Airbnb y otros hospedajes turísticos pagarían un impuesto de 15% en Panamá

Panamá busca establecer un impuesto de 15% sobre los alquileres turísticos de corta estancia, incluidos los ofrecidos mediante plataformas como Airbnb. La medida forma parte del proyecto de incentivos fiscales presentado por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) ante la Asamblea Nacional para iniciar su discusión.

La administradora de la ATP, Gloria De León, explicó los principales componentes de la iniciativa tras participar en un foro organizado por la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL). La funcionaria indicó que el documento fue presentado días antes en la Asamblea Nacional y ahora deberá superar los tres debates establecidos en el proceso legislativo.

El porcentaje de 15% fue incorporado después de las conversaciones sostenidas con representantes del sector hotelero. De León señaló que APATEL había propuesto esa tasa para los alquileres vacacionales, por lo que la ATP decidió incluirla en el proyecto remitido a la Asamblea Nacional.

La obligación alcanzaría los alquileres turísticos ofrecidos por medio de plataformas digitales, aunque los mecanismos de aplicación todavía no están definidos. De León explicó que primero debe aprobarse el proyecto y posteriormente desarrollarse una reglamentación que detalle el registro, cobro, fiscalización y demás responsabilidades de propietarios e intermediarios electrónicos.

La opción considerada por la ATP es que las propias plataformas funcionen como agentes de recaudación, cobren el 15% durante la transacción y posteriormente entreguen los fondos al Estado. Ese modelo facilitaría el cumplimiento porque el propietario no tendría que efectuar directamente el cobro y la transferencia del impuesto.

La incorporación de estas operaciones al sistema tributario ya había sido planteada en el anteproyecto sobre plataformas electrónicas presentado anteriormente por el Ejecutivo. Esa propuesta buscaba cobrar impuestos a diferentes productos y servicios contratados por internet e incluía los alojamientos ofrecidos mediante plataformas como Airbnb, pero posteriormente fue retirada de la agenda gubernamental.

El retiro de aquel anteproyecto no cerró la discusión sobre la tributación de los hospedajes digitales. El tema reaparece ahora dentro de una legislación dedicada específicamente a la actividad turística, con una tasa de 15% y acompañado por incentivos fiscales, mecanismos de supervisión y disposiciones para promover nuevas inversiones fuera de los destinos más desarrollados.

De León afirmó que actualmente los alquileres ofrecidos mediante Airbnb no cuentan con una regulación turística ni una tributación específica, además de que tampoco existe un registro nacional que permita conocer con precisión la cantidad de propiedades disponibles, su ubicación, capacidad y responsables ante las autoridades panameñas.

La ATP estima que existen alrededor de 13.000 unidades ofrecidas mediante Airbnb en Panamá, una cantidad considerable al compararla con las aproximadamente 25.000 habitaciones disponibles en los hoteles. La relación muestra que estas plataformas representan una parte importante del mercado y no solamente una actividad ocasional o de pequeña escala.

La funcionaria aclaró que la aprobación del impuesto no significaría que los alojamientos quedarían autorizados automáticamente para operar. Actualmente, la legislación turística contiene restricciones para los alquileres de corta estancia, por lo que también será necesario definir las condiciones bajo las cuales podrán registrarse y prestar servicios de hospedaje de manera formal.

La ATP trabaja paralelamente en una nueva Ley General de Turismo que deberá incorporar estos alquileres dentro de los registros nacionales administrados por la institución. El objetivo es disponer de un inventario completo de la oferta, establecer requisitos operativos y contar con información para fiscalizar una actividad que ha crecido más rápido que su marco regulatorio.

El registro también permitiría evaluar el impacto de estas unidades sobre la disponibilidad de viviendas. De León advirtió que en otros destinos el crecimiento acelerado de Airbnb ha provocado una reducción de propiedades destinadas al alquiler residencial, situación que puede elevar los precios y dificultar que las familias encuentren viviendas en determinadas ciudades o comunidades.

El presidente de APATEL, Víctor Concepción, confirmó que el gremio había recomendado aplicar una tasa mínima de 15% a los alquileres turísticos. Los hoteleros consideran necesario establecer condiciones que reduzcan las diferencias frente a establecimientos que deben cumplir permisos, inspecciones, obligaciones laborales, inversiones y pagos tributarios de forma permanente.

Concepción dijo que el proyecto de incentivos turísticos permitirá recuperar un mecanismo necesario para atraer inversiones, luego de que los beneficios fiscales anteriores vencieran el 31 de diciembre de 2025.

La iniciativa sustituiría el régimen establecido mediante la Ley 80 de 2012 y modificaría la distribución de las exoneraciones. En lugar de ofrecer condiciones iguales para todo el territorio, el nuevo esquema plantea incentivos diferenciados entre el Caribe y el Pacífico, debido a las brechas existentes en infraestructura y desarrollo turístico.

Los nuevos establecimientos construidos en el Caribe podrían recibir 15 años de exoneración del impuesto sobre la renta y del impuesto de inmuebles. También tendrían beneficios durante cinco años para importar materiales de construcción y por diez años para equipos, mobiliario y otros bienes necesarios para desarrollar y operar los proyectos.

En el resto del país, fuera del distrito de Panamá, los proyectos accederían a diez años de exoneración sobre la renta y los inmuebles, tres años para importar materiales y cinco años para incorporar equipos. La diferencia busca orientar más capital hacia el Caribe, donde la infraestructura turística permanece menos desarrollada que en el Pacífico.

De León indicó que la reforma fue trabajada con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio e Industrias y el Ministerio de la Presidencia. La elaboración también contó con la participación de la Cámara de Comercio, además de consultas con gremios empresariales vinculados a la industria turística.

El proyecto permitiría que los hoteles existentes soliciten incentivos para modernizar sus instalaciones mediante una inversión mínima de $1 millón. El beneficio podría utilizarse hasta dos veces durante un periodo de cinco años, con la finalidad de promover renovaciones, mejorar la calidad de los servicios y actualizar la infraestructura de establecimientos en funcionamiento.

Las exoneraciones tampoco quedarían limitadas a la construcción de hoteles. La propuesta incorpora productos y experiencias capaces de atraer visitantes, como museos interactivos, centros de información, marinas, atracciones temáticas, instalaciones recreativas y proyectos culturales, ambientales o tecnológicos vinculados directamente con la oferta turística de cada región.

El proyecto deberá demostrar que posee una finalidad turística real y capacidad para generar actividad económica, evitando que las exoneraciones terminen favoreciendo inversiones inmobiliarias sin relación directa con el turismo.

La ATP deberá identificar los productos prioritarios para cada zona y evaluar las propuestas presentadas por los inversionistas. El esquema pretende que los incentivos respondan a las necesidades de cada destino, en lugar de aplicar una fórmula idéntica en regiones con condiciones, infraestructura, conectividad y niveles de desarrollo completamente diferentes.

La iniciativa también contempla estímulos para asociaciones y organizaciones que lleven congresos y convenciones internacionales a Panamá. Estos eventos generan ocupación hotelera, consumo en restaurantes, contratación de transporte y visitas a otros lugares, por lo que pueden distribuir los ingresos del turismo entre una mayor cantidad de actividades económicas.

Concepción señaló que la llegada de visitantes aumentó 17,4% durante la primera mitad del año frente al mismo periodo anterior, mientras la ocupación hotelera nacional alcanzó aproximadamente 66%, según datos de la ATP. En el interior, la temporada baja fue menos pronunciada, aunque todavía persisten dificultades para mantener una demanda estable durante todo el año.

El dirigente espera que los vuelos chárter desde Ecuador y las conexiones procedentes de Bogotá, previstas desde el 5 de octubre, contribuyan a mejorar los resultados. Para APATEL, los incentivos deben acompañarse de mayor conectividad aérea, promoción internacional y nuevos productos turísticos que motiven a los visitantes a permanecer más tiempo en Panamá.

De León reconoció que todavía no existe una estimación sobre la inversión que podría generar la nueva legislación. La prioridad, explicó, consiste en colocar al país en mejores condiciones frente a otros mercados turísticos, especialmente aquellos que ya cuentan con incentivos, mayor posicionamiento internacional y una oferta más amplia fuera de sus ciudades principales.

El proyecto incorpora además controles para impedir el uso indebido de las exoneraciones, entre ellos fianzas de cumplimiento, evaluaciones periódicas y contabilidad separada. También contempla supervisión de la ATP y del Ministerio de Economía y Finanzas, trazabilidad para los productos importados y restricciones para evitar la acumulación de beneficios sobre una misma inversión.

Otra disposición plantea crear una ventanilla única con participación de diferentes instituciones públicas. El mecanismo busca facilitar los permisos y trámites requeridos por los proyectos turísticos, sin eliminar las evaluaciones fiscales, técnicas y ambientales que deben realizar entidades como Aduanas, MiAmbiente, el MICI y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Durante su discurso de apertura, Concepción sostuvo que el turismo debe dejar de considerarse una actividad secundaria, debido a su impacto sobre la agricultura, la pesca, la construcción, el transporte y el comercio. También destacó que el gasto de los visitantes introduce nuevas divisas y amplía la recaudación fiscal sin recurrir al endeudamiento público.

El dirigente señaló que Panamá compite con destinos consolidados como Costa Rica y República Dominicana, por lo que necesita incentivos fiscales claros, seguridad jurídica y condiciones estables para atraer inversiones. Afirmó que el turismo debe recibir una atención estratégica similar a la otorgada al Canal, la banca y la Zona Libre de Colón.

El foro abordó la transformación digital, la inteligencia artificial y las nuevas características del viajero internacional, junto con estrategias de mercadeo para hoteles y destinos. La agenda también incluyó turismo comunitario, sostenibilidad, modelos regenerativos y gastronomía, con énfasis en incorporar a las comunidades en los beneficios generados por la actividad.