Buscan impedir que menores víctimas de abuso sexual revivan sus traumas durante los juicios en Panamá

Los niños, niñas y adolescentes que hayan sufrido abusos sexuales podrían declarar una sola vez durante los procesos judiciales en Panamá, mediante un mecanismo que permita preservar sus testimonios como prueba anticipada.

La medida forma parte de una propuesta de reforma al Código Procesal Penal, dirigida a evitar que las víctimas deban repetir los hechos ante diferentes autoridades.

Actualmente, los menores afectados por estos delitos pueden ser entrevistados por policías, fiscales, médicos, psicólogos y jueces durante las distintas etapas de una investigación. Esta situación los obliga a recordar experiencias traumáticas en múltiples ocasiones, lo que puede provocar nuevas afectaciones emocionales y dificultades para reconstruir los acontecimientos denunciados.

El anteproyecto establece un régimen excepcional para recibir las declaraciones de víctimas menores de edad, de manera que la primera entrevista pueda realizarse formalmente ante un juez de garantías. El testimonio quedaría grabado y preservado para su utilización posterior, sin necesidad de convocar nuevamente al niño o adolescente durante el juicio oral

La iniciativa fue presentada ante el pleno legislativo por la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, quien explicó que la declaración podría incorporarse al juicio mediante su reproducción audiovisual o lectura. Con este procedimiento, se pretende evitar que las víctimas deban revivir las agresiones meses después de haber denunciado los hechos.

Uno de los elementos centrales de la propuesta es fortalecer el uso de la Cámara Gesell durante las investigaciones penales. Este mecanismo permite recibir declaraciones en un ambiente especialmente acondicionado, con intervención de profesionales capacitados. La reforma busca otorgar valor de prueba anticipada a la primera entrevista, en lugar de limitarla a una diligencia investigativa.

Castañedas sostuvo que la repetición de entrevistas puede generar revictimización o victimización secundaria, además de afectar la calidad del testimonio. Según explicó, los menores atraviesan situaciones que comprometen su bienestar emocional y requieren procedimientos adaptados a sus necesidades, sin someterlos innecesariamente a nuevas declaraciones sobre los mismos acontecimientos.

La propuesta también aborda las dificultades que pueden surgir durante las primeras etapas de una investigación, cuando la persona sospechosa todavía tiene la condición de indiciada. La diputada advirtió que ciertas notificaciones podrían alertar al investigado, con el riesgo de fuga o destrucción de evidencias antes de completar las diligencias correspondientes.

Por esta razón, el anteproyecto plantea que la primera entrevista tenga carácter jurisdiccional y pueda conservarse como prueba, mediante un procedimiento supervisado por las autoridades judiciales. La intención es evitar que posteriormente se requiera a la víctima para ampliar o aclarar repetidamente su declaración, sin dejar de atender las garantías del proceso penal.

La iniciativa surge mientras Panamá registra un aumento de las denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual. Entre enero y septiembre de 2026, el Ministerio Público contabilizó 5.186 denuncias, frente a 4.679 durante el mismo período de 2025, lo que representa un incremento del 11% en las estadísticas oficiales.

Dentro de estos registros destacan 1.956 denuncias por acceso sexual con personas mayores de 14 y menores de 18 años, categoría que aumentó un 22% respecto al año anterior. También se contabilizaron 1.716 casos de violación y 198 de violación doblemente agravada, según el informe estadístico de la Procuraduría General de la Nación.

Las denuncias por actos libidinosos alcanzaron 866 casos, un incremento del 12% frente a 2025, mientras la corrupción de personas menores de edad acumuló 291 registros, con un crecimiento del 27%. Estas cifras muestran un aumento en varias categorías de delitos sexuales, incluidas conductas que afectan directamente a niños y adolescentes.uso

Otro incremento importante se produjo en las denuncias por pornografía infantil, que pasaron de 47 a 70 casos, equivalente a un aumento del 49%. Las estadísticas también incluyen 27 denuncias por posesión de este material, dentro de las conductas investigadas por las autoridades durante los primeros nueve meses del año.

En la distribución territorial, la provincia de Panamá encabezó los registros con 1.050 denuncias, seguida de Chiriquí, con 825, y Panamá Oeste, con 708. La comarca Ngäbe Buglé contabilizó 619 casos, mientras Bocas del Toro registró 514. Las cifras reflejan la extensión del problema en distintas regiones del territorio nacional.

Por meses, julio presentó la mayor cantidad de denuncias, con 706, seguido de mayo, con 685, y agosto, con 676. En septiembre se reportaron 587 casos. El Ministerio Público señala que las cifras son preliminares y pueden variar conforme avanzan las investigaciones y se actualizan los expedientes.