
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a diez personas nicaragüenses exiliadas en Costa Rica, al considerar que sus derechos a la vida y a la integridad personal enfrentan un riesgo grave y urgente. La decisión quedó formalizada en una resolución adoptada el 20 de septiembre y difundida el 24 del mismo mes.
El organismo solicitó al Estado de Costa Rica que evalúe de manera individual las amenazas que enfrenta cada beneficiario y que adopte mecanismos de protección adecuados.
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La CIDH indicó que las personas afectadas denunciaron alertas de seguridad sobre sus vidas, amenazas y otros hechos de violencia relacionados con la represión transnacional atribuida al gobierno de Nicaragua.
La resolución incluye a Aníbal Enrique Toruño Jirón y a su familia; Hanssel Manuel Vásquez Ruiz; Tania Jeaneth López Rodríguez; Amaru Ruiz Alemán; Eliseo Fabio Núñez Morales y su núcleo familiar, además de una persona periodista nicaragüense cuya identidad permanece bajo reserva.
El Estado costarricense manifestó ante la Comisión su respeto por el mecanismo de medidas cautelares y reconoció su función preventiva. A la vez, sostuvo que no se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH.
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Según la posición estatal, la información disponible mostraba una respuesta diligente y sostenida de las autoridades nacionales, así como la existencia de recursos institucionales para atender las situaciones denunciadas.

La CIDH evaluó los argumentos de ambas partes y concluyó que los beneficiarios continúan expuestos a una situación que amerita protección. El organismo afirmó que, aunque existen mecanismos institucionales disponibles, no cuenta con elementos para confirmar que el riesgo haya sido reducido de forma efectiva.
En ese sentido, señaló que las diez personas todavía enfrentan una amenaza que exige medidas de protección acordes con sus circunstancias particulares. La Comisión no determinó responsabilidades sobre posibles vulneraciones, ya que las medidas cautelares buscan prevenir daños irreparables mientras se analiza la situación.
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Costa Rica deberá acordar las medidas con los beneficiarios
La CIDH pidió a las autoridades costarricenses que realicen una evaluación integral e individualizada del riesgo. Ese análisis deberá tener en cuenta las circunstancias de cada persona, el origen de las amenazas y las actividades que desarrollan en el país.
A partir de esa evaluación, el Estado deberá definir mecanismos de protección que permitan a los beneficiarios continuar con sus labores en condiciones de seguridad. La resolución establece que las medidas deberán ser eficaces e idóneas, de acuerdo con los estándares internacionales aplicables.
El organismo interamericano también solicitó que las medidas se adopten en concertación con las personas beneficiarias. Estas deberán colaborar con las autoridades en el proceso de definición e implementación de las acciones de seguridad.
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La resolución ordena, además, que Costa Rica informe sobre las gestiones realizadas para investigar los hechos que motivaron la medida cautelar y para evitar que se repitan. La CIDH pidió información sobre las acciones adelantadas para esclarecer las amenazas denunciadas.
Una medida preventiva que no resuelve el fondo del caso
Las medidas cautelares constituyen un mecanismo de protección urgente dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión puede emitirlas cuando considera que una persona o grupo enfrenta una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable.
La decisión sobre los exiliados nicaragüenses no implica un pronunciamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano ni anticipa una conclusión sobre la posible violación de derechos protegidos por instrumentos regionales.
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La CIDH, órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene el mandato de promover y defender los derechos humanos en la región. Está integrada por siete miembros independientes, elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, sin representación de sus países de origen o residencia.
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