El director de la Policía Nacional de Honduras, Rigoberto Oseguera Mass, lanzó una advertencia contra las estructuras criminales y pidió poner fin a las medidas que, a su juicio, favorecen la impunidad.
“Basta de alcahueterías con los delincuentes”, expresó al referirse a la nueva ofensiva de seguridad impulsada contra organizaciones señaladas de actividades terroristas.
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El funcionario afirmó que las autoridades buscan fortalecer las investigaciones, agilizar los procedimientos judiciales y conseguir sentencias condenatorias mediante la aplicación del decreto 84-2026, normativa que forma parte de la estrategia para procesar a integrantes de estas estructuras.
Oseguera Mass informó que más de 30 personas procesadas bajo esta disposición ya superaron la audiencia inicial, una etapa que, según explicó, ha permitido a los equipos involucrados adquirir experiencia en la coordinación de las investigaciones y la presentación de pruebas ante los órganos jurisdiccionales.
La estrategia contempla una mayor articulación entre agentes policiales, fiscales y peritos especializados, con el objetivo de sustentar las acusaciones durante las distintas fases del proceso penal.
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El jefe policial manifestó que las autoridades esperan avanzar hacia juicios en plazos más cortos y obtener resoluciones condenatorias contra quienes resulten responsables de los delitos imputados.
Oseguera Mass explicó que la Policía Nacional cuenta con peritos de vinculación certificados, preparados para respaldar las investigaciones y presentar los elementos técnicos necesarios durante los juicios.
Estos especialistas forman parte del esfuerzo institucional para fortalecer los expedientes relacionados con estructuras criminales y mejorar la coordinación entre los organismos responsables de la seguridad y la persecución penal.
El director policial expresó su expectativa de que los casos avancen mediante procedimientos ágiles y que, cuando las pruebas acrediten la responsabilidad penal de los acusados, se dicten las condenas correspondientes.
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La estrategia también incluye la expectativa de un sistema penitenciario rígido para las personas que sean condenadas por delitos relacionados con estas organizaciones.
Otro de los aspectos destacados por Oseguera Mass es el reconocimiento de 24 organizaciones criminales como asociaciones terroristas, una medida que, según afirmó, permite fortalecer la cooperación internacional para perseguir a integrantes de estas estructuras.
El funcionario sostuvo que la clasificación facilita la coordinación con otros países cuando las investigaciones involucran a personas que cruzan fronteras o mantienen vínculos con organizaciones criminales que operan en diferentes territorios.
“Esto es una tendencia mundial. Nosotros mismos hemos reconocido 24 organizaciones criminales como asociaciones terroristas. Eso nos permite y nos coloca en una posición regional y continental articulada”, manifestó.
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Oseguera Mass explicó que, bajo este enfoque, las autoridades hondureñas pueden coordinar acciones con otros Estados para localizar a personas vinculadas con estas estructuras, siempre dentro de los mecanismos legales y de cooperación correspondientes.
“Si un individuo traspasa la frontera, nosotros lo estamos persiguiendo, podemos coordinar con otros países. Si un individuo de esos países viene acá y está relacionado con esas estructuras criminales, lo consideramos un terrorista y lo podemos capturar y remitir a su país o procesarlo en el nuestro”, agregó.
El planteamiento apunta a reforzar la cooperación regional frente a organizaciones que, según las autoridades, pueden aprovechar la movilidad transfronteriza para evadir la acción policial.
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Sin embargo, la captura, extradición o remisión de sospechosos requiere cumplir los procedimientos legales aplicables en cada jurisdicción, además de los mecanismos de cooperación vigentes entre los países involucrados.
El director de la Policía Nacional calificó la actual estrategia como un “momento histórico” para Honduras y llamó a la población a respaldar las acciones dirigidas contra las organizaciones criminales.
Según el funcionario, una política de seguridad débil puede permitir que estos grupos amplíen su control sobre comunidades, actividades económicas y espacios de convivencia, limitando las libertades de los ciudadanos.
Oseguera Mass advirtió que el dominio territorial y social ejercido por estructuras delictivas puede someter a las personas a condiciones que describió como una “esclavitud moderna”.
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