
Panamá lanzó en 2022 su plan para la reducción de sodio y eliminación de grasas trans, mientras que entre 2000 y 2020 la industria latinoamericana de bebidas retiró 144.000 toneladas de azúcar en Brasil, y en el mismo período Costa Rica alcanzó un cumplimiento del 87% en sus metas de reducción de sodio.
Esos resultados de reformulación industrial se dan en un contexto crítico, asegura la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB), al abordar las predicciones para la industria de alimentos y bebidas en Latineamérica frente al fenómeno de El Niño y el desperdicio de alimentos.
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En muchos países, tres cuartas partes de la ingesta de sodio proviene de alimentos procesados y ultraprocesados, como carnes procesadas, panes envasados, salsas, condimentos y quesos.
El consumo excesivo de sodio y de grasas trans figuran entre las principales causas de muerte y contribuyen a la carga mundial de enfermedades no transmisibles.
No obstante, frente a este escenario la ALAIAB cuestiona los criterios que hoy se usan para clasificar productos como ultraprocesados.

Juliana Cortez, directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de la organización, sostuvo que ese enfoque tiene fallas de origen.
“Etiquetar y restringir alimentos basándose exclusivamente en su nivel de procesamiento físico, utilizando el término ultraprocesado muchas veces de forma ambigua o sesgada, tiene limitaciones metodológicas, dado que el procesamiento en sí mismo no determina la calidad nutricional de un producto”, afirmó Cortez.
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La directiva agregó ante la organización que las políticas públicas necesitan otro punto de partida: “Las políticas deben procurar regulaciones fundamentadas en evidencia científica sólida y criterios objetivos”.
Por eso, ALAIAB impulsa un debate regulatorio apoyado en cinco dimensiones científicas medibles. La entidad sostiene que ese marco aportará reglas claras, fomentará la confianza del consumidor y evitará barreras técnicas al comercio en la región.
El primer criterio que propone medir la industria alimentaria es el perfil nutricional real de cada producto, es decir, su contenido de azúcares, sodio, grasas, fibra y proteínas.

A eso se suma la densidad de nutrientes y el tamaño de la porción recomendada.
Las dos dimensiones restantes, asegura, son técnicas. Una es la inocuidad garantizada mediante estándares como HACCP o ISO 22000, y la otra es la biodisponibilidad de los nutrientes, es decir, la capacidad del organismo de aprovecharlos.
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ALAIAB también destacó el papel de la tecnología y de los ingredientes avalados por organismos independientes, como el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA).
Según la alianza, ese respaldo científico es esencial para avanzar hacia un modelo alimentario más saludable, accesible y sostenible.
Reitera que entre 2000 y 2020, la industria regional logró reducir en un 18,6% el azúcar y un 15,4% las calorías en bebidas no alcohólicas, un proceso que incluyó los retiros de azúcar en Brasil y las metas de sodio cumplidas en Costa Rica.

En cuanto al costo ambiental de tirar comida, sostiene que cada alimento que se pierde o se desperdicia arrastra consigo los recursos usados para producirlo.
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Agua, tierra, energía, mano de obra y capital quedan desaprovechados cuando la comida no llega a la mesa.
El destino final de esos alimentos agrava el problema, pues su eliminación en vertederos genera emisiones de gases de efecto invernadero, lo que contribuye al cambio climático, según precisa la ONU.
El organismo advierte además que la pérdida y el desperdicio de alimentos repercuten en la seguridad alimentaria y en la disponibilidad de comida, y contribuyen a encarecer el costo de la alimentación.
Un sistema alimentario que no es sostenible tampoco puede ser resiliente, según remarcó la ONU. Por ese motivo, la organización insiste en la adopción de enfoques integrados orientados a reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, tanto a escala mundial como local.
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