Defensoría del Pueblo de Panamá registra una transparencia desactualizada

Con datos estancados en algunos casos desde hace 15 años, el nodo de transparencia de la Defensoría del Pueblo de Panamá se encuentra desactualizado en un 80%, enturbiando la transparencia que como un derecho tienen los ciudadanos para vigilar la rendición de cuentas de los gobiernos.

El nodo de transparencia debe servir para que las entidades públicas registren datos sobre la con­tra­ta­ción y desig­na­ción de fun­cio­na­rios, así como de la pla­ni­lla y gas­tos de repre­sen­ta­ción, además de los cos­tos de via­jes, emo­lu­men­tos o pagos en con­cepto de viá­ti­cos.

De 70 entidades gubernamentales registradas, solo 15 tie­nen la pla­ni­lla actualizada a marzo de 2026, revela una información del diario La Estrella de Panamá, suscrita por la periodista de investigación Mary Triny Zea.

Entidades como el Banco de Desa­rro­llo Agro­pe­cua­rio y la Asamblea Nacional, por ejem­plo, registran información “actualizada” hasta el 2011, mientras que el Sis­tema Nacio­nal de Pro­tec­ción Civil (SINAPROC) lo hizo en 2012, el Regis­tro Público en 2013 y el Minis­te­rio de Obras Públi­cas, así como el Órgano Judi­cial repor­ta­ron sus datos por última vez en 2016, según la publicación, basada en el por­tal del nodo de transparencia.

La Ley 6 de 2002 de transparencia en la gestión pública y hábeas data manifiesta que es deber de la administración pública exponer y someter al escrutinio de la ciudadanía la información relativa a la gestión pública, al manejo de los recursos que la sociedad le confía, a los criterios que sustentan sus decisiones y a la conducta de los servidores públicos.

De igual manera, obliga a los servidores públicos a responsabilizarse individualmente de sus actos en el ejercicio de sus funciones y en la comunicación de los resultados de su gestión ante la sociedad. Esta obligación de rendir cuentas, añade, también les corresponde a los cuerpos directivos colegiados de las instituciones públicas.

La legislación también sostiene que toda la información que emana de la administración pública es de carácter público, por lo cual el Estado deberá garantizar una organización interna que sistematice la información, para brindar acceso a los ciudadanos y también para su divulgación a través delos distintos medios de comunicación social y/o de Internet.

El artículo 11 de la Ley 6 de 2002 de transparencia en la gestión pública y hábeas data manifiesta que será de carácter público y de libre acceso a las personas interesadas, la información relativa a la contratación y designación de funcionarios, planillas, gastos de representación, costos de viajes, emolumentos o pagos en concepto de viáticos y otros, de los funcionarios del nivel que sea y/o de otras personas que desempeñen funciones públicas.

Eduardo Leblanc, actual defensor del pueblo y quien aspira a relegirse en el cargo, ya que a finales de marzo se le venció su periodo, se mostró en primera instancia sorprendido de la revelación del medio impreso, negando que los datos estuvieran desactualizados desde el 2011.

“De 2011 jamás, puede ser que haya un problema de sistema”, declaró Leblanc.

Aclaró que la información aportada por las entidades gubernamentales a la Defensoría del Pueblo es “voluntaria”.

Se conoció que en algún momento la información transparentada que ofrecía la Defensoría del Pueblo fue elogiada por autoridades de la región, a tal punto que la iniciativa fue adoptada en el manual de buenas prácticas institucionales de las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica.

Para la activista de derechos humanos y miembro de Alianza Ciudadana, Magaly Castillo, el nodo de transparencia “se ha dejado a un lado, como muchos otros”, por lo que “no hay excusa para que nosotros tengamos esa página así”, desfasada.