El canciller alemán Friedrich Merz presentó el jueves un paquete de 34 medidas de reforma para reactivar la mayor economía de Europa, que incluye recortes fiscales, cambios en el sistema de pensiones y un endurecimiento de las normas sobre bajas laborales.
La coalición gobernante —conservadores y socialdemócratas— acordó tras siete horas de negociaciones aliviar la carga tributaria de las clases bajas y medias. Para financiarlo, eleva el tipo impositivo máximo del 45% al 47% para contribuyentes con ingresos anuales superiores a 280.000 euros ($320.040 dólares), con una desgravación fiscal total de unos 10.000 millones de euros ($11.430 millones de dólares) anuales.
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Una vez implementada en su totalidad en 2028, la reforma supondrá un ahorro de aproximadamente 600 euros ($686 dólares) anuales para una familia con dos padres trabajadores, dos hijos y una renta imponible conjunta de 60.000 euros ($68.580 dólares), de acuerdo con lo anunciado por sus líderes.
“Nos comprometemos a preservar nuestro Estado del bienestar y a aliviar la carga que pesa sobre los trabajadores y las empresas mediante la reducción de los impuestos”, declaró Merz ante la prensa en el jardín de la Cancillería en Berlín. “Queremos volver a encarrilar a Alemania, y ahora está claro que es posible”.
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El paquete contempla el retraso gradual de la edad de jubilación, actualmente fijada entre los 65 y 67 años, en línea con la evolución de la esperanza de vida. La medida sigue las recomendaciones de un panel de expertos designado por el propio gobierno el mes pasado, con el objetivo de evitar una caída en el nivel de las prestaciones y frenar el alza de las cotizaciones laborales.
En materia laboral, las nuevas normas eliminarán la baja por enfermedad solicitada por teléfono y exigirán un certificado médico presencial desde el primer día de ausencia. Hasta ahora, los trabajadores podían ausentarse hasta tres días sin ver a un médico o conseguir un justificante semanal con una simple llamada. Merz ha argumentado que el alto índice de absentismo frena la productividad del país.
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La iniciativa también prevé simplificar los trámites burocráticos, reducir los estándares de protección de datos al mínimo europeo, agilizar la declaración de la renta y reducir la plantilla de los ministerios federales en un 8% mediante digitalización.
La economía alemana acumuló dos años consecutivos de contracción antes de retomar un modesto crecimiento en 2025. Para este año, el gobierno prevé una expansión de apenas el 0,5%, afectada por las consecuencias de la guerra en Irán y por problemas estructurales como los altos costos de producción, la escasa inversión privada y el envejecimiento de la población.
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A eso se suman el avance de las empresas chinas, el encarecimiento de la energía tras la invasión rusa de Ucrania y los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump. El canciller lleva más de un año en el poder con la promesa de reformar el país, pero la coalición acumuló un desgaste considerable por la percepción de que priorizó las disputas internas sobre los resultados.
Las organizaciones patronales celebraron las medidas, mientras que los sindicatos IG Metall y Verdi —los más grandes del país— denunciaron un recorte de los derechos de los trabajadores y acusaron a las autoridades de promover una “cultura de desconfianza” hacia los empleados.
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Alice Weidel, colíder del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), las calificó en X como “concesiones mínimas que no merecen llamarse reformas”. Para Marcel Fratzscher, presidente del instituto económico DIW, “no se trata de un gran avance, sino más bien de un paquete simbólico”, declaró al diario Rheinische Post.
(Con información de AP, AFP y Reuters)
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