A la espera por definir el cierre definitivo o no de la mina de cobre, el gobierno panameño dice que no abandonó la vigilancia en el área

Las autoridades panameñas aseguran que el Estado no abandonó la vigilancia en la mina Cobre Panamá tras su cierre.

Desde principios de 2024, indican que un equipo de más de doce científicos del Ministerio de Ambiente supervisa de manera permanente el sitio en Donoso, provincia de Colón. El seguimiento combina tecnologías como drones, laboratorios móviles y equipos de medición para controlar la calidad del agua, el suelo, el aire y la vida en los ríos aledaños.

El cierre formal del proyecto minero, decretado tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia a fines de 2023, intensificó, de acuerdo con el gobierno, la fiscalización y el monitoreo ambiental, publicando más de una docena de informes técnicos desde que inició este nuevo ciclo de vigilancia.

El gobierno continúa evaluando la situación de Cobre Panamá a través de una Comisión Interministerial, que estudia las dimensiones técnicas, económicas y ambientales del sitio.

La supervisión, coordinada desde la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental (DIVEDA), implica una presencia constante y un control detallado sobre los compromisos adquiridos por la empresa operadora.

Desde la suspensión de operaciones en la mina, el Estado dice haber mantenido un control riguroso para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones ambientales pendientes.

El equipo multidisciplinario, manifiesta, verifica en terreno que la compañía subsane los hallazgos detectados durante auditorías, especialmente en materia de reforestación, restauración ecológica y gestión de residuos.

“No basta con que la mina esté cerrada. Nuestra obligación es estar ahí, con ciencia y con rigor, verificando cada compromiso y exigiendo que se corrija lo que haga falta”, sostuvo Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente.

Enfatizó que la vigilancia no se limita a la revisión documental, sino que implica acciones de campo y el uso de herramientas científicas avanzadas.

La auditoría ambiental, elaborada por el equipo de MiAmbiente y complementada con informes internos de la Societé Generale de Surveillance (SGS) y Dirección Forestal, constató el cumplimiento de una parte significativa de los requerimientos, aunque identificó áreas críticas que requieren acciones correctivas inmediatas.

Según la nota oficial, la institución exige la corrección y verifica la implementación de cada subsanación, manteniendo una comunicación formal y constante con la empresa responsable.

El seguimiento a los compromisos de reforestación detalla que permanecen pendientes 7,375 hectáreas fuera de la huella del proyecto y 3,100 hectáreas dentro de la misma. El ministerio demanda su cumplimiento mediante reforestación directa o compensación monetaria, siempre con la conformidad técnica validada en campo.

La restauración ambiental va más allá de plantar árboles. El Estado exige que la empresa demuestre la efectividad de las medidas de control de erosión y sedimentos, la calidad del agua, la recuperación de ecosistemas acuáticos y la creación de corredores para la fauna. Estas acciones deben probarse con indicadores específicos, metas cuantificables y verificaciones periódicas en sitio.

En cuanto a los incumplimientos históricos, se afirma que la vigilancia gubernamental sigue centrada en temas como el manejo del drenaje ácido, la erosión, la disposición de llantas usadas, el sistema de conducción de relaves, las descargas de aguas, la reutilización de aguas tratadas y la capacidad de almacenamiento de pozas de contacto.

Aunque algunos aspectos han sido objeto de procesos administrativos y sanciones, el ministerio reconoce que aún quedan pendientes varias correcciones demostrables.

El trabajo del equipo científico del Ministerio de Ambiente se inscribe en un contexto institucional más amplio, bajo la coordinación de una comisión interministerial creada en junio de 2026.

Dicha comisión, encabezada por el ministro de Comercio e Industrias e integrada por sus homólogos de Ambiente y Economía, concentra sus esfuerzos en analizar los resultados de la auditoría y garantizar la protección ambiental en el área.

Mientras existan obligaciones ambientales pendientes en la mina de Donoso, el Estado panameño menciona que mantendrá una presencia ininterrumpida en el terreno, respaldada por ciencia y tecnología, hasta que todas las correcciones sean efectivas y comprobables.