El destino de Melisa Calito y la custodia de sus hijos se encuentra en juego tras la reclasificación de su causa penal en Matagalpa, donde enfrenta la posibilidad de prisión por lesiones graves.
Según información difundida originalmente por Radio La Primerísima y retomada por 100% Noticias, la Fiscalía agravó los cargos luego de recibir un dictamen privado presentado por el abogado de su esposo, lo que incrementó los riesgos legales y personales para la acusada.
Actualmente, Calito permanece en libertad y mantiene la custodia de sus hijos adolescentes, una medida que le fue otorgada por una jueza de familia, al considerar que los menores no estaban en peligro bajo su cuidado.
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La mujer teme que una eventual condena penal pueda revertir esa protección y provocar su separación de los menores, quienes, según relata, han presenciado durante años un ambiente de violencia en el hogar.
La acusada sostiene que actuó en defensa propia el 8 de marzo, cuando, según su testimonio, su esposo la agredió físicamente durante una discusión.
Explicó que, en medio del ataque, utilizó un bate de béisbol de su hijo para repeler la situación y evitar un daño mayor. “Por primera vez me defendí y ahora quieren hacerme ver como la agresora”, manifestó a Radio La Primerísima, según cita 100% Noticias.
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Este episodio fue el detonante del proceso judicial que ahora amenaza con despojarla de su libertad y de la custodia de sus hijos.
Denuncias previas, contexto familiar y temor a represalias
La historia de Calito no comenzó con el incidente de marzo. Relató que durante más de una década convivió con agresiones físicas, insultos y amenazas.
Aseguró haber presentado tres denuncias por violencia doméstica ante la Policía, pero ninguna prosperó. Además, denunció que, semanas después del hecho investigado, el padre de su esposo la agredió en su propia vivienda y que, posteriormente, tanto su esposo como su suegro cortaron los servicios básicos de la casa, sin que las autoridades respondieran a sus reclamos.
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De origen guatemalteco y con 33 años, Calito llegó a Matagalpa tras casarse en 2013 con Enoc Meza, a quien conoció en 2010. Tiempo después de la boda, según su relato, sus padres entregaron a Meza USD 12 mil para impulsar un negocio de transporte, que posteriormente creció hasta incluir varios vehículos y la vivienda familiar.
Sin embargo, la titularidad de estos bienes se encuentra a nombre de su esposo, lo que, según su testimonio, limita su margen de maniobra económica y refuerza su situación de vulnerabilidad.
En declaraciones reproducidas por los medios, la mujer expresó su mayor preocupación: “A mí me pueden quitar la casa, el dinero o todo lo material, pero que no me quiten a mis hijos”. El temor a perder la custodia, más que la condena penal, es el eje de su angustia, ya que la estabilidad emocional de los menores se ha visto afectada por la conflictividad familiar.
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Estrategia legal y expectativa de justicia ante el proceso penal
Según la reconstrucción publicada por 100% Noticias, la Fiscalía de Matagalpa abrió la causa inicialmente como lesiones leves, pero la presentación de un dictamen privado modificó la acusación a lesiones graves, lo que incrementó la exposición penal y abrió la posibilidad de prisión preventiva.
La acusada sostiene que el proceso judicial pone en riesgo no solo su libertad, sino también la convivencia con sus hijos, quienes han sido testigos de la situación de violencia.
Pese al avance del proceso penal, Calito ha manifestado su decisión de permanecer en Nicaragua. Afirma que ha construido lazos en Matagalpa y mantiene la esperanza de que las autoridades valoren los hechos en su totalidad. “He cultivado amistades aquí y confío en que alguien me va a escuchar y las cosas se van a juzgar conforme como fueron”, expresó.
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El caso, difundido por Radio La Primerísima y ampliado por 100% Noticias, ha puesto en la agenda pública la problemática de la violencia doméstica, la desatención de denuncias previas y los desafíos legales que enfrentan las mujeres que intentan defenderse en contextos de agresión reiterada.
Hasta el momento, la Fiscalía sostiene la acusación por lesiones graves, lo que mantiene en vilo el futuro legal y familiar de la acusada.
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