
Por aire y por tierra, los grupos criminales están utilizando múltiples métodos para introducir objetos prohibidos y sustancias ilícitas en las principales cárceles de Panamá, en un patrón que ha quedado evidenciado en recientes operativos realizados en el complejo penitenciario de La Joya y La Joyita, ubicados en el corregimiento de Pacora, en la provincia de Panamá, considerados dos de los centros penitenciarios más grandes y sensibles del país.
Uno de los casos más recientes involucró el uso de drones para el traslado de paquetes ilegales, una modalidad que continúa ganando terreno.
La Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria confirmó que, tras una ronda de vigilancia, fueron ubicados 15 paquetes lanzados desde el aire dentro del perímetro del Centro Penitenciario La Joya, los cuales fueron recuperados y trasladados para su verificación por las autoridades correspondientes.
Al inspeccionar el contenido, se confirmó que los paquetes contenían sustancias ilícitas, cigarrillos y accesorios electrónicos, incluyendo tres envoltorios de presunta droga, 245 cajetillas de cigarrillos, siete encendedores, cables de audífonos y otros artículos.
Este hallazgo evidencia el uso creciente de tecnología aérea para evadir controles de seguridad, en un entorno donde los intentos de ingreso de contrabando se han vuelto más sofisticados.

A nivel terrestre, otro caso relevante fue la aprehensión de un hombre de 46 años, identificado como “mochilero”, quien fue sorprendido intentando introducir artículos prohibidos en el perímetro del Centro Penitenciario La Joyita, específicamente en el área de la antigua conyugal.
El individuo ya contaba con antecedentes por este mismo tipo de delito, lo que refuerza la recurrencia de estas prácticas.
La captura se dio luego de una alerta generada por personal de monitoreo, que reportó la presencia de personas caminando en zonas cercanas al penal.
Tras un operativo de búsqueda, las unidades policiales lograron ubicar al sujeto oculto entre la maleza, portando tres bolsas con diversos artículos ilícitos, lo que activó de inmediato los protocolos de intervención.
Durante la verificación, se decomisaron celulares, cigarrillos, cables USB, encendedores, bebidas alcohólicas, quemadores eléctricos y presuntas sustancias ilícitas, confirmando que los intentos de ingreso no solo se limitan a drogas, sino también a equipos que facilitan la comunicación y operación de actividades ilegales dentro de los centros penitenciarios.DR

A lo interno de los penales, las autoridades también han intensificado las requisas. En el marco del operativo ARMAGEDÓN XXXVII, desarrollado en el pabellón 8 del Centro Penitenciario La Joya, se logró la incautación de un arma de fuego tipo revólver calibre 38, tres municiones, drogas y múltiples dispositivos electrónicos, incluyendo 17 teléfonos celulares y una antena Starlink con su cargador.
El operativo permitió además decomisar 92 carrizos con polvo blanco, 25 envoltorios de presunta hierba seca y 35 platinas, elementos que evidencian la presencia de redes organizadas dentro del penal, así como la persistencia de métodos para ocultar y distribuir sustancias ilícitas en el interior de las instalaciones.
Estos hallazgos no son aislados. En enero de 2026, en el Centro Penitenciario La Joyita, las autoridades reportaron el decomiso de armas de fuego, municiones, drogas y celulares escondidos en caletos bajo estructuras de cemento, lo que demuestra un nivel de planificación más avanzado para evadir las inspecciones regulares.
En paralelo, en el Centro Penitenciario Nueva Esperanza, en la provincia de Colón, se llevaron a cabo operativos como la Operación Odiseo, orientados a reforzar el control interno y prevenir la circulación de objetos ilícitos dentro del sistema carcelario, en medio de un esfuerzo sostenido por mantener el orden en estos recintos.

En conjunto, los operativos recientes reflejan un escenario en el que las autoridades enfrentan múltiples modalidades de ingreso de contrabando, desde tecnología aérea hasta intentos individuales por tierra, así como estructuras internas que facilitan la circulación de estos artículos.
La respuesta institucional se ha centrado en reforzar las requisas, el monitoreo y la intervención directa, en un intento por contener estas prácticas dentro de los principales centros penitenciarios del país.
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