PEI-GT:La elección del fiscal general se convierte en prioridad para la estabilidad democrática de Guatemala

El Panel de Personas Expertas Independientes realizó un llamado contundente a fortalecer la transparencia y la idoneidad en la designación del próximo fiscal general de Guatemala, advirtiendo que este proceso será decisivo para evitar el avance de la injerencia política, la corrupción y el crimen organizado dentro del sistema de justicia. Durante su tercera misión en el país, los integrantes del panel, entre ellos José Ugaz y Jaime Arellano, presentaron conclusiones y recomendaciones, subrayando que el destino democrático de Guatemala dependerá de las garantías implementadas en la selección, según expusieron en una conferencia retransmitida por Impunity Watch en Español.

Solo el seis por ciento de los casos investigados por el Ministerio Público de Guatemala logran llegar a la fase de judicialización, reveló Ugaz en la misma presentación ante Impunity Watch en Español. Esta proporción, considerada “muy débil” frente al contexto regional, evidencia carencias estructurales que, para el panel, sólo podrán ser abordadas si se nombra a una figura con independencia y competencia probadas.

El grupo fue enfático al señalar que la elección del fiscal general resulta una “prioridad absoluta” para la estabilidad futura del Estado. Ugaz recalcó ante Impunity Watch en Español: “Aquí se está jugando mucho más que elegir una corte de cinco miembros o un fiscal general, sino que tiene que ver con la viabilidad democrática del país”.

Como parte de su agenda, el panel sostuvo reuniones con Bernardo Arévalo, presidente de la República, delegados de la Unión Europea, representantes de pueblos mayas, familiares de los líderes de los cuarenta y ocho cantones recientemente detenidos y el ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos, Roger Rigault. Se incluyeron, además, encuentros con la comunidad universitaria (Universidad de San Carlos) y el colectivo Voces en el Exilio, conformado por operadores de justicia forzados a salir del país a raíz de acciones penales promovidas por el Ministerio Público.

Deficiencias de transparencia y criterios exigidos para la selección

El panel resaltó que, pese a la existencia de mecanismos de transparencia superiores respecto a la Corte de Constitucionalidad, subsisten opacidades en el procedimiento. Jaime Arellano denunció la publicación tardía de expedientes de los aspirantes en la web de la Comisión de Postulación, señalando que ello dificultó el escrutinio ciudadano y la formulación informada de tachas. “La publicación debió haber ocurrido con suficiente antelación al período de formulación de tachas”, afirmó Arellano.

El próximo fiscal general, puntualizó el panel, debe demostrar independencia frente a los poderes reales y fácticos, honorabilidad, integridad y competencia jurídica sólida, además de un fuerte apego a los principios democráticos y la protección de los derechos humanos. Entre los impedimentos innegociables señalaron: sanciones internacionales, investigaciones fundadas por delitos graves, antecedentes de actuaciones contrarias a los derechos humanos, reincidencia en cargos similares previos o recibir sanciones de colegios profesionales.

Admisión limitada de objeciones y recomendaciones para el tramo final del proceso

Entre las recomendaciones, el panel indicó que todos los nombres elevados a la nómina final para consideración del presidente reúnan estándares de meritocracia y estén libres de cualquier cuestionamiento ético, penal o administrativo. Destacó el valor de la publicación de los expedientes y tachas en la web de la Comisión, pero instó a que las justificaciones de cada decisión —tanto para aceptar como para rechazar tachas— se hagan públicas junto con la tabla de gradación, que se prevé será difundida la próxima semana.

Respecto a la selección definitiva, el panel planteó que la decisión del presidente de la República esté motivada de manera explícita y se haga pública la fundamentación concreta de por qué se eligió a la persona seleccionada, dada la trascendencia institucional del cargo. “El presidente nos ha expresado su clara intención de elegir a la mejor persona con argumentos meritocráticos”, destacó Arellano a Impunity Watch en Español.

El panel también alertó sobre rumores de potenciales acciones judiciales encaminadas a obstaculizar la toma de posesión de magistrados electos a la Corte de Constitucionalidad, y reclamó medidas efectivas que impidan cualquier intento de manipulación dirigido a entorpecer el proceso de designación.

La ausencia de resoluciones motivadas para la aceptación o el rechazo de tachas y objeciones representa, según la evaluación del panel, una vulneración de los estándares básicos internacionales y mina la credibilidad tanto del procedimiento como de los candidatos finalmente seleccionados.