Panamá realizó un nuevo vuelo de deportación y expulsión con 41 ciudadanos colombianos, en una operación que forma parte de la estrategia del Gobierno para reforzar el control migratorio y combatir la permanencia irregular de extranjeros en el país.
Paralelamente, el Servicio Nacional de Migración (SNM) notificó 48 resoluciones de multa a establecimientos que incumplieron la legislación laboral al contratar personal extranjero por encima de los límites permitidos.
Las dos acciones reflejan el endurecimiento de los controles migratorios y laborales impulsados por las autoridades, que durante el primer semestre de 2026 han deportado o expulsado a 588 personas de distintas nacionalidades.
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El SNM informó que el vuelo realizado con los 41 ciudadanos colombianos se desarrolló en estricto cumplimiento de la normativa vigente y respetando el debido proceso administrativo que rige este tipo de procedimientos.
Aunque en el lenguaje cotidiano ambos términos suelen utilizarse como sinónimos, la legislación migratoria panameña establece diferencias entre una deportación y una expulsión.
La deportación es una medida administrativa aplicada, por regla general, a extranjeros que ingresan o permanecen de forma irregular en el territorio nacional o incumplen las disposiciones migratorias. La decisión es adoptada por la autoridad migratoria y conlleva la salida obligatoria del país.
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La expulsión, en cambio, constituye una medida más severa. Generalmente se aplica cuando el extranjero representa un riesgo para el orden público, la seguridad nacional o ha sido condenado por determinados delitos, además de otros supuestos contemplados en la legislación migratoria.
En estos casos, además de abandonar el país, la persona puede enfrentar restricciones para reingresar a Panamá.
Las estadísticas oficiales muestran que entre enero y junio de este año Panamá registró 330 deportaciones y 258 expulsiones, para un total de 588 medidas migratorias ejecutadas. Los deportados representan el 56% de los casos, mientras que los expulsados equivalen al 44%.
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Los colombianos encabezan ampliamente la lista de nacionalidades sujetas a estas medidas. De acuerdo con las cifras del Servicio Nacional de Migración, 300 ciudadanos colombianos fueron deportados o expulsados durante el primer semestre, cifra que representa poco más de la mitad del total registrado.
Les siguen ciudadanos de Nicaragua, con 132 casos; Venezuela, con 48; Ecuador, con 25; El Salvador y México, con 12 cada uno; República Dominicana, con ocho; China y Bangladesh, con siete respectivamente, y Estados Unidos, con cuatro.
En cuanto a las causas que motivaron las medidas migratorias, el ingreso irregular al país ocupa el primer lugar con 359 casos, seguido por delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad de posesión agravada de drogas, con 120. También figuran antecedentes penales, estadía vencida, reingreso después de una deportación previa y tráfico ilícito de migrantes.
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De manera paralela, el Juzgado Ejecutor del Servicio Nacional de Migración notificó 48 resoluciones de multa a establecimientos comerciales por infringir las normas que regulan la contratación de trabajadores extranjeros.
La medida forma parte de los operativos de fiscalización laboral que buscan verificar el cumplimiento de las disposiciones migratorias por parte de empleadores y empresas.
La legislación panameña establece límites claros para la contratación de personal extranjero. El Código de Trabajo dispone, como regla general, que los trabajadores extranjeros no pueden representar más del 10% de la planilla ordinaria de una empresa.
Existe una excepción para personal considerado especializado o técnico, cuyo porcentaje puede elevarse hasta un 15% de la fuerza laboral, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la normativa y se cuente con los permisos correspondientes emitidos por las autoridades competentes.
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El objetivo de estos límites es proteger el empleo de los trabajadores panameños sin impedir que las empresas incorporen talento extranjero cuando exista una necesidad técnica o especializada.
Las multas notificadas por Migración responden a incumplimientos detectados durante inspecciones realizadas a establecimientos comerciales y forman parte de una estrategia de fiscalización que se ha intensificado en los últimos meses.
Las autoridades no detallaron los montos de las sanciones ni identificaron a las empresas involucradas, pero señalaron que estas acciones buscan fortalecer la seguridad jurídica y garantizar el cumplimiento de las normas migratorias y laborales.
El Servicio Nacional de Migración ha sostenido que el fortalecimiento de los controles no solo busca combatir la migración irregular, sino también prevenir delitos asociados, como el tráfico ilícito de migrantes, la utilización de documentos falsos y otras actividades vinculadas al crimen organizado.
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Con el nuevo vuelo hacia Colombia y las sanciones impuestas a empleadores, el Gobierno mantiene su estrategia de combinar controles fronterizos, medidas administrativas y fiscalización del mercado laboral como parte de la política migratoria implementada durante este año.
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