La fuga de Melvin Perdomo del centro preventivo de Chuimekená llevó a los 48 Cantones de Totonicapán a exigir en junio de 2026 una investigación penal y administrativa contra los custodios y autoridades que, por acción u omisión, hayan permitido la evasión, al considerar que el caso compromete la seguridad de las comunidades del departamento.
La Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones informó en su comunicado que se declaró en estado de alerta y asamblea permanente.
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La organización advirtió que, si no observa acciones concretas e inmediatas, se reserva el derecho de aplicar medidas amparadas en el Derecho Consuetudinario para resguardar el orden y la justicia en su territorio.
El privado de libertad fue reportado como ausente durante un conteo rutinario realizado esta semana en el Centro Preventivo para Hombres de la cabecera departamental. Según medios locales citados en el texto fuente, la fuga habría ocurrido el miércoles 17 de junio de este año.
La respuesta oficial inmediata quedó en manos de la Policía Nacional Civil. El subcomisario Ovidio Hernández, de la Comisaría 44 de la PNC, informó, según el texto fuente, que ya se activaron operativos de búsqueda para localizar al prófugo, cuyo paradero sigue sin conocerse.
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Los 48 Cantones pidieron acciones al gobernador, la PNC, el Sistema Penitenciario y el MP
La organización indígena dirigió sus exigencias a tres niveles del Estado. Al gobernador departamental le pidió asumir de inmediato su papel de liderazgo en seguridad y coordinar planes de contingencia reales y efectivos como presidente del Consejo Departamental de Desarrollo.
A la PNC y al Sistema Penitenciario les reclamó la recaptura del fugado y una reestructuración urgente de las estrategias de vigilancia y patrullaje en todo el municipio y el departamento. En el pronunciamiento, los 48 Cantones sostuvieron que la evasión vulnera la paz y la tranquilidad de la población.
La exigencia más concreta recayó sobre el Ministerio Público. En el comunicado, la Junta Directiva pidió “una investigación exhaustiva, transparente y rigurosa para deducir responsabilidades penales y administrativas contra el personal que se encontraba de turno y cualquier autoridad que, por acción u omisión, haya facilitado la evasión de la justicia del mencionado reo”.
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La organización se define a sí misma como asamblea soberana y máxima autoridad del pueblo de Totonicapán. Desde esa posición, presentó el caso como una falla institucional que excede el hecho puntual de la fuga y que, a su juicio, obliga a revisar la custodia y el control dentro del recinto carcelario.
El comunicado calificó la evasión como una presunta negligencia en los protocolos de seguridad
Los 48 Cantones afirmaron en su comunicado que la salida del recluso “evidencia una grave e inaceptable debilidad, falta de control y presunta negligencia en los protocolos de custodia y seguridad” del centro preventivo. El texto fue dirigido a la opinión pública nacional e internacional y a los medios de comunicación.
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En otro pasaje del pronunciamiento, la organización recordó a las autoridades que “el pueblo de Totonicapán es un pueblo pacífico pero organizado”. La advertencia buscó dejar constancia de que el reclamo no se limita a una denuncia pública, sino que se mantiene abierto mientras no haya resultados visibles.
El caso se originó en el Centro Preventivo para Hombres de Totonicapán, ubicado en Chuimekená, de donde escapó Perdomo. La fuga detonó el reclamo de la dirigencia comunal para que el Estado determine responsabilidades entre el personal de turno y las autoridades vinculadas a la seguridad del penal.
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