En Panamá denuncian casos de niñas de 8 y 9 años embarazadas en albergues estatales

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia se encuentra en el debate público por supuestos abusos de menores

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La sociedad panameña, en contra
La sociedad panameña, en contra de los abusos en albergues gubernamentales. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Casos de niñas de entre 8 y 9 años embarazadas, que están alojadas en los albergues de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), encienden aún más la polémica surgida tras las denuncias de posibles abusos en estas instalaciones estatales.

La denuncia de las menores embarazadas fue dada a conocer por la diputada independiente Alexandra Brenes, quien agregó que además se ha detectado una serie de irregularidades en cuanto a la estructura, la atención y la disponibilidad de personal especializado para atender en los albergues a los niños y jóvenes en estado de vulnerabilidad.

Al parecer, las niñas embarazadas son indígenas, por lo que la diputada sugirió reforzar las acciones de prevención, acompañamiento y protección para menores en situación de vulnerabilidad en las zonas comarcales.

Para la recién nombrada directora de la Senniaf, Lilibeth Cárdenas Chanis, las niñas no fueron embarazadas en los albergues, a donde aseguró que llegaron para brindarles protección.

Cárdenas Chanis, quien se desempeñó como viceministra del ministerio de la Mujer, fue recomendada por el presidente José Raúl Mulino y asumió el cargo esta semana, luego de la renuncia en medio del escándalo de Ana Fábrega.

Ana Melinda Fábrega Guardia, al
Ana Melinda Fábrega Guardia, al centro, renunció en medio de denuncias de abusos en albergues infantiles. (Cortesía: Senniaf Panamá)

Durante su ratificación en la Asamblea Nacional, que contó con 44 votos a favor, o en contra y 21 abstenciones, indicó que la hoja de ruta de su periodo al frente de la entidad estará dirigida a enfocarse en el diagnóstico institucional para realizar una evaluación real del recurso humano y financiero.

Anunció una auditoría y un censo nacional de los albergues, además de una digitalización de la base de datos de los menores albergados.

Los supuestas irregularidades en dichas instalaciones de la Senniaf no dan tregua, y el lunes se realizaron dos audiencias de control por presuntos abusos registrados en el Centro de Atención Integral (CAI) ubicado en Tocumen, en las afueras de la ciudad capital, donde en el primer caso están llamados Fábrega y otros exfuncionarios, según dieron a conocer las autoridades de justicia.

Mientras, en el segundo caso está involucrada otra exdirectora de la Senniaf, Otilia Rodríguez, además de Carmen Castillo, Ruth Sánchez, Tatiana Domínguez, Jefferson Albornoz y Yarineth Navarro.

Posterior a la renuncia de Fábrega, Rodríguez fue nombrada por el presidente Mulino como directora encargada, nombramiento que solo duró un día, dando paso a Lilibeth Cárdenas Chanis.

Piden reforzar la prevención, el
Piden reforzar la prevención, el acompañamiento y la protección de los menores en situación de vulnerabilidad. - Crédito: Educo/Voces Feministas

Hasta el momento, fuentes judiciales consultadas dijeron desconocer si se ha establecido una fecha para una audiencia de imputación de estos dos casos.

En febrero de este año la diputada Brenes presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la hoy exdirectora renunciante Ana Fábrega, por presuntos delitos de abuso sexual, maltrato al menor e incumplimiento de deberes de los servidores públicos.

Alexandra Brenes hizo la denuncia penal en compañía del exdirector de Prevención del Senniaf, César Augusto Pérez, quien manifestó que fue desvinculado de la entidad por solicitar en reiteradas ocasiones que se investigaran los hechos que en el albergue se venían registrando.

Convertida desde hace algunos años en una entidad cuestionada por la sociedad panameña, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) tiene como misión coordinar, articular, ejecutar y dar seguimiento al cumplimiento de las políticas de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.

Esto, a través de la formulación de planes, programas y medidas de protección, con la participación de entidades públicas, organismos privados y la corresponsabilidad de la familia y la sociedad organizada.

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