Cuatro personas fueron arrestadas por las autoridades durante la Operación Centinela, desplegada por presunta posesión de material de abuso sexual infantil.
Los allanamientos fueron efectuados en varios sectores de Panamá Este, Panamá Oeste y San Miguelito, como parte de investigaciones iniciadas el 7 de julio de 2026.
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La acción fue desarrollada por la Fiscalía Metropolitana, la Dirección de Investigación Judicial e Interpol Panamá. Durante las diligencias se decomisaron nueve celulares, ocho computadoras portátiles, siete discos duros y 13 memorias USB, equipos que serán sometidos a análisis pericial dentro de las investigaciones.
La Procuraduría General de la Nación informó que las cuatro personas quedaron bajo conducción para completar las diligencias, pero todavía no comunicó la formulación de cargos ni la imposición de medidas cautelares. Los indicios recabados serán utilizados para determinar la posible vinculación individual con el material localizado.
El operativo ocurre mientras Panamá registra 87 denuncias relacionadas con pornografía infantil y su posesión entre enero y agosto de 2026. El informe estadístico del Ministerio Público contabiliza 64 casos bajo el artículo 184 y otros 23 por posesión tipificada en el artículo 185.
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Las denuncias por pornografía infantil aumentaron de 43 en 2025 a 64 durante 2026, una variación de 49% al comparar los primeros ocho meses de ambos años. En contraste, los registros por posesión disminuyeron de 25 a 23 casos, equivalente a 8%.
Febrero concentró 16 denuncias por pornografía infantil, seguido de marzo con 13 y julio con 10. En cuanto a posesión, junio registró seis casos y julio cinco. En conjunto, ambas conductas representaron casi una cuarta parte de los 366 expedientes correspondientes a corrupción de menores, explotación sexual comercial y otras modalidades.
La provincia de Panamá acumuló 45 denuncias por pornografía infantil y nueve por posesión, la mayor cantidad del país. Chiriquí registró cinco casos de posesión, mientras Panamá Oeste reportó cuatro por pornografía y dos por tenencia. Las cifras corresponden a noticias criminales abiertas por el Ministerio Público.
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El Código Penal establece penas de cinco a diez años de prisión para quien produzca, comercialice, publique, difunda o distribuya material que represente a menores en actividades sexuales. La posesión voluntariamente adquirida para uso propio también puede ser castigada con una sanción de entre cinco y diez años.
Centinela se suma a varios procedimientos ejecutados durante 2026. En abril, la operación internacional Aliados por la Infancia VI dejó siete aprehendidos en Panamá y Chiriquí; posteriormente, seis personas fueron imputadas y tres recibieron inicialmente la medida cautelar de detención provisional.
En febrero, la Operación Córdoba permitió aprehender en Arraiján a un ciudadano panameño investigado por pornografía infantil, corrupción de menores y extorsión sexual. La investigación surgió de información remitida por Argentina y comprende al menos siete posibles víctimas menores de edad en ese país.
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La Operación Depredador también produjo una aprehensión en Parque Lefevre durante mayo, después de que TikTok enviara un reporte al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos. La alerta mencionaba contenido relacionado con diez posibles víctimas menores de edad.
Los tribunales panameños han dictado además varias condenas durante el año. Un antiguo profesor recibió 16 años de prisión por corrupción de menores y posesión de material de abuso sexual infantil, mientras otro procesado fue condenado a 13 años por difusión y posesión en La Chorrera.
El panorama trasciende las fronteras panameñas. UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud advirtieron que la violencia contra menores aparece cada vez más en entornos digitales, aunque la región todavía presenta limitaciones estadísticas. Casi una de cada cinco mujeres latinoamericanas reportó violencia sexual antes de cumplir 18 años.
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WeProtect Global Alliance sostiene que la sofisticación de la explotación sexual infantil en línea avanza más rápido que las medidas de protección. Los espacios cifrados, la extorsión sexual financiera y el empleo de inteligencia artificial obligan a fortalecer la prevención, la cooperación internacional y la respuesta tecnológica.
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