Condenan en Panamá a un hombre a 33 años de cárcel por asesinato y detienen a otros cinco por homicidio y tentativa de homicidio

Un hombre fue condenado a 33 años de prisión por homicidio doloso agravado y robo agravado, luego de que se comprobara su responsabilidad en un ataque ocurrido en San Miguelito, Panamá, en julio de 2024.

La víctima mortal fue el esposo de una mujer a quien el agresor había despojado de su teléfono celular, según informó la Procuraduría General de la Nación.

El crimen ocurrió el 28 de julio de 2024, cuando el acusado utilizó violencia e intimidación para apoderarse del dispositivo de la mujer. Durante el hecho, disparó contra el esposo de esta, quien sufrió una herida que posteriormente le provocó la muerte, de acuerdo con la investigación presentada por el Ministerio Público.

Durante el juicio oral, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito presentó las pruebas que permitieron establecer la responsabilidad penal del acusado. El Jurado de Conciencia emitió un veredicto de culpabilidad por homicidio doloso agravado, mientras el Tribunal de Juicio lo declaró culpable por robo agravado.

La sentencia de 33 años de cárcel corresponde a ambos delitos, aunque el comunicado oficial no precisó cómo se distribuyó la pena entre las dos conductas.

En otro expediente, un hombre quedó detenido provisionalmente por homicidio doloso agravado y asociación ilícita, tras una audiencia celebrada a solicitud de la Fiscalía Regional de San Miguelito. El caso corresponde a un asesinato cometido el 4 de abril de 2026 en una vereda del sector de Cerro Cocobolo.

Según la investigación, el imputado habría actuado acompañado de otro sujeto y ambos realizaron múltiples disparos contra la víctima, ocasionándole la muerte. Durante la audiencia, la Fiscalía consiguió la legalización de la aprehensión y la formulación de cargos, además de solicitar que permaneciera privado de libertad mientras avanza el proceso.

La medida fue sustentada en los riesgos procesales expuestos por el Ministerio Público, entre ellos el peligro que el investigado podría representar para los familiares de la víctima y la comunidad. La detención provisional no constituye una declaración de culpabilidad, pues el expediente todavía debe continuar las etapas correspondientes del proceso penal.

En Panamá Oeste, otros tres hombres fueron enviados a detención provisional por tentativa de homicidio y asociación ilícita para delinquir. Los hechos investigados ocurrieron la noche del 17 de septiembre de 2026, cuando dos jóvenes de 19 años fueron atacados a tiros en el sector de Koskuna, corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján.

La Fiscalía Regional de Panamá Oeste presentó elementos de convicción ante un Tribunal de Garantías, que evaluó los riesgos procesales asociados con el caso. Entre los argumentos figuraron la posibilidad de destrucción de pruebas y el peligro para las víctimas y sus familiares, además de las circunstancias del ataque armado.

El Ministerio Público no precisó la gravedad de las lesiones sufridas por los dos jóvenes, ni informó sobre su estado de salud actual. Tampoco detalló cuántos disparos se efectuaron o qué habría motivado la agresión, por lo que esas circunstancias permanecen sin aclararse en la información oficial difundida sobre el proceso.

Un cuarto expediente involucra a un adolescente de 15 años, detenido provisionalmente por su presunta participación en un homicidio ocurrido en Villa Grecia, corregimiento de Las Cumbres. El ataque se registró la tarde del 13 de octubre de 2026, apenas tres días antes de que se anunciara la medida judicial.nor

De acuerdo con la Fiscalía Primera Superior de Adolescentes, el menor presuntamente efectuó varios disparos contra un hombre, causándole la muerte. Durante la audiencia, las autoridades judiciales legalizaron su aprehensión y admitieron la formulación de cargos por homicidio doloso agravado, además de imponerle la detención provisional mientras continúa la investigación.

El procedimiento contra el adolescente se desarrolla bajo el régimen penal especial aplicable a menores de edad, distinto del utilizado para procesar a personas adultas. La información divulgada no establece la identidad de la víctima, el posible móvil del crimen ni la relación entre ambos, aspectos que deberán esclarecerse durante las investigaciones.