Quinto informe sobre mina de cobre en Panamá reporta 84% de avance y detecta fallas en reforestación y publicación de reportes

La auditoría integral al proyecto Mina de Cobre Panamá, operado por Minera Panamá S.A., subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, alcanzó un avance acumulado de 84,83% al cierre del quinto informe mensual, pero el documento deja claro que la revisión aún no ha concluido y que los resultados consolidados, la matriz de riesgos y el cuadro definitivo de hallazgos serán presentados en el informe final.

El reporte, entregado el 13 de marzo de 2026, establece que el proceso sigue en fase de validación integral, mientras el Estado mantiene suspendida la explotación de la concesión minera.

En el componente ambiental, el informe precisa que, de un universo de 370 compromisos derivados del Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, el equipo auditor había analizado 147 compromisos a la fecha de corte.

Al mismo tiempo, identifica 223 compromisos pendientes de incorporación documental y cierre de validación dentro del proceso auditor. El propio documento añade que parte de lo ya revisado todavía no ha sido incorporado plenamente al informe porque permanece en fase final de validación integral con los distintos especialistas de la auditoría.

Eso significa que el informe 5 no contiene todavía un inventario final y cerrado de incumplimientos globales por parte de la empresa, pero sí expone que la auditoría avanza sobre una base todavía incompleta y que los hallazgos consolidados no han sido emitidos.

El capítulo de hallazgos relevantes y matriz de riesgos indica expresamente que el equipo auditor está en etapa de construcción, trazabilidad y justificación técnica de los hallazgos, mientras la matriz de riesgos continúa en estructuración para clasificar la relevancia, el impacto potencial y el nivel de exposición de cada observación.

Uno de los puntos más delicados del informe aparece en la recomendación preliminar sobre la potencial generación de drenaje ácido de rocas (DAR). La auditoría identifica la presencia de material extraído de mediana y baja ley que todavía no ha sido procesado y que se mantiene expuesto a aire, agua y condiciones climáticas.

El documento advierte que, por la presencia de minerales sulfurosos, esa exposición puede generar drenaje ácido y elevar la concentración de metales en aguas superficiales y subterráneas, con un riesgo que se agrava mientras el material permanezca en sitio sin remoción ni tratamiento.

La advertencia no se queda en una formulación general. En el análisis del compromiso 13260, la auditoría señala que la permanencia prolongada de estos materiales incrementa su potencial de generación de DAR y menciona como medidas de mitigación la remoción oportuna del material, el manejo adecuado de drenajes y la implementación de mecanismos de protección y neutralización.

Más adelante, en el capítulo de recomendaciones finales preliminares, SGS vuelve a insistir en que el manejo del material acopiado, incluido su eventual tratamiento, remoción o procesamiento, podría constituir una medida técnicamente viable para mitigar o eliminar esos riesgos, sujeto a evaluaciones técnicas y regulatorias.

First Quantum Minerals reportó que en Cobre Panamá, en Donoso (Colón), mantiene almacenadas alrededor de38 millones de toneladas e roca mineralizada extraída antes de la suspensión de operaciones.

En biodiversidad, el informe también documenta vacíos que pesan sobre la evaluación del cumplimiento. En la revisión del compromiso 13228, la auditoría reconoce que hubo acciones de reforestación por compensación ecológica y de rescate de flora, pero señala que estas se desarrollan de manera fragmentada, concentradas en parcelas reducidas y sitios específicos, sin que se evidencie una estrategia integral de compensación orientada de forma explícita al mantenimiento del nivel de biodiversidad de la ecorregión.

El reporte añade que no se identifican indicadores consolidados para medir efectos sobre conectividad ecológica, recuperación funcional de ecosistemas, estabilidad de poblaciones prioritarias ni beneficios sociales y económicos asociados.

A partir de esa revisión, el propio informe concluye que la información presentada por la empresa no permite verificar de manera integral el cumplimiento del compromiso relacionado con el mantenimiento del nivel de biodiversidad mediante compensaciones ambientales con impacto ecológico, económico y social suficiente.

Esa frase tiene peso técnico, porque ya no se trata solo de una recomendación de mejora, sino de una limitación expresa de la auditoría para confirmar el cumplimiento integral en uno de los componentes más sensibles del proyecto.

En el área de reforestación y educación ambiental, la auditoría encontró otra debilidad. Aunque reconoce que el personal del proyecto mantiene capacidades técnicas y que se han desarrollado actividades de difusión y capacitación, el informe indica que estas acciones se han ejecutado de manera puntual y asociadas a distintas iniciativas, sin un esquema estructurado, homogéneo y trazable que garantice su implementación como componente específico en cada proyecto de reforestación.

Además, el documento subraya que no se identifican lineamientos definidos, criterios mínimos ni mecanismos de planificación que permitan asegurar la aplicación sistemática de estas acciones y su seguimiento con parámetros estandarizados.

Otro hallazgo relevante aparece en el compromiso 13273, vinculado a la transparencia y la divulgación pública de resultados socioambientales. Allí la auditoría establece que, para el período evaluado con corte a 2023, no se evidenció la publicación de reportes anuales de monitoreo socioambiental en los términos exigidos por el compromiso.

Aunque la empresa mantuvo boletines, contenidos en medios y acciones de comunicación con comunidades y público general, el informe precisa que esas iniciativas no equivalen a la publicación formal de reportes anuales, por lo que limitan el cumplimiento integral del componente de transparencia establecido en esa obligación.

En el componente social también aparecen observaciones de ejecución incompleta. Al revisar el compromiso 13325, la auditoría señala que la empresa mantiene coordinación con instituciones como MIDES, MEDUCA, MINSA, MIDA e IDAAN, y reconoce acciones concretas, como una gira médica en Los Molejones en febrero de 2025.

Sin embargo, el mismo apartado añade que aún no se evidencia la implementación completa de todos los planes de compensación previstos, una conclusión que deja abierto un frente de revisión sobre el cumplimiento pleno de las medidas sociales comprometidas por el proyecto.

El informe 5 también reitera, en numerosos subprocesos operativos y de soporte, que las observaciones sobre aspectos legales, laborales, tributarios, técnicos y operacionales se mantienen en análisis multidisciplinario y contraste integral para el informe final, lo mismo que la identificación de riesgos y oportunidades de mejora.

La auditoría trabajará con rangos que van desde “Cumplimiento/Optimizado” hasta “No cumple/Inexistente”, pasando por categorías intermedias como “Cumplimiento mayor/Gestionado”, “Cumplimiento parcial/Definido” y “Cumplimiento inicial/Ad hoc”.

Aunque el informe aclara que los ejemplos incluidos en esa tabla son meramente ilustrativos y no constituyen resultados, la estructura muestra que el cierre de la auditoría no será binario, sino que podrá ubicar cada subproceso o compromiso en distintos grados de madurez y cumplimiento.

El resultado de esta auditoría es uno de los elementos que espera el gobierno de José Raúl Mulino para decidir sobre el futuro de la operación minera. La concesión permanece detenida desde noviembre de 2023, luego de que la Corte Suprema de Justicia, en un fallo unánime de sus nueve magistrados, declarara inconstitucional el contrato aprobado en octubre de 2023 por considerar que violaba múltiples artículos de la Constitución.

El propio informe explica que los resultados de la auditoría serán un insumo para la toma de decisiones estratégicas del Estado panameño y recalca que el informe final deberá ser una herramienta sólida, clara, coherente, trazable e imparcial.

En esa misma línea, el capítulo 13 indica de forma expresa que los resultados de la Auditoría Integral se presentarán en el informe final, mientras la sección de riesgos confirma que la matriz general y su escala de valoración quedarán para el Informe Mensual No. 6.

En términos concretos, el quinto informe deja tres hechos centrales sobre la mesa. El primero es que la auditoría ya superó el 84% de avance, pero todavía no está cerrada. El segundo es que solo 147 de 370 compromisos habían sido analizados a la fecha de corte, mientras 223 seguían pendientes de incorporación documental y validación.

El tercero es que, aun sin presentar todavía los hallazgos finales consolidados, el documento ya registra observaciones sensibles sobre riesgo de drenaje ácido, debilidades en compensación de biodiversidad, falta de trazabilidad estructurada en reforestación, vacíos en transparencia socioambiental y planes de compensación social incompletos.