Una abogada condenada a 12 años de prisión por estafa agravada y falsificación de documentos deberá cumplir íntegramente la pena.
Un Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la sentencia tras rechazar un pedido de anulación presentado por su defensa.
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El caso lo impulsó la Fiscalía Regional de la provincia de Chiriquí, adscrita a la Procuraduría General de la Nación.
La causa se originó por la apropiación fraudulenta de una finca perteneciente a dos personas adultas mayores.
Los hechos se remontan al 2019, en la comunidad de Bongo, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí. Según la investigación de la Procuraduría, la mujer usó engaños para apropiarse de un terreno que pertenecía a sus víctimas.
Un tribunal la declaró responsable de estafa agravada y falsificación de documentos, delitos vinculados a la maniobra con la que despojó del inmueble a los propietarios.
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A esa pena principal se suma una sanción accesoria: la inhabilitación para ejercer la abogacía durante cinco años. Esa restricción profesional comenzará a correr una vez que la condenada cumpla la totalidad de los 12 años de cárcel.
Tras la condena, la defensa técnica de la abogada presentó una solicitud de anulación de la sentencia. El planteamiento buscaba revertir el fallo dictado en el juicio original.
Los miembros del Tribunal Superior de Apelaciones evaluaron los argumentos expuestos por ambas partes antes de resolver. Luego de ese análisis, decidieron confirmar la sentencia penal en todos sus términos, incluida la pena accesoria de inhabilitación profesional.
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Con esta decisión de segunda instancia, la condena de 12 años de prisión y la inhabilitación de cinco años quedaron en firme. La mujer no podrá ejercer el derecho durante ese período posterior a su reclusión.
La Fiscalía Regional de Chiriquí fue la encargada de sostener la acusación a lo largo de todo el proceso penal. Su trabajo incluyó reunir las pruebas que sustentaron tanto el delito de estafa agravada como el de falsificación de documentos.
La Procuraduría General de la Nación destacó que la confirmación del fallo representa la culminación de esa gestión fiscal. El organismo había impulsado la investigación desde que se detectó la apropiación irregular del terreno en Bugaba.
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El expediente puso el foco en la condición de las víctimas, dos personas adultas mayores que resultaron despojadas de su propiedad mediante un engaño. La utilización de documentos falsos fue el mecanismo identificado para consumar el fraude sobre el inmueble.
La resolución del Tribunal Superior de Apelaciones cierra, al menos en esta instancia, un litigio que combinó el delito patrimonial con el uso de la profesión jurídica de la condenada. La inhabilitación accesoria busca impedir que, una vez libre, pueda volver a ejercer como abogada durante el lustro siguiente a su liberación.
El caso se suma a otros expedientes recientes difundidos por la Procuraduría General de la Nación en Panamá, que en los últimos días también informó sobre detenciones por delitos de robo, maltrato infantil y tentativa de homicidio en distintas regiones del país.
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En todos estos procesos, el organismo destacó que apunta al seguimiento judicial hasta la etapa de apelación como parte de su estrategia de persecución penal.
La confirmación de la condena contra la abogada de la provincia de Chiriquí deja sin efecto, por el momento, cualquier posibilidad de revisión adicional sobre los hechos ocurridos en 2019. La pena de 12 años de prisión y la inhabilitación profesional de cinco años quedaron firmes tras el pronunciamiento del Tribunal Superior de Apelaciones.
En otro caso, se logró la detención provisional de un hombre de 29 años de edad, vinculado presuntamente a los delitos de homicidio doloso agravado y posesión ilícita de arma de fuego.
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Durante la audiencia de solicitudes múltiples, la Fiscalía presentó los elementos de convicción que sustentan la investigación, logrando que el Tribunal de Garantías legalizara la aprehensión, admitiera la formulación de cargo y ordenara la medida cautelar antes mencionada.
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