Iraní extraditado por Panamá a Estados Unidos enfrenta 9 cargos federales y una posible condena de 20 años

El ciudadano iraní de 44 años extraditado desde Panamá a Estados Unidos enfrenta nueve cargos federales por su presunta participación en un esquema para evadir sanciones comerciales y exportar tecnología sensible hacia Irán a través de terceros países, según confirmaron autoridades estadounidenses y la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

El acusado, identificado como Reza Dindar, también conocido como Renda Dindar, fue trasladado a territorio estadounidense la semana pasada y compareció ante el Tribunal del Distrito de Estados Unidos en Seattle, donde se le imputaron delitos relacionados con conspiración, contrabando, lavado de dinero y falsificación de registros de exportación, en un proceso que se remonta a una acusación presentada en agosto de 2014.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá confirmó que la extradición fue posible gracias a una operación coordinada con la Policía Nacional de Panamá y la Oficina Central Nacional de INTERPOL, destacando la importancia de los mecanismos de cooperación internacional en materia de seguridad y justicia para enfrentar delitos transnacionales.

Según el comunicado, el caso forma parte de los esfuerzos para frenar la exportación ilegal de tecnología estratégica, una práctica que representa riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos, especialmente cuando se trata de países sujetos a sanciones como Irán.

De acuerdo con la acusación, entre 2010 y 2014, Dindar habría operado una empresa denominada New Port Sourcing Solutions, con sede en Xi’an, China, a través de la cual adquiría productos en Estados Unidos ocultando su destino final, al declarar falsamente que los bienes eran para el mercado chino.

Las investigaciones señalan que el esquema consistía en utilizar a China como país intermediario para desviar productos hacia Irán, violando las restricciones impuestas por órdenes ejecutivas estadounidenses que prohíben la exportación directa o indirecta de bienes, tecnología o servicios hacia ese país.

Uno de los elementos más delicados del caso es que, según la acusación, el acusado y sus cómplices lograron adquirir componentes para sistemas de sonar militar, mediante engaños a proveedores estadounidenses, lo que incrementa la gravedad del caso por tratarse de tecnología con posibles aplicaciones de defensa.

Las autoridades también detallan que el esquema incluyó el envío de aproximadamente $97,600 desde el extranjero hacia Estados Unidos para concretar las compras, lo que sustenta los cargos por lavado de dinero, además de la utilización de documentación fraudulenta para encubrir las operaciones.

El primer fiscal federal adjunto, Charles Neil Floyd, indicó que los implicados creyeron que podían eludir los controles utilizando terceros países, pero que las autoridades lograron identificar el esquema, lo que derivó en la acusación formal y posterior extradición.

Por su parte, funcionarios del Departamento de Comercio de Estados Unidos y de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) señalaron que el caso refleja el compromiso de las autoridades con la aplicación de las leyes de control de exportaciones, especialmente en lo relacionado con la protección de tecnologías sensibles.

Desde el ámbito de seguridad, la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) destacó que la extradición representa un paso importante para garantizar la rendición de cuentas de quienes intentan explotar el sistema comercial estadounidense para beneficiar a actores extranjeros.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá, en su pronunciamiento, agradeció al país por su colaboración en la defensa del Estado de derecho, subrayando que este tipo de acciones conjuntas permite llevar ante la justicia a personas involucradas en actividades ilícitas de alcance internacional.

El arresto del ciudadano iraní se produjo en Panamá en julio de 2025, a solicitud de Estados Unidos, en el marco de los mecanismos de cooperación policial internacional, lo que permitió avanzar en el proceso de extradición y su posterior traslado.

Dindar enfrenta una posible pena de hasta 20 años de prisión si es declarado culpable de los cargos en su contra, aunque las autoridades recordaron que los señalamientos contenidos en la acusación constituyen alegaciones y que el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.

El caso es investigado por el Departamento de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad, la Oficina de Aplicación de Exportaciones y la agencia HSI, mientras que la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia trabajó en conjunto con el Gobierno de Panamá para asegurar la captura y extradición del acusado.