Después de siete meses y once días sin conocerse detalles sobre los resultados de la investigación por presuntos maltratos contra menores de edad en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, el caso registró su primer avance judicial relevante: cuatro exfuncionarios fueron imputados por el delito de maltrato al menor.
La juez de garantías Marlenis Boutet imputó cargos a Ruth Sánchez, exdirectora del CAI de Tocumen, y a otras tres personas responsables de atender a los residentes. La audiencia se realizó de manera reservada debido a que la investigación involucra a menores que permanecían bajo protección del Estado.
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La juzgadora ordenó a los imputados reportarse los días 15 y 30 de cada mes y les prohibió acercarse a las instalaciones del centro. También estableció impedimento de salida del país y la prohibición de utilizar redes sociales mientras continúe el proceso judicial.
La Fiscalía de Familia apeló las medidas cautelares y el recurso será atendido el 6 de octubre. Una quinta persona debía comparecer en la audiencia, pero su imputación fue aplazada debido a que no se presentó. La nueva diligencia quedó programada para el próximo 30 de septiembre.
El expediente comenzó con la denuncia presentada por la diputada Alexandra Brenes el 6 de febrero, después de una inspección realizada junto con personal técnico de la Asamblea Nacional. La visita permitió documentar posibles maltratos, daños estructurales y fallas en la atención de los residentes del albergue.
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Brenes amplió posteriormente la denuncia ante el Ministerio Público con fotografías, videos, informes técnicos y testimonios sobre las presuntas irregularidades. Entre los señalamientos aparecían posibles agresiones físicas y psicológicas, autolesiones, contagios de enfermedades y falta de separación entre menores y adultos en condición vulnerable.
La documentación también describía baños inhabilitados, dormitorios deteriorados, escasez de insumos básicos y ausencia de planes individualizados para atender a cada residente. En aquel momento permanecían 35 personas en el centro: 23 menores y 12 adultos, mientras 21 presentaban alguna discapacidad física, intelectual o psicosocial.
La denuncia llevó al Ministerio Público a realizar una inspección ocular dentro de las instalaciones del CAI y a tomar declaraciones a funcionarios. Los elementos periciales y testimoniales recopilados fueron presentados ante la juez para sustentar la presunta vinculación de los cuatro exservidores con los hechos investigados.
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Renuncia y cuestionamientos a la Senniaf
La controversia alcanzó a la entonces directora general de la Senniaf, Ana Fábrega, señalada directamente en la denuncia por posibles omisiones relacionadas con la supervisión del sistema de protección. Fábrega presentó su renuncia el 3 de marzo, menos de un mes después, y Lilibeth Cárdenas asumió posteriormente la dirección de la institución.
Antes de su salida, también surgieron cuestionamientos por el despido de al menos 17 funcionarios vinculados con la supervisión de albergues. Brenes advirtió que algunos empleados trasladados o destituidos habían sido citados como testigos, una situación que podía debilitar la atención y desincentivar futuras denuncias internas.
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Las críticas aumentaron tras el traslado de 10 jóvenes adultos con discapacidades físicas e intelectuales desde Tocumen hacia el Hogar María Auxiliadora, ubicado en Chitré. Organizaciones y residentes de Herrera solicitaron explicaciones sobre la decisión, mientras las autoridades aseguraron que los trasladados requerían cuidados permanentes y no representaban peligro para la comunidad.
El caso volvió a colocar bajo escrutinio la capacidad estatal para proteger a niños y adolescentes bajo su custodia. Los reclamos se concentraron en la falta de personal especializado, las deficiencias de supervisión y el deterioro de instalaciones, además de la lentitud para comunicar avances concretos de la investigación penal.
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La imputación permite que la causa continúe formalmente, pero no equivale a una condena ni determina la culpabilidad de los investigados. El Ministerio Público deberá sustentar las responsabilidades individuales durante las siguientes etapas, mientras los cinco señalados mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva.
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