Analizan reformas para hacer más ágil la adopción de menores en Panamá

La Asamblea Nacional inició la discusión del proyecto de ley 570, una iniciativa que busca modificar la Ley 46 de 2013 para agilizar los procesos de adopción en Panamá, en medio de cuestionamientos sobre la lentitud del sistema y el tiempo que niños y adolescentes permanecen en albergues sin acceso a una familia permanente.

La propuesta fue analizada en una mesa técnica liderada por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia. Durante la jornada participaron representantes del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENIAF), el Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, quienes revisaron los cambios planteados para fortalecer el marco legal y garantizar el interés superior del menor.

El debate se centró en cómo hacer más eficientes y transparentes los procedimientos sin debilitar los controles.

El propio documento legislativo reconoce una de las principales fallas del sistema: los procesos de adopción en Panamá son “largos y tediosos” debido a la burocracia y cuellos de botella administrativos, lo que retrasa la integración de los menores a un entorno familiar .

Esta situación ha sido señalada de forma reiterada por autoridades y especialistas como uno de los factores que desincentiva a potenciales adoptantes.

Las cifras reflejan la dimensión del problema. De acuerdo con datos oficiales citados en la exposición de motivos, en 2025 había 52 niños, niñas y adolescentes en estado de adoptabilidad, de los cuales 31 presentaban alguna discapacidad.

Este último grupo enfrenta mayores dificultades para ser adoptado, lo que prolonga su permanencia en centros de acogida o en modalidades de cuidado alternativo.

Aunque el número de menores declarados adoptables es relativamente bajo, el sistema enfrenta otro desafío: la cantidad de niños que permanecen en albergues a la espera de procesos administrativos o judiciales es significativamente mayor.

Diversos reportes institucionales han señalado que cientos de menores viven bajo protección del Estado, muchos de ellos sin haber sido declarados formalmente en condición de adoptabilidad, lo que retrasa aún más su posibilidad de integración familiar.

En los últimos años, las adopciones en Panamá han mantenido un ritmo limitado. Las estadísticas públicas reflejan que el país registra decenas de adopciones anuales, una cifra baja en comparación con la cantidad de menores en el sistema de protección.

Este desfase evidencia que el problema no radica únicamente en la disponibilidad de niños adoptables, sino en la estructura del proceso y su duración.

El proyecto de ley 570 plantea cambios concretos para enfrentar estas limitaciones. Entre ellos, establece la obligación de reportar en un plazo de 24 horas los casos de menores en posible situación de abandono o sin acceso a familia, con el fin de activar de manera más rápida la intervención de la SENIAF.

Además, busca acelerar la declaratoria de adoptabilidad, reduciendo tiempos en etapas clave del proceso.

Otro de los ajustes propone que, en casos de niños con padres desconocidos, el expediente administrativo y la solicitud judicial se tramiten en un plazo máximo de 60 días, lo que representa un intento por evitar demoras prolongadas en la definición del estatus legal del menor.

Estas medidas apuntan a recortar tiempos críticos que actualmente pueden extenderse por años.

El proyecto también refuerza la prioridad del reencuentro familiar cuando sea posible, así como la búsqueda de familiares biológicos o extendidos antes de proceder con la adopción.

Este enfoque mantiene el equilibrio entre la protección del menor y el respeto a sus vínculos familiares, alineándose con estándares internacionales en materia de niñez.

Sin embargo, expertos coinciden en que la lentitud del sistema no responde a un solo factor. Entre las principales causas se encuentran la fragmentación institucional, la falta de coordinación entre entidades, los procesos judiciales extensos y la limitada capacidad operativa para evaluar a los adoptantes.

A esto se suma la preferencia de muchas familias por adoptar niños pequeños, lo que deja en desventaja a adolescentes o menores con condiciones especiales.

El resultado es un sistema donde, pese a la existencia de normas claras, la ejecución enfrenta obstáculos estructurales que afectan directamente a los menores.

En este contexto, la discusión del proyecto de ley busca no solo actualizar la legislación, sino también generar un marco que permita procesos más ágiles, efectivos y centrados en el bienestar del niño.

La iniciativa se mantiene en fase de análisis legislativo y deberá pasar por los debates correspondientes en la Asamblea Nacional.

Su aprobación dependerá de lograr consensos entre los distintos actores del sistema, en un tema donde el principal desafío sigue siendo reducir los tiempos sin comprometer la seguridad jurídica y la protección integral de los menores.

La discusión de este proyecto de ley se da en un contexto en el que el ojo público vuelve a centrarse en la situación de los albergues en Panamá, tras nuevas denuncias de presunto maltrato, abuso y condiciones inadecuadas en centros bajo supervisión estatal, particularmente aquellos vinculados a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Estas alertas no son recientes: desde 2021 se han documentado denuncias por abusos sexuales y maltrato contra menores en albergues, muchas de ellas reiteradas sin una respuesta estructural definitiva por parte del Estado.