Avanza en Panamá proyecto que aumenta descuentos a jubilados y pensionados

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate los proyectos de ley fusionados que buscan ampliar los beneficios económicos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en Panamá, una iniciativa que reabre el debate sobre el equilibrio entre protección social y sostenibilidad del sector privado.

La propuesta, impulsada por varios diputados, plantea modificar y ampliar la Ley 6 de 1987, que ya establece descuentos obligatorios para este grupo poblacional.

Actualmente, los jubilados —mujeres desde los 57 años y hombres desde los 62— tienen acceso a rebajas que van desde 15% hasta 50% en servicios como transporte, restaurantes, hoteles, servicios médicos y medicamentos, entre otros.

Sin embargo, el documento base del proyecto revela que estos beneficios se consideran insuficientes frente al aumento del costo de vida, especialmente en rubros críticos como alimentos y salud. Según la exposición de motivos del proyecto, más de 200,000 jubilados reciben ingresos por debajo de la canasta básica, lo que limita su acceso efectivo a estos descuentos.

Entre los beneficios vigentes para jubilados y pensionados en Panamá destacan descuentos de 20% en medicamentos, 15% en servicios de hospitales y clínicas privadas, 25% en restaurantes y 15% en establecimientos de comida rápida con franquicia.

En transporte, la ley contempla 30% en autobuses interurbanos, trenes, lanchas y barcos, y 25% en pasajes aéreos. También se reconocen rebajas en servicios públicos, como 25% en electricidad, agua y telefonía residencial, bajo condiciones y topes establecidos por la norma.

En alimentos, los beneficios están más concentrados en el consumo en restaurantes o fondas, pero no existe una política directa de descuento amplio en supermercados.

Los proyectos fusionados buscan profundizar y ampliar el esquema vigente de beneficios, incorporando nuevos rubros y elevando varios de los descuentos actuales. Entre los cambios propuestos figura un descuento de 40% en medicamentos, así como una rebaja de 40% en insumos, dispositivos y otros productos para la salud e higiene humana.

La iniciativa también refuerza los beneficios en servicios financieros, al plantear reducciones en tasas de interés, cargos, comisiones y seguros aplicados a préstamos personales, comerciales, hipotecarios y tarjetas de crédito.

Además, se incluyen descuentos de hasta 50% en servicios como internet, televisión por cable y licencias, así como rebajas en vestimenta, calzado y productos básicos, lo que en la práctica amplía el impacto directo en el gasto diario de los jubilados.

También se refuerzan beneficios en transporte, turismo y recreación, con descuentos que alcanzan el 35% en boletos aéreos y 50% en hoteles.

El punto crítico no está en los beneficios en sí, sino en cómo se financian. La legislación vigente establece que estos descuentos son deducibles como crédito fiscal del impuesto sobre la renta, es decir, en teoría el Estado compensa a los comercios.

Sin embargo, el sector privado ha reiterado que ese reconocimiento no se da con rapidez ni claridad, generando un impacto directo en su flujo de caja.

Este es precisamente el foco del conflicto actual. Comerciantes y pequeñas empresas advierten que un aumento en los descuentos obligatorios sin un mecanismo eficiente de compensación podría traducirse en pérdidas operativas, especialmente en sectores con márgenes estrechos como farmacias, restaurantes y comercio minorista.

Ante este escenario, la comisión legislativa decidió citar al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de Ingresos, con el objetivo de analizar la viabilidad fiscal del proyecto y atender las inquietudes del sector empresarial. La medida refleja que el debate ya no es solo social, sino técnico y fiscal.

Desde el punto de vista político, los diputados defienden la iniciativa como un acto de justicia social, argumentando que los jubilados han quedado rezagados frente al aumento de precios.

También plantean sanciones para las empresas que incumplan los descuentos, con multas que pueden alcanzar los $10,000, lo que añade presión al sector privado.

El dilema es claro: mientras el proyecto busca mejorar el poder adquisitivo de más de 300,000 jubilados, también introduce riesgos sobre la operatividad de miles de negocios, especialmente si el Estado no garantiza la devolución o compensación de los montos otorgados en descuentos.

En términos económicos, el impacto dependerá de dos variables clave: la capacidad fiscal del Estado para absorber estos beneficios y la velocidad con la que se reconozcan los créditos fiscales a las empresas. Sin estos elementos, el sistema podría generar distorsiones, trasladando costos indirectos a precios o reduciendo la oferta de servicios.

La discusión apenas comienza. Con la aprobación en primer debate, el proyecto avanza, pero queda pendiente el análisis técnico que definirá si Panamá puede sostener un esquema más amplio de beneficios sin afectar la dinámica del sector privado.