Guatemala: La Corte de Constitucionalidad autoriza que siga la construcción de la cárcel El Triunfo

La Corte de Constitucionalidad habilitó la continuidad de la construcción de la cárcel El Triunfo en Morales, Izabal, al anular el amparo que mantenía suspendida la obra desde el 27 de marzo de 2026, una decisión que, según el ministro de la Defensa Henry Sáenz, elimina el principal freno legal para levantar la prisión de máxima seguridad destinada a albergar a pandilleros de alta peligrosidad.

La resolución también reordena el escenario judicial que rodeaba el proyecto: Sáenz afirmó que el juez de asuntos municipales deberá resolver el expediente en un plazo de cinco días, conforme a lo ordenado por un tribunal de amparo, y sostuvo que ese trámite ya no compromete el inicio de los trabajos.

Según explicó el funcionario a La Hora, la CC dio lugar al ocurso que presentó el Ministerio de la Defensa Nacional y dejó sin efecto la resolución de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Izabal, que había suspendido temporalmente la construcción de la prisión por un amparo promovido por los riesgos que, de acuerdo con los opositores, podía representar la obra.

Sáenz sostuvo que la decisión del máximo tribunal constitucional permite retomar el proyecto después de varias acciones legales interpuestas por abogados, comunitarios, líderes comunitarios y un juez de asuntos municipales, todos orientados a detener la construcción.

La resolución de la CC dejó sin efecto la suspensión dictada en Izabal

El ministro detalló que la CC resolvió en definitiva el primer amparo presentado por un grupo de abogados. Añadió que los recursos impulsados por comunitarios y líderes comunitarios terminaron por falta de legitimidad.

También informó que la Sala Primera de Instancia Civil y Económico Coactivo de Izabal, constituida como tribunal de amparo, ordenó recientemente al juez de asuntos municipales conocer el expediente vinculado con la construcción, después de que este se negara a tramitarlo.

Para el titular de Defensa Nacional, la resolución constitucional despeja el obstáculo que mantenía detenido el proyecto. “Ahora la Corte de Constitucionalidad ya nos está amparando que podemos construir. Hoy en la tarde tengo una reunión con las dependencias involucradas para definir qué día vamos a empezar la construcción”, dijo al medio.

Ese párrafo responde al punto central del conflicto: la obra puede continuar porque la CC anuló la medida que la frenaba, aunque otros procesos judiciales sigan su curso en instancias distintas.

El Gobierno prevé iniciar la primera fase con movimiento de tierras

Sáenz aseguró que ya no existe ningún impedimento para comenzar los trabajos y señaló que sostendría una reunión con las instituciones involucradas para establecer la fecha de arranque de la obra.

Mientras se resolvían los recursos legales, explicó, el Ministerio de la Defensa avanzó en la calificación de eventos y de las empresas que participarán en la ejecución del proyecto. Por esa razón, la primera fase de la construcción comenzará con el movimiento de tierras.

Sobre el proceso aún abierto en la esfera municipal, el ministro indicó que, si la resolución que emita el juez vuelve a apartarse de la ley, el Estado promoverá un proceso contencioso administrativo.

Aun así, remarcó que ese procedimiento no pone en riesgo el desarrollo del proyecto, porque la decisión de la CC autoriza el inicio de la construcción de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo mientras continúan los procesos judiciales pendientes.

El Gobierno de Guatemala declara reservados por siete años los documentos clave de la cárcel El Triunfo

El Gobierno de Guatemala declaró reservada por siete años la información clave del proyecto de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo en Morales, Izabal: primero cerró el acceso al convenio de construcción entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa Nacional, y luego hizo lo mismo con todo el expediente ambiental, con el argumento de que su difusión pondría en riesgo la estrategia de seguridad y la propia ejecución de la obra.

La prisión prevé una inversión de 1,000 millones de quetzales y 12 módulos con capacidad para 2,074 privados de libertad. El diseño contempla cubículos para dos personas, en lugar de celdas colectivas como las que predominan en otras cárceles de la región.

La segunda decisión fue adoptada por el MARN mediante la Resolución Ministerial 181-2026, emitida el 23 de junio de 2026 y publicada en el Diario de Centro América. El ministerio declaró reservado por siete años todo el expediente del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental de la prisión.

La medida alcanzó la totalidad de la información, los documentos y los actos administrativos que el ministerio reciba o produzca dentro de ese expediente. La resolución fue firmada por la ministra Ana Patricia Orantes Thomas.

El procedimiento respondió a una solicitud del Ministerio de la Defensa Nacional presentada el 4 de mayo de 2026 a través del Oficio número CB-42026006931 DBI/sbms. En ese requerimiento, la cartera pidió activar el procedimiento legal para clasificar como reservado el “Instrumento Ambiental” del proyecto.