rechazo de la primera propuesta.