Destrucción de recursos naturales lidera el aumento de los delitos ambientales en Panamá

El Ministerio Público registró 381 casos criminales por delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial entre enero y junio de 2026, un incremento de 38% en comparación con las 276 denuncias presentadas durante el mismo período del año pasado.

Las estadísticas muestran un aumento de los casos relacionados con la destrucción de recursos naturales, el maltrato contra animales domésticos y los incendios de masa vegetal, mientras algunas provincias prácticamente duplicaron o triplicaron los registros del año anterior.

El informe del Ministerio Público revela que los delitos contra los recursos naturales continúan siendo el principal problema ambiental del país, con 212 investigaciones, equivalentes al 56% del total.

Le siguieron los delitos contra animales domésticos, con 132 casos; los delitos contra la vida silvestre, con 33 investigaciones; y los relacionados con el ordenamiento territorial, con apenas cuatro expedientes.

El delito más frecuente fue la destrucción de los recursos naturales, con 141 denuncias, un aumento de 50% frente a las 94 registradas en el primer semestre de 2025.

Este delito comprende acciones como destruir, contaminar, extraer o degradar recursos naturales en violación de la legislación ambiental y está sancionado con penas de tres a seis años de prisión, que pueden aumentar cuando el daño afecta áreas protegidas, cuencas hidrográficas, recursos hídricos o pone en peligro la salud de las personas.

El segundo grupo con mayor incidencia fue el de delitos contra animales domésticos, con 132 investigaciones, un crecimiento de 76% respecto a los 75 casos reportados en igual período de 2025.

Este delito sanciona los actos de crueldad que ocasionen la muerte o lesiones graves a animales utilizados como mascotas y contempla penas de 100 a 200 días multa o trabajo comunitario, dependiendo de las circunstancias previstas en el Código Penal.

Otro incremento significativo se produjo en los incendios de masa vegetal, que pasaron de tres a 12 investigaciones, equivalente a un aumento de 300%, coincidiendo con la temporada seca que enfrentó el país durante los primeros meses del año.

También crecieron 43% los casos relacionados con el manejo ilegal de aguas residuales, desechos sólidos, líquidos o gaseosos, al pasar de siete a diez investigaciones. Este delito contempla penas de cuatro a ocho años de prisión, especialmente cuando los residuos ponen en peligro el agua, el suelo, la atmósfera o la salud humana.

Las estadísticas también reflejan un incremento de 20% en los casos de tráfico de especies de la vida silvestre, al pasar de cinco a seis investigaciones.

Este delito comprende la comercialización, exportación, importación o transporte ilegal de especies protegidas o en peligro de extinción y puede ser castigado con penas de tres a cinco años de prisión, además de agravantes cuando se trata de especies endémicas o amenazadas.

En contraste, algunos delitos registraron reducciones durante el período analizado. La tala o destrucción de formaciones vegetales en áreas protegidas disminuyó 19%, al pasar de 48 a 39 casos, mientras las investigaciones por construcción de diques o desvíos de cauces sin autorización bajaron de dos a un caso.

También desaparecieron, durante este semestre, las investigaciones por incumplimiento de herramientas ambientales y construcción ilegal en áreas protegidas.

Por distribución geográfica, Panamá encabezó el número de investigaciones con 72 denuncias, seguido por Chiriquí, con 70, y Panamá Oeste, con 59.

Sin embargo, el mayor crecimiento porcentual ocurrió en la comarca Guna Yala, donde los casos aumentaron 300%, seguida por la comarca Ngäbe Buglé, con 250%; Chiriquí, con 159%; Panamá Oeste, con 136%; y Colón, con 131%.

En sentido contrario, Darién registró una disminución de 72%, al pasar de 25 a siete investigaciones, mientras que Los Santos redujo sus casos de 39 a 15, equivalente a una caída de 62%. San Miguelito y la comarca Emberá mantuvieron prácticamente el mismo comportamiento que el año anterior.

El informe evidencia que los delitos ambientales continúan concentrándose en actividades que afectan directamente los recursos naturales y la fauna, en un contexto en el que Panamá enfrenta mayores presiones sobre sus bosques, cuencas hidrográficas y ecosistemas.

Casos recientes como la contaminación del río La Villa, los incendios forestales registrados durante la estación seca y las investigaciones por minería y tala ilegal reflejan el impacto que este tipo de conductas puede tener sobre el ambiente y el abastecimiento de agua para la población.