Una alerta por terrorismo y un presunto integrante del Grupo Wagner ponen a prueba los controles migratorios en Panamá

En los últimos días, el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá ha sido escenario de varios operativos migratorios que permitieron detener a una persona requerida por terrorismo e impedir el ingreso o tránsito de extranjeros vinculados con antecedentes penales, organizaciones armadas y documentación fraudulenta.

Los procedimientos abarcan ciudadanos de Europa, América Latina, Estados Unidos y Asia, detectados mediante alertas internacionales, verificaciones biométricas y controles documentales.

El caso de mayor impacto fue la aprehensión de una mujer con nacionalidad española y cubana, requerida por Lituania por su presunta vinculación con delitos relacionados con terrorismo. La pasajera llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen en un vuelo procedente de Estambul, Turquía, y tenía previsto continuar hacia La Habana, Cuba, cuando los controles migratorios activaron una Notificación Roja de Interpol.

La alerta internacional había sido emitida a solicitud de la oficina de Interpol en Vilna desde abril de 2025, con el propósito de localizarla y detenerla con fines de extradición.

Las autoridades lituanas la requieren por su presunta participación en un grupo organizado creado para cometer actos terroristas, aunque hasta ahora no han divulgado públicamente su identidad ni mayores detalles sobre los hechos investigados.

Tras confirmarse la vigencia de la orden, el Servicio Nacional de Migración le impidió continuar su tránsito por territorio panameño y la puso a disposición de las autoridades competentes.

El procedimiento se desarrolló en coordinación con Interpol Panamá, dentro de los mecanismos de cooperación utilizados para detectar personas requeridas por delitos graves antes de que ingresen al país o utilicen la terminal como escala.

Migración también negó el ingreso a un ciudadano colombiano que llegó en un vuelo procedente de Bogotá, luego de que las verificaciones revelaran una presunta vinculación con el Grupo Wagner.

El hombre fue devuelto a su punto de origen, debido a que su perfil representaba un posible riesgo para la seguridad nacional, según la información divulgada por las autoridades.

El Grupo Wagner surgió como una empresa militar privada vinculada con operaciones respaldadas por el Kremlin y desplegó combatientes en Ucrania, Siria, Libia, Mali y la República Centroafricana.

Estados Unidos lo designó como organización criminal transnacional, mientras la Unión Europea lo sancionó por torturas, ejecuciones extrajudiciales, intimidación de civiles y explotación de recursos naturales, entre otras violaciones del derecho internacional.

En otros controles, dos ciudadanos colombianos fueron devueltos a su país de origen después de comprobarse antecedentes relacionados con posesión de cocaína y con una red de préstamos asociada a prácticas de extorsión.

También se impidió el ingreso a un estadounidense con antecedentes por posesión de material sexual de menores y a un hondureño con registros penales por delitos contra menores.

Los inspectores migratorios detectaron además varios intentos de utilizar documentación falsa durante el tránsito internacional. Dos ciudadanos chinos con destino a México presentaron tarjetas de residencia italianas que fueron confirmadas como fraudulentas, por lo que se les negó el paso. En otro procedimiento, un tercer pasajero chino fue descubierto con documentos falsos y devuelto conforme a la normativa vigente.

Un ciudadano peruano también fue interceptado porque portaba un pasaporte fraudulento cuya identidad no coincidía con sus datos reales. Al cotejar la información, las autoridades comprobaron que mantenía documentación auténtica que acreditaba su nacionalidad peruana.

En operativos efectuados fuera del aeropuerto, Migración localizó además a personas con estadía vencida, condición irregular y actividades laborales no autorizadas.

Los casos reflejan el reforzamiento de los controles en la principal terminal aérea del país, donde las autoridades cruzan información migratoria, antecedentes penales, alertas internacionales y autenticidad documental.

Las medidas pueden terminar en inadmisión, devolución, detención provisional o entrega a organismos policiales, dependiendo de la situación jurídica del viajero y las órdenes de captura vigentes.

Deportaciones y expulsiones

Entre enero y junio de 2026, Panamá registró 588 deportaciones y expulsiones de ciudadanos extranjeros, de las cuales 330 correspondieron a deportaciones y 258 a expulsiones. Los hombres representaron el 82% de las personas sometidas a estas medidas, con 483 casos, mientras las mujeres sumaron 105, equivalentes al 18% del total.

La principal causa fue el ingreso irregular al país, con 359 procedimientos, seguida por 120 casos vinculados con posesión agravada de drogas. También se registraron 22 medidas por antecedentes penales, 22 por estadía vencida y 15 por reingreso después de una deportación. Otros ocho procedimientos estuvieron relacionados con tráfico ilícito de migrantes y 42 respondieron a distintas causales.

Los colombianos encabezaron las deportaciones y expulsiones con 300 casos, más de la mitad del total acumulado, seguidos por 132 nicaragüenses, 48 venezolanos y 25 ecuatorianos. También figuran ciudadanos de El Salvador, México, República Dominicana, China, Bangladesh y Estados Unidos, en medio de una política enfocada en impedir el ingreso o permanencia de personas que incumplan las normas o representen riesgos para la seguridad.