Ocho nuevas aprehensiones elevan a 15 las capturas por presunto peculado en Panamá

La Fiscalía Anticorrupción aprehendió a ocho personas durante la Operación Orbis, desarrollada en San Miguelito, Panamá Este y Arraiján.

Los investigados habrían recibido cheques de la Junta Comunal de Belisario Porras por más de $100,000, sin que se haya justificado que trabajaron para la entidad, informó la Procuraduría General de la Nación (PGN).

La actuación forma parte de una investigación por presunto peculado en perjuicio de la junta comunal, ubicada en el distrito de San Miguelito, uno de los sectores más populosos del país y con una gran cantidad de problemas sociales.

Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, incorporado al expediente, calcula en $8.098.668,62 la afectación económica al Estado. Esa suma corresponde al caso investigado, no exclusivamente a los cheques atribuidos a los ocho aprehendidos.

Las diligencias incluyeron allanamientos en distintos puntos del país, donde las autoridades localizaron a las personas requeridas y recolectaron indicios para la investigación. La PGN no divulgó sus identidades ni precisó qué funciones, vínculos o participación atribuye a cada una. La Fiscalía deberá presentar los elementos reunidos ante un juzgado de garantías en las audiencias correspondientes.

Orbis representa una nueva actuación dentro del caso de Belisario Porras. En mayo, la Operación Eco Distante dejó siete personas aprehendidas por presuntas irregularidades en pagos de la misma junta comunal.

Tras las capturas de mayo, siete mujeres fueron imputadas por peculado doloso agravado, en grado de complicidad primaria. La Fiscalía sostuvo que habían recibido cheques en más de una ocasión por supuestos servicios sin sustento. Una jueza ordenó detención provisional para tres, retención domiciliaria para dos y notificación periódica para las otras dos.

En aquella audiencia, el Ministerio Público detalló que $7.367.683,17 del monto observado se habían desembolsado bajo el concepto de “servicios prestados”. Según la Fiscalía, los cheques beneficiaron a un grupo de personas sin evidencia de que realizaran esos trabajos. La auditoría también examinó pagos por alimentos, materiales de construcción, apoyo deportivo, ayudas económicas y desembolsos sin documentación.

La investigación comenzó a partir de una denuncia de la Autoridad Nacional de Descentralización sobre el uso de fondos transferidos a la junta comunal mediante el Programa de Interés Social. La Fiscalía solicitó entonces la auditoría a la Contraloría. La revisión de documentos y pagos constituye una parte central del expediente, junto con las diligencias practicadas para identificar a los beneficiarios.

En mayo, la Fiscalía señaló que varias imputadas habían recibido cheques de entre $1.000 y $2.000, en ocasiones con menos de quince días de separación. También indicó que tres cobraron pagos durante períodos en los que estaban nombradas en otras instituciones públicas. Esos señalamientos correspondieron a las imputaciones de Eco Distante; la PGN aún no ha divulgado un desglose equivalente sobre los ocho aprehendidos en Orbis.

Por esta misma causa, dos exfuncionarios de la Junta Comunal de Belisario Porras habían sido imputados en diciembre de 2025 y quedaron bajo detención provisional, de acuerdo con la PGN. Las actuaciones posteriores han ampliado el número de personas investigadas, pero cada situación procesal debe distinguirse: una aprehensión, una imputación y una medida cautelar son decisiones diferentes.

La nueva operación vuelve a poner el foco en la justificación de los pagos hechos con recursos públicos. En Orbis, el señalamiento divulgado hasta ahora es que los sospechosos habrían percibido cheques superiores a $100.000 sin acreditar que laboraban para la junta. Corresponderá a la Fiscalía individualizar los montos y presentar sus pruebas durante las audiencias.

Los ocho aprehendidos serán puestos a disposición del juzgado de garantías, informó la Procuraduría. Allí se conocerán las solicitudes de la Fiscalía y los argumentos de las defensas.

Belisario Porras no es la única junta comunal sometida a una investigación por presunto manejo irregular de fondos en 2026. En marzo, la operación Verades dejó cinco aprehendidos en Veraguas: un exrepresentante, dos extesoreros y dos propietarios de comercios. Las pesquisas abarcan recursos asignados entre 2019 y 2024 por la Autoridad Nacional de Descentralización.

En ese expediente, la PGN estimó una posible afectación de $165.708,59 en la Junta Comunal de Gatuncito y de $167.984,15 en la de Calidonia, en el distrito de Soná. Durante los allanamientos se incautaron un teléfono y libretas de recibos de comercios. Son hechos investigados en otras juntas, con montos y personas distintos a los del caso de San Miguelito.

Otro proceso avanzó en David Centro, provincia de Chiriquí. En agosto, un tribunal de apelaciones ordenó arresto domiciliario para la representante de esa junta comunal por una investigación de presunto peculado doloso agravado. La causa se relaciona con una auditoría sobre fondos destinados a programas sociales durante el período 2019-202.

En Belisario Porras, el dato decisivo de Orbis será cómo vincula la Fiscalía los cheques con cada aprehendido y qué respaldo documental existía para los pagos. La auditoría fija una afectación global superior a $8 millones, mientras la nueva operación señala cobros por más de $100.000. Las audiencias permitirán conocer el alcance concreto de estas imputaciones dentro del expediente.