Tribunal Electoral rechaza cambios a las reformas y advierte riesgos para los comicios de 2029 en Panamá

El Tribunal Electoral (TE) lanzó una fuerte advertencia a la Asamblea Nacional y rechazó categóricamente varios de los cambios introducidos al proyecto que reforma el Código Electoral, al considerar que representan retrocesos para el sistema panameño.

El organismo aseguró que no respaldará medidas que pongan en peligro la democracia, la equidad ni la transparencia de las elecciones generales de 2029.

En un comunicado firmado por los magistrados Narciso Arellano, Luis Guerra y Alfredo Juncá, el TE hizo un llamado a los diputados de todas las bancadas para actuar con prudencia.

Aunque reconoció que la Asamblea posee la facultad constitucional de discutir, aprobar o rechazar las leyes, pidió que el interés general prevalezca sobre intereses particulares durante el debate.

El organismo recordó que entregó al Legislativo una propuesta sustentada en los principios de participación, transparencia, equidad y rendición de cuentas, resultado del proceso desarrollado después de las elecciones de 2024.

Para los magistrados, el texto contenía avances importantes que fueron alterados durante su discusión en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.

El proyecto original fue construido después de meses de discusiones en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), donde participaron partidos, representantes de la libre postulación, organizaciones ciudadanas, universidades e instituciones públicas.

De ese proceso surgieron las modificaciones presentadas formalmente por el TE ante la Asamblea para establecer las reglas de los comicios de 2029.

Sin embargo, el documento experimentó una profunda transformación durante el primer debate legislativo. Al proyecto original se le eliminaron artículos, se incorporaron nuevas disposiciones y otras fueron modificadas, mientras el propio Tribunal Electoral advirtió que algunos de esos cambios alteran aspectos fundamentales de la propuesta elaborada previamente.

Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con el dinero privado que puede ingresar a las campañas electorales.

Entre las modificaciones aparece el aumento de los límites permitidos para determinadas candidaturas a diputados y alcaldes, una decisión cuestionada porque puede modificar las condiciones económicas bajo las cuales competirán los aspirantes en 2029.

Los cuestionamientos van más allá de cuánto dinero podrá utilizarse. Diferentes sectores han advertido sobre los controles aplicables al financiamiento político y la obligación de transparentar ingresos y gastos electorales, asuntos especialmente sensibles ante el incremento de los montos. Para el TE, la transparencia en el uso de recursos constituye uno de los principios centrales de la reforma.

Otro cambio objetado por el Tribunal permitiría que una persona elegida para dos cargos conserve simultáneamente la titularidad de ambos, aunque solamente ejerza uno en determinado momento.

La institución incluyó esta modificación entre las disposiciones que considera contrarias a los avances que pretendía introducir el proyecto original de reformas electorales.

La reforma también modifica las condiciones aplicables a funcionarios públicos que aspiran a puestos de elección popular. El TE cuestionó la extensión de los períodos durante los cuales podrían permanecer en sus posiciones antes de separarse para competir, debido a que las reglas deben garantizar condiciones equitativas entre quienes participan en una elección.

La libre postulación constituye otro de los focos de disputa. Las modificaciones introducidas durante el primer debate endurecen determinadas condiciones para quienes buscan competir fuera de los partidos políticos, mientras también cambian requisitos relacionados con organizaciones en formación.

El asunto adquiere relevancia ante el crecimiento de candidaturas independientes registrado en los últimos procesos electorales.

Entre los cambios cuestionados figura el aumento del porcentaje de firmas requerido para determinadas candidaturas por libre postulación, así como modificaciones relacionadas con la conformación de nuevos partidos.

Estas disposiciones han provocado críticas porque elevan las exigencias para ciudadanos y organizaciones que buscan ingresar al sistema político sin estructuras partidarias consolidadas.

La controversia alcanza igualmente la manera como se desarrolló el primer debate. Diputados independientes denunciaron que decenas de modificaciones fueron sometidas a votación sin una discusión individual suficientemente amplia, mientras los responsables de conducir la comisión han defendido el procedimiento utilizado. El trámite terminó trasladando esas diferencias al pleno de la Asamblea.

El documento enviado desde la Comisión de Gobierno también presentó posteriormente inconsistencias relacionadas con disposiciones aprobadas durante el primer debate. Una de ellas involucró un artículo sobre libre postulación, luego de detectarse que el texto remitido no correspondía completamente con lo votado, situación que añadió nuevos cuestionamientos al proceso legislativo.

El proyecto presentado inicialmente por el TE buscaba actualizar la fiscalización, fortalecer los derechos políticos y mejorar las condiciones de competencia electoral, además de modificar asuntos relacionados con adjudicación de curules, financiamiento y participación.

Su propósito declarado era fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana en las elecciones que se celebrarán en 2029.

Ahora será el pleno de la Asamblea donde puedan corregirse, mantenerse o eliminarse las modificaciones aprobadas durante el primer debate. El proyecto de ley 699 todavía debe completar su trámite legislativo, por lo que las reglas definitivas que regirán las próximas elecciones generales aún pueden cambiar durante las siguientes discusiones.

El Tribunal Electoral cerró su pronunciamiento haciendo un llamado a la Asamblea Nacional para pensar primero en la institucionalidad del proceso electoral y en el beneficio de los ciudadanos. Con su comunicado, los magistrados dejaron marcada una posición pública frente a cambios que consideran perjudiciales para la equidad y transparencia de los comicios de 2029.