Comité técnico pide a Mulino vetar proyecto que cambia ley de protección de arrecifes

El Comité de Arrecifes de Panamá solicitó formalmente al presidente José Raúl Mulino vetar el Proyecto de Ley 571, aprobado recientemente por la Asamblea Nacional, al considerar que la iniciativa podría debilitar la protección de los arrecifes coralinos, los pastos marinos y otros ecosistemas costeros estratégicos del país.

La petición fue presentada mediante una carta enviada el 8 de mayo al Palacio de las Garzas y firmada por representantes científicos y del Congreso General Guna.

En la nota dirigida al mandatario, el Comité sostuvo que el proyecto aprobado “debilita la protección de los arrecifes coralinos y desprotege los pastos marinos y otros ecosistemas asociados como manglares y estuarios, sin ningún sustento técnico y jurídico”.

El organismo pidió que la iniciativa sea devuelta a la Asamblea Nacional para una revisión integral basada en criterios científicos, sostenibilidad ambiental y participación de especialistas.

El Comité de Arrecifes fue creado mediante la Ley 304 de 31 de mayo de 2022 y quedó constituido formalmente a través de la Resolución DM-0243-2025 del Ministerio de Ambiente.

Según la carta enviada a Mulino, está conformado por representantes de instituciones gubernamentales, organizaciones científicas, sector turismo, academia, organizaciones no gubernamentales y pueblos originarios, con el objetivo de formular recomendaciones técnicas para proteger los sistemas coralinos y verificar el cumplimiento de las normas ambientales relacionadas con estos ecosistemas.

En su comunicación, el organismo advirtió que nunca fue consultado formalmente durante la discusión legislativa del Proyecto de Ley 571, pese a que la Ley 304 le otorga atribuciones vinculadas precisamente a la protección de arrecifes coralinos y ecosistemas asociados.

Los miembros del Comité cuestionaron que la iniciativa avanzara hasta tercer debate sin una revisión técnica más amplia ni participación de centros de investigación y especialistas en biología marina.

El proyecto impulsado por el diputado Benicio Robinson busca modificar y adicionar artículos a la Ley 304 de 2022 sobre protección integral de arrecifes coralinos.

Entre sus cambios principales, establece un tratamiento diferenciado entre arrecifes coralinos y pastos marinos. La iniciativa mantiene la prohibición absoluta de actividades que causen daños directos a arrecifes coralinos, pero permite que las actividades en áreas de pastos marinos puedan ser reguladas por el Ministerio de Ambiente bajo criterios técnicos y de sostenibilidad.

La propuesta legislativa fue presentada oficialmente el 17 de marzo de 2026 y aprobada en tercer debate el 29 de abril. En la exposición de motivos, el proyecto sostiene que la legislación actual requiere ajustes para fortalecer la fiscalización, aclarar competencias institucionales y permitir mecanismos diferenciados de vigilancia ambiental en distintas zonas costeras del país.

El texto también argumenta que los arrecifes coralinos y los pastos marinos presentan dinámicas ecológicas distintas y, por tanto, requieren tratamientos regulatorios diferentes. lino

Mientras los arrecifes son descritos como ecosistemas extremadamente frágiles y de recuperación muy lenta, el proyecto señala que ciertos usos en áreas de pastos marinos podrían desarrollarse bajo supervisión técnica estricta.

Uno de los principales focos del debate ha sido Bocas del Toro. El propio proyecto menciona al archipiélago como un ejemplo de “alta vulnerabilidad” debido a la presión turística, navegación intensiva y presencia de arrecifes coralinos de importancia global.

La iniciativa plantea además la posibilidad de instalar boyas de amarre ecológicas para evitar daños provocados por embarcaciones que lanzan anclas sobre arrecifes coralinos.

Durante el primer debate legislativo participaron representantes del Ministerio de Ambiente, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, universidades, asociaciones municipales y organizaciones ambientales.

En esa discusión, representantes del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) advirtieron que el proyecto podría terminar debilitando la protección existente, al trasladar parte de la regulación futura a reglamentaciones posteriores del Ministerio de Ambiente.

El diputado Benicio Robinson defendió la iniciativa argumentando que la Ley 304 de 2022 nunca fue reglamentada y que eso ha impedido su implementación efectiva en las comunidades costeras.

Según explicó durante el debate, el objetivo del nuevo proyecto es dotar de operatividad a la normativa y permitir soluciones prácticas para zonas como Bocas del Toro, donde existen tensiones constantes entre conservación ambiental y desarrollo turístico.

Precisamente, sectores empresariales y turísticos del archipiélago respaldaron modificaciones al marco legal vigente. En un pronunciamiento emitido el 10 de abril, la Cámara de Turismo de Bocas del Toro señaló que la legislación actual, aún sin reglamentación, estaba siendo interpretada en la práctica como una prohibición total de modificaciones, reparaciones o construcciones en áreas con presencia de pastos marinos.

La organización empresarial sostuvo que esta situación afectaría directamente actividades económicas esenciales para Bocas del Toro, incluyendo pequeños muelles, atracaderos, restaurantes y hoteles construidos sobre el mar.

La Cámara de Turismo de Bocas del Toro aseguró además que empresarios, ingenieros ambientales y representantes comunitarios solicitaron construir un marco legal que permitiera “conciliar la protección ambiental con el desarrollo humano”.

Sin embargo, el Comité de Arrecifes sostiene que cualquier flexibilización sobre ecosistemas marinos debe basarse primero en estudios científicos y criterios técnicos sólidos.