El Gobierno de Costa Rica dio un nuevo paso en su intención de acercarse al modelo de seguridad impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, anunció que viajará a El Salvador junto con el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, para visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel salvadoreña convertida en símbolo internacional de la estrategia de mano dura contra el crimen organizado.
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El anuncio fue realizado por Aguilar mediante un video grabado desde el Centro Penitenciario La Reforma, donde además supervisó los avances del Centro de Alta Contención para Occidente (CACO), uno de los proyectos estrella del gobierno de la presidenta Laura Fernández Delgado en materia de seguridad.
“Conoceremos de propia mano la experiencia que está aplicando El Salvador en temas de trabajo para personas privadas de libertad mediante el programa Cero Ocio y asimismo visitaremos el CECOT para conocer cuáles son todas las características, todos los procesos y además todos los retos que han encontrado para traerlos a Costa Rica y aplicarlos en el nuevo centro penitenciario”, afirmó Aguilar.
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La visita ocurre en medio de un contexto de creciente preocupación por la violencia ligada al narcotráfico en Costa Rica y tras reiteradas declaraciones de Fernández, quien ha manifestado públicamente su admiración por el modelo de seguridad implementado por Nayib Bukele.
Durante la campaña electoral y luego de asumir el poder, la mandataria costarricense defendió la necesidad de construir cárceles de máxima seguridad y endurecer las condiciones penitenciarias para líderes criminales y estructuras ligadas al narcotráfico.

El interés de Costa Rica en el esquema salvadoreño no es nuevo. Desde enero de este año, Bukele participó en la colocación de la primera piedra de la nueva cárcel de máxima seguridad costarricense, un proyecto inspirado directamente en el CECOT salvadoreño y desarrollado con asesoría técnica del gobierno de El Salvador.
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El CECOT, inaugurado en El Salvador en 2023, es considerado una de las cárceles más grandes y estrictas de América Latina. Diseñado para albergar a decenas de miles de pandilleros y criminales de alta peligrosidad, el recinto se convirtió en la pieza central de la ofensiva de Bukele contra las maras y el crimen organizado. Sin embargo, el modelo también ha generado fuertes cuestionamientos internacionales por presuntas violaciones a derechos humanos y denuncias sobre detenciones arbitrarias.
Pese a las críticas, el gobierno costarricense insiste en que buscará adaptar únicamente algunos elementos del esquema salvadoreño. Fernández ha señalado en distintas entrevistas que pretende replicar mecanismos de aislamiento de líderes criminales, restricciones de comunicación y fortalecimiento de cárceles de alta contención, aunque aseguró que Costa Rica mantendrá el respeto a las garantías constitucionales.
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Aguilar aseguró que el objetivo es acabar con lo que calificó como “alcahueterías” dentro del sistema penitenciario costarricense.
“No queremos privados de libertad ociosos, queremos privados de libertad que cumplan con sus condenas y que también sean productivos para el país”, sostuvo el ministro.
El jerarca también explicó que una de las razones de su visita a La Reforma fue verificar que los sospechosos vinculados al asesinato de un oficial de Fuerza Pública permanecieran bajo estrictas medidas de máxima seguridad.
Paralelamente, el Gobierno de Costa Rica avanza con la construcción del CACO y del denominado C5, dos megaproyectos penitenciarios y de seguridad que forman parte de la nueva estrategia gubernamental contra el crimen organizado.
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El CACO —Centro de Alta Contención para Occidente— se levanta en el complejo penitenciario de La Reforma, en Alajuela, y está diseñado para recluir a privados de libertad considerados de alta peligrosidad. Según ha explicado el Ejecutivo, el recinto contará con módulos de aislamiento, monitoreo tecnológico permanente y fuertes restricciones de comunicación para impedir que estructuras criminales continúen operando desde prisión.
El proyecto ha sido presentado por el oficialismo como la versión costarricense del modelo salvadoreño impulsado por Bukele. Incluso, medios internacionales reportaron que el nuevo centro podría incrementar en cerca de un 40 % la capacidad penitenciaria costarricense.
Por otra parte, el Gobierno también impulsa el desarrollo del llamado C5, un centro estratégico que pretende integrar inteligencia policial, monitoreo de seguridad y coordinación interinstitucional para combatir el narcotráfico y la criminalidad organizada.
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La administración Fernández sostiene que ambas iniciativas buscan responder al deterioro de la seguridad en el país, marcado por cifras récord de homicidios y una creciente disputa entre bandas narco por el control territorial.
La aproximación de Costa Rica al modelo Bukele, no obstante, sigue generando división en el ámbito político y social. Sectores críticos advierten sobre riesgos de autoritarismo y posibles afectaciones a derechos fundamentales, mientras que el oficialismo defiende que el país necesita medidas “firmes y extraordinarias” frente al avance del crimen organizado.
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