Regulador bancario panameño lanza advertencia por uso indebido de su logo para realizar estafas

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) emitió una advertencia pública ante el incremento de ofertas fraudulentas de préstamos que circulan en redes sociales y canales digitales, donde presuntas empresas utilizan de forma indebida el logo oficial de la entidad o del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) para generar confianza entre potenciales víctimas.

La entidad advirtió que estas prácticas buscan engañar a los usuarios y obtener dinero o información personal bajo falsas promesas de financiamiento rápido.

Según el comunicado, la SBP reiteró que ninguna entidad regulada está autorizada a solicitar pagos anticipados como condición para aprobar o desembolsar un préstamo. Este tipo de exigencias constituye una de las señales más claras de fraude.

Además, recordó que el uso del logo institucional está estrictamente limitado a bancos y empresas fiduciarias supervisadas, por lo que cualquier otra empresa que lo utilice en sitios web, redes sociales o plataformas digitales incurre en una práctica irregular que debe ser considerada como una alerta.

La entidad recomendó a los ciudadanos informarse adecuadamente antes de establecer cualquier relación contractual con personas o empresas que ofrezcan servicios financieros, especialmente cuando estos se promocionan a través de redes sociales.

También insistió en la necesidad de verificar que la empresa cuente con licencia otorgada por una autoridad competente, ya que operar sin autorización es uno de los principales indicadores de esquemas fraudulentos que buscan captar dinero de manera ilegal.

El llamado de la SBP se da en un contexto donde las estafas financieras continúan en aumento en Panamá, afectando a miles de personas cada año.

Datos recientes reflejan que al menos siete panameños al día son víctimas de algún tipo de fraude, lo que evidencia la dimensión del problema y la sofisticación de las modalidades utilizadas por los delincuentes.

Estas incluyen desde suplantación de identidad institucional hasta ofertas engañosas de créditos, inversiones o supuestos beneficios financieros.

Las autoridades también enfatizaron que la protección del patrimonio personal comienza con la prevención individual. En ese sentido, señalaron que cada usuario debe asumir un rol activo al momento de evaluar este tipo de ofertas, evitando compartir información sensible o realizar transferencias de dinero sin tener certeza de la legitimidad de la empresa.

La SBP subrayó que el primer filtro de seguridad es el propio ciudadano, especialmente ante esquemas que apelan a la urgencia o a condiciones aparentemente favorables.

En caso de haber sido víctima de una estafa, el comunicado indica que las personas pueden acudir al Ministerio Público o a la Casa de Justicia Comunitaria de Paz correspondiente para interponer la denuncia.

Este paso es clave para que las autoridades puedan investigar los hechos y eventualmente desarticular redes dedicadas a este tipo de delitos, que en muchos casos operan utilizando plataformas digitales y estructuras difíciles de rastrear.

El aumento de estos casos también pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer la educación financiera y la supervisión del entorno digital, donde proliferan este tipo de ofertas engañosas.

Mientras tanto, la SBP insiste en mantener una postura preventiva, recordando que las entidades formales no operan bajo esquemas informales ni condicionan el acceso al crédito mediante pagos previos, una práctica que sigue siendo uno de los principales mecanismos utilizados por los estafadores para captar víctimas en el país.

A nivel internacional, los reportes más recientes reflejan la magnitud del problema. El Global State of Scams Report 2025 estima que las pérdidas por estafas a nivel mundial alcanzan los $442,000 millones, en un contexto donde el 57% de los adultos ha sido víctima de algún intento de fraude en el último año y cerca del 23% terminó perdiendo dinero.

El informe también advierte que existe una falsa percepción de control, ya que la mayoría de las personas cree poder identificar una estafa, pero aun así termina siendo vulnerable a esquemas cada vez más sofisticados, especialmente en entornos digitales.

En el sector financiero, la presión también es creciente. El 2025 Payments Fraud and Control Survey revela que el 79% de las organizaciones ha enfrentado intentos o ataques de fraude en pagos, mientras que los esquemas más frecuentes incluyen el robo de identidad, la toma de cuentas y el fraude en tarjetas.

A esto se suma el impacto de nuevas tecnologías, ya que reportes del sector indican que el uso de inteligencia artificial y deepfakes está acelerando la sofisticación de los delitos financieros, elevando tanto la frecuencia como el monto de las pérdidas a nivel global.

Panamá enfrenta un avance cada vez más agresivo de los ciberdelitos financieros, en un escenario donde los intentos de fraude ya alcanzan los $125 millones al añoy donde alrededor de $20 millones terminan concretándose en perjuicio de clientes, bancos y empresas.

Datos de la Policía Nacional indican que entre 2025 y 2026 se ha registrado un incremento de más de 113% en ciberdelitos, una variación que confirma que el fenómeno está escalando con rapidez.