Nuevos casos de peculado ponen bajo la lupa el manejo de fondos públicos en Panamá

La Fiscalía Anticorrupción abrió un nuevo frente contra el presunto manejo irregular de recursos públicos en Panamá, luego de presentar cargos contra dos exfuncionarios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) y desarrollar allanamientos por supuestas anomalías con fondos del Seguro Educativo. Ambas actuaciones se realizaron el 15 de septiembre y mantienen bajo investigación más de $870,000.

El primer caso involucra a un exdirector y una extesorera de la agencia del Ifarhu en Panamá Este, quienes ya estaban imputados por peculado. La Fiscalía les atribuyó ahora la presunta comisión de blanqueo de capitales, al considerar que incorporaron al sistema financiero dinero procedente de cheques y tarjetas destinados a estudiantes.

La investigación detectó la supuesta apropiación de 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social entre 2021 y 2022. Los documentos habrían sido endosados a comerciantes para convertirlos en efectivo, mientras parte del dinero terminó en cuentas personales de quienes administraban los beneficios educativos.

Los análisis financieros identificaron depósitos sin justificación por aproximadamente $83,967 en la cuenta de uno de los investigados y $26,117 en la otra. Según la Fiscalía, los ingresos salariales de ambos exfuncionarios no permitían explicar esas cantidades, que posteriormente también habrían sido utilizadas para la adquisición de bienes inmuebles.

Un juez ordenó la detención provisional del exdirector por la gravedad del delito, el riesgo de afectar las pruebas y su posible vinculación directa con los hechos. A la extesorera le impuso arresto domiciliario y el uso de un brazalete electrónico, aunque la defensa anunció que apelará la decisión adoptada durante la audiencia.

El peculado ocurre cuando un funcionario se apropia, utiliza indebidamente o permite que otra persona tome dinero o bienes cuya administración le fue confiada por el Estado. En este expediente, el supuesto delito original sería la sustracción de los beneficios, mientras el blanqueo correspondería a las operaciones realizadas para ocultar o justificar la procedencia del dinero.

Ese mismo día, la Fiscalía Superior Anticorrupción ejecutó la operación SEDU II por presunto peculado doloso agravado y blanqueo de capitales. La causa examina una posible lesión patrimonial de $760,951, relacionada con recursos procedentes del 5% del Seguro Educativo y administrados entre los años 2019 y 2023.

Los allanamientos desarrollados en la ciudad de Panamá y San Miguelito dejaron aprehendidos a un funcionario y un exfuncionario. La investigación sostiene que parte del dinero habría sido utilizada para comprar bienes, luego de ser transferida a una organización sindical mediante trámites que supuestamente no contaban con la documentación exigida.

El Seguro Educativo es un fondo creado para financiar programas de enseñanza, capacitación laboral y formación profesional en Panamá. Sus recursos provienen principalmente de una contribución equivalente al 1.25% de los salarios pagada por los trabajadores y otro 1.50% aportado por los empleadores, además de un gravamen aplicado sobre los ingresos de los trabajadores independientes.

El dinero se distribuye entre instituciones como el Ifarhu, el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, para financiar becas, créditos educativos, capacitación técnica y otros programas destinados a estudiantes y trabajadores.

Uno de los investigados estaría relacionado con la aprobación de los procedimientos que permitieron a una entidad pública efectuar los desembolsos. El expediente busca determinar quién autorizó cada transferencia, qué controles fueron omitidos y cuál fue el destino final de los recursos descontados a trabajadores públicos y privados para financiar programas de formación profesional.

Los nuevos casos se agregan a investigaciones de mayor cuantía abiertas o impulsadas durante los últimos dos años. La más elevada corresponde a los auxilios económicos entregados por el Ifarhu, donde el Ministerio Público calcula que beneficiarios se habrían apropiado de más de $51 millones tras incumplir los compromisos establecidos en sus contratos.

La fiscalía anticorrupción atribuye a un exdirector de la institución haber permitido que continuaran los desembolsos o no gestionar las devoluciones correspondientes. El exfuncionario permanece detenido provisionalmente y 34 personas habían sido imputadas hasta agosto de 2026, sin que ello represente todavía una declaración judicial de culpabilidad.

Otro foco de las investigaciones ha sido el uso de los fondos de descentralización asignados a juntas comunales. Hasta finales de 2025, la Fiscalía había calculado una posible afectación de $25.4 millones, vinculada con 36 representantes, exrepresentantes y extesoreros investigados por el manejo de partidas destinadas a obras y programas de interés social.

Entre esos expedientes figura la Junta Comunal de Salud, en Colón, donde una auditoría estableció una posible lesión de $1.4 millones. También se investigan $880,000 en otra junta comunal y más de $815,000 del programa del impuesto de inmuebles en Arraiján, destinados originalmente a financiar proyectos para beneficiar a las comunidades del distrito.

Los expedientes se encuentran en etapas diferentes y comprenden hechos ocurridos en varios periodos, por lo que sus montos no pueden sumarse como pérdidas definitivamente comprobadas.

Sin embargo, muestran la repetición de presuntas irregularidades en programas sociales, educativos y municipales, precisamente aquellos creados para atender a estudiantes, trabajadores y comunidades que dependen de los recursos administrados por el Estado.